MARGARET SÁNCHEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Manizales fue la primera, de seis ciudades, en recibir a los miembros del Concejo Nacional de Educación Superior (Cesu) para discutir sobre el Acuerdo por lo Superior 2034, que presentaron el pasado 4 de agosto a nivel nacional.
La viceministra de Educación Superior y presidenta delegada del Cesu, Patricia Martínez, explicó que el documento de 210 páginas es un producto del Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior que se inició en el 2012, después de que el Gobierno retirara del Congreso la reforma de la Ley 30 en el 2011.
El Cesu acogió el proceso para diseñar la propuesta de política pública con visión a 2034. "El objetivo es construir un país para la paz, en donde la educación superior sea un pilar de la transformación social", afirmó Martínez.
Para la funcionaria el acuerdo no es la meta, sino el punto de partida para definir una política con la participación de las asociaciones de instituciones de educación superior, la comunidad académica y los representantes de la sociedad.
12 académicos y estudiantes de Caldas y Quindío fueron ponentes en el diálogo regional que se realizó el pasado miércoles en el teatro 8 de Junio de la Universidad de Caldas.
Comunidad universitaria
Gilberto Salcedo, representante de la Asociación Nacional de Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Hay que darle mayor reconocimiento a la formación continuada y a las modalidades de carácter laboral. Favorecer la integración de los estudiantes con el trabajo, pero que no se convierta en una pasarela entre la educación media y la superior. Hay que tener en cuenta lo planeado en el proyecto ley de formación profesional que está en el Congreso.
Luis Fernando Marín, docente y presidente de Asociación sindical de profesores de la U. del Quindío
La creación de una superintendencia de educación no responde a la esencia de cómo se forman a los jóvenes. Se requiere el fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación y las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio con democracia, pluralidad e inclusión.
Ricardo Castaño, representante de la asociación de profesores de la U. de Caldas (Aspuc)
Las propuestas son improcedentes, especialmente el aporte de los egresados y padres de familia de las universidades públicas como un modelo de financiación. Esto no responde a los compromisos históricos adquiridos por el Estado. Educación superior a cero costos debe ser el mensaje que debe primar en la política pública.
Aracelly López, secretaria de Educación de Caldas
Nos preocupa las profundas brechas que hay entre los diversos niveles educativos. Hay que buscar la articulación para llenar los vacíos que no aseguran la continuidad en el sistema.
Bernardo Rivera, director del grupo de investigación Aspa y exrector de la U. de Caldas
La inclusión debe ser igual a diversidad. En la regionalización, la cobertura urbana está garantizada, pero excluye a estudiantes campesinos, deben existir programas de inclusión exclusivos para ellos. Las pruebas de estados deben replantearse como condición para el ingreso a la universidad.
Felipe Marín, representante de los estudiantes ante el Consejo Académico de la U. de Caldas
La educación debe ser tomada como un derecho, sin ánimo de lucro. El Acuerdo no se construyó con participación, porque la metodología la determinó el Ministerio de Educación. No se invitó a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, sino que se limitaron a leer sus trinos. El Gobierno habla con todos menos con los que tumbamos la reforma de 2011. El nombre de la MANE debe retirarse de la propuesta.
Juan David Hernández, estudiante de la Universidad del Quindío
El conflicto interno que vive el país impacta en la disminución de los estudiantes en la educación superior, pues ha estado al servicio de intereses del mercado y bajo la visión neoriberal que implanta la privatización. El reto que tiene el Estado es eliminar las diferencias sociales.
Alexánder Álvarez, representante estudiantil suplente ante el Consejo Superior de la U. de Caldas
Solo el 19% de los miembros son electos por la comunidad educativa. El Acuerdo desconoce la necesidad de reafimar la toma de decisiones por parte de los miembros de las universidades. El Gobierno quiere continuar con la democracia que hay, porque eso es lo que le sirve. Esta política es un proyecto de privatización de la educación superior.
Darío Arenas, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la U. de Caldas
El Acuerdo es una versión 2.0 de la reforma de la Ley 30. Las universidades públicas necesitan más recursos, se deben comparar otros sistemas educativos, para ver que esto es posible. Hay una falla en el diagnóstico de los problemas, la distribución debe ser equitativa. Fortalecer el Icetex y generar costos compartidos endeudan más. Se está intentando apagar el incendio con gasolina.
Leonardo Bustamante, representante de los profesores de la U. Católica de Manizales
El modelo de inclusión y regionalización puede generar una competencia injusta en el acceso de estudiantes del área rural, por la escasez de cupos y el desplazamiento, ya que no son considerados minorías. Hay dudas normativas con las instituciones de educación superior que forman a través de programas virtuales.
Darío Antonio Mejía, investigador y exector de la U. de Caldas
Las políticas de educación se convirtieron en una colcha de retazos, en la que los estudiantes terminan pagando los platos rosos. Hay que reconocer que la Ley 30 tuvo logros en calidad, acreditación, sistematización en registros calificados y personerías jurídicas. Se deben plantear mecanismos para evaluar los procesos de estudiantes de nuevas universidades.
Luis Quintero, docente de la Universidad Distrital
La contratación de docentes en las universidades públicas es ofensiva para la dignidad humana. El Gobierno desconoce las sentencias constitucionales al respecto. No es posible construir una política pública si no se resuelve el problema de la informalidad laboral del 75% de los docentes.
Consejeros
José Consuegra, rector de la U. Simón Bolívar, representante de las universidades privadas
Además de la cobertura, abordamos la pertinencia de la educación y la financiación. Hay que brindar un sistema de educación superior que tome a los jóvenes de forma integral y los forme como ciudadanos competentes. Las universidades privadas tenemos el compromiso de brindar una educación sin ánimo de lucro.
Johanna Pacateque, estudiante de biología de la Universidad Militar Nueva Granada y representante de los estudiantes colombianos
Tengo distanciamientos grandes con el Acuerdo. La gobernanza y la participación de la comunidad universitaria no la siento con las minorías, al contrario, está con las mayorías. La financiación del estado debe ser prioridad en un país que le apueste a la educación.
Lorenzo Portocarrero, rector del Tecnológico de Antioquia representante de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas estatales
El modelo actual es desigual, con la Ley 30 se buscó recursos para las instituciones de educación superior, pero solo para universidades. En el consenso se pide un modelo de financiación para todo el sistema. El Gobierno, sin entrar en defensa, ha hecho cosas buenas para conseguir dinero, como la estampilla pro Universidad Nacional y para 31 instituciones más, y el Impuesto Cree.
Luis Hernando Andrade, miembro de Fenalco y representante de los gremios
Es lamentable la franja de los profesores ocasionales. No puede haber calidad universitaria cuando hay docentes en constante tránsito. Sobre una agencia de calidad y una superintendencia, el Ministerio necesita ayuda para atender esa demanda y dar garantías. Apoyo que los egresados retornen de alguna forma a sus universidades lo que les dieron.
José Herman Muñoz, rector de la U. del Tolima y representante de las universidades públicas
La financiación requiere de voluntad política. Se necesitan más recursos si se quiere avanzar en la gratuidad. En Guainía y Vichada deberían existir universidades, no solo fomentar los Ceres. Las cuatro instituciones de educación superior más grandes del país tienen más desarrollo porque se llevan casi el 50% del presupuesto.
Álvaro Zapata, representante del Consejo Nacional de Acreditación
Hay que buscar más transversalidad de la calidad en el Acuerdo. Además de diferenciar el papel de la agencia de la calidad con la propuesta de una superintendencia de educación. La transición de la educación media a la superior debe tener una política distinta.
Juan Carlos Yepes, docente de la U. de Caldas y representante de los profesores
Se está avanzando en un compromiso más grande del Gobierno. Hay que apuntarle a la educación inclusiva, a la calidad, a la internacionalización, a la formalización de los docentes, y a la financiación.
Ejes del Acuerdo
1. Educación inclusiva, acceso, permanencia y graduación.
2. Calidad y pertinencia.
3. Investigación (ciencia, tecnología e innovación, incluida la social)
4. Regionalización.
5. Articulación de la educación superior con la educación media, y la educación para el trabajo y el desarrollo humano hacia un sistema de educación terciaria.
6. Comunidad universitaria y bienestar.
7. Nuevas modalidades educativas.
8. Internacionalización.
9. Estructura y gobernanza del sistema.
10. Sostenibilidad financiera del sistema.
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