Noticias de Manizales y Caldas,
Enero 30 2025
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Enero 30 2025
LAURA SÁNCHEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Lo que se viene en las universidades públicas en el país parece que será contundente, según reafirmó ayer la asamblea biestamentaria en la Universidad de Caldas. A la concentración asistieron docentes y estudiantes para planear las fechas de las próximas manifestaciones.
La Universidad lleva tres semanas en asamblea permanente y en marchas, según Germán Camilo Díaz, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios seccional Caldas (ASPU). "Nos reunimos en unos espacios y debatimos sobre los problemas. Estamos reunidos y vamos a hacer una movilización, vamos hacia la gran toma de Bogotá".
Los recientes reclamos de los universitarios en el país se deben a la desfinanciación de la educación superior, piden la modificación de la reforma tributaria y rechazan el pronunciamiento del ministro de Defensa, Guillermo Botero, sobre que las protestas sociales están financiadas por grupos ilegales.
La U. de Caldas tiene dos facultades en cese de actividades: Ciencias para la Salud y Ciencias Agropecuarias, y dos programas: Diseño Visual y Artes Escénicas. Díaz explica que los docentes de planta también se sumaron, al igual que algunos catedráticos.
En asamblea permanente están la U. Pedagógica Nacional, la U. de Caldas, la U. Pedagógica y Tecnológica de Tunja, la U. Tecnológica del Chocó y U. de Antioquia.
Próximas manifestaciones
- Del domingo al jueves próximo: Semana de la indignación
- Jueves próximo: Radicación del pliego de petición ante el Gobierno Nacional
- 2 de octubre: Caravana por la educación
- 6 de octubre: Encuentro Nacional de delegados por universidades y sedes
- 10 de octubre: Movilización de la ASPU
- 11 de octubre: Hora cero. Movilización nacional
La U. de Caldas tiene un déficit para terminar el 2018 cercano a los $7 mil 100 millones. Además, los estudiantes y docentes reclaman más recursos para becas, monitorías, salarios docentes, escenarios y equipos deportivos.
Impulso a lo superior
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, tuvo en Bogotá en días pasados la primera reunión con los rectores de universidades públicas. Habló de la agenda de Impulso a la Educación Superior, en la que destacó los avances, retos y metas:
* Explicó que en la agenda se analizará la situación financiera del sector y se trabajará por la consecución de fuentes adicionales. Se priorizará el acceso, la permanencia y la efectiva graduación en el sistema con enfoque de región.
* Además, el aseguramiento de la calidad y la ruta de implementación del decreto 1280 de 2018. El avance de la investigación en las instituciones y su articulación con el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
* Añadió: "También serán prioridad las tecnologías de información y comunicación, la educación superior virtual, así como los subsistemas de educación que se desarrollan en el país, que son iniciativas de los gobiernos locales comprometidos con la educación superior regional".
* Concluyó que el trabajo se realizará de manera interinstitucional con Icetex, Icfes y Colciencias, además de la disposición al diálogo constructivo y del trabajo en conjunto por el sector.
1. Resulta indispensable exhortar al gobierno a que cumpla el mandato contenido en la Carta magna, en la cual se concibe la educación como un derecho de la persona (art. 67).
2. Defendemos y llamamos a defender la educación pública, gratuita, universal y de alta calidad, en virtud de su pertinencia para la construcción de la paz y el alcance de un país justo y democrático. Mantendremos actitud firme respecto a la defensa de una adecuada financiación de la educación pública superior, con presupuesto que permita su funcionamiento en condiciones de dignidad, para fortalecer la cobertura y mantener la calidad necesaria en atención a las necesidades, intereses y expectativas de la sociedad.
3. Propugnamos por la dignificación y el respeto a los derechos adquiridos de los profesores de universidades públicas. En ningún caso podrán, mediante reformas inconsultas, desmejorarse los salarios y prestaciones sociales (que tienen una relación directa en materia pensional) atendiendo al principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.
4. Proponemos como salida a la actual movilización del profesorado la creación inmediata de una MESA NACIONAL PARA COORDINAR EL MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA y para negociar con el gobierno nacional, representado en la Señora Ministra de Educación, la Ministra de Trabajo y el Ministro de Hacienda, con quienes aspiramos resolver la situación crítica de las Universidades públicas en dos momentos, donde plantearemos acciones concretas:
EN EL CORTO PLAZO:
a. Reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, de tal forma que se incremente en 8 puntos los recursos asignados a partir del IPC o se determine un porcentaje de incremento a partir del PIB, para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior acorde a sus funciones misionales.
b. Adición presupuestal inmediata con recursos frescos para solventar la crítica situación financiera de las IES públicas y poder culminar con normalidad las obligaciones de las universidades a diciembre de 2018.
c. Destinación, a las universidades públicas, de la totalidad de los recursos que hoy se dirigen al Programa Ser Pilo Paga y al ICETEX.
d. Reversar, a través de las medidas que resulten pertinentes, los efectos regresivos de la Reforma tributaria que afectó seriamente los ingresos y calidad de vida de los profesores universitarios. Resulta indispensable modificar los artículos 336 y 388 de la ley 1819 del 2016 para que, en la práctica, los gastos de representación como renta exenta se preserven en el marco de los mandatos legales y constitucionales.
e. Revertir las iniciativas tendientes a modificar estructuralmente y de manera unilateral el Decreto 1279 de 2002 y contemplar, de forma precisa, la modificación específica de dicha norma en aspectos puntuales que apunten al mejoramiento de las condiciones laborales y prestacionales de los docentes, en aplicación del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.
f. Destinación de recursos por parte de los gobiernos territoriales que fortalezcan e impulsen el desarrollo de las universidades públicas, en favor de las localidades y regiones que se benefician directamente de los propósitos que cumplen dichas instituciones de educación superior.
g. Recuperar los recursos del anterior impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), que en principio se destinarían a la educación superior y finalmente fueron dirigidos al ICETEX y a programas como Ser Pilo Paga.
h. Reformar el contenido del Decreto 1280 de 2018 sobre aseguramiento de la calidad, en virtud de sus graves efectos en los procesos de acreditación institucional de las universidades públicas que perderán, en relación con las instituciones privadas, su capacidad para ofrecer programas pertinentes y de calidad.
EN EL MEDIANO PLAZO:
a. Impulsar cambios estructurales a la política educativa de tal forma que se garantice el financiamiento a la oferta y no a la demanda, hasta lograr el acceso a educación superior de alta calidad cuyos costos en su totalidad sean asumidos por el Estado.
b. Revertir iniciativas contenidas en el “Acuerdo por lo superior 2034”, en lo atinente a educación terciaria y adopción de exigencias emanadas de la OCDE y demás organismos internacionales que afectan la libre autodeterminación y postergan las posibilidades de alcanzar mejores condiciones de bienestar a partir de la educación superior de alta calidad.
c. Apropiar el presupuesto requerido para nueva infraestructura universitaria y reforzamientos estructurales a edificaciones que amenazan ruina por su franco deterioro.
Finalmente, manifestamos nuestro rechazo contundente a las irresponsables y estigmatizantes declaraciones del Ministro de defensa, Guillermo Botero, quien aseguró que “Grupos armados financian la protesta social” (derecho protegido por el art.20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 37 de la Constitución Política de Colombia) desconociendo de plano el derecho a la libertad de expresión y, junto a éste, el derecho a la protesta como expresión democrática de los grupos sociales que se manifiestan pacíficamente en contra de medidas gubernamentales, Resulta inaceptable que se ponga en riesgo la vida de quienes defienden los derechos humanos y las causas sociales. De igual manera deploramos el asesinato de líderes sociales en Colombia e instamos al gobierno nacional a brindar las garantías necesarias para proteger a quienes hacen parte de expresiones democráticas como las que se manifiestan en las marchas y movilizaciones sociales.
Invitamos a todos los integrantes de las comunidades universitarias a reflexionar sobre los temas centrales de la crisis financiera y la pérdida de los derechos laborales de los profesores, para actuar en consonancia con las agendas previstas desde las organizaciones gremiales de los docentes, los estudiantes, los empleados y trabajadores. Es fundamental unir esfuerzos por encima de diferencias conceptuales o ideológicas, ello como condición necesaria para mantener vivo un movimiento que permitirá dignificar la labor del profesorado y asegurar la viabilidad financiera de las universidades públicas en el país, y de esta manera garantizar educación de calidad en cumplimiento de los tres ejes misionales que benefician a las regiones y el país, Investigación Docencia y Proyección Social.
Convocamos a profesores, estudiantes, empleados, trabajadores y en general a toda la comunidad colombiana a participar de la Mesa nacional, de las agendas previstas en cada región, a sumarse a las Asambleas permanentes ya declaradas y a la GRAN MOVILIZACIÓN Y TOMA DE BOGOTÁ el 10 de octubre en unión con otros sectores sociales.
Universidades que suscriben:
Universidad de Antioquia
Universidad de Caldas
Universidad Industrial de Santander
Universidad del Tolima
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Nacional
Universidad de Cartagena
Universidad del Cauca
Universidad del Valle
Universidad del Magdalena
Universidad del Quindío
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