Regreso a las aulas en agosto: más divisiones

Óscar Veiman mejía

LA PATRIA I Manizales

La polémica sigue. El Gobierno nacional insiste en el retorno a las aulas el 1 de agosto, con bioseguridad y alternando con educación en casa. Sindicatos y padres hacen frente para contrarrestar la orden. También hay quienes consideran que se debe volver.

Entre tanto, siguen clases en casa para cerca de 130 mil estudiantes de colegios públicos de Caldas. Los que tienen tecnología aprenden por computador o celular. Otros, con guías y talleres físicos.

El 29 de mayo, el Ministerio de Educación anunció la ampliación del servicio educativo en casa hasta el 31 de julio. Proyectó el posible retorno a la presencialidad la modalidad de Alternancia para agosto.

Alumnos como Dana Marcela Gutiérrez (la niña de la foto de la primera página), del grado octavo del colegio rural La Estrella en Norcasia, pasan dificultades para su aprendizaje.  Se ubica debajo de un árbol para recibir llamadas de docentes y consultar. “Toca así, en la vereda Quiebra de San Roque, donde vivo, la señal no es muy buena”.

Más sondeos

A la posición  del sindicato Educadores Unidos de Caldas (Educal), se suman El movimiento Nuevos Maestros por la Educación, Los Profes y el Colectivo Sindical, que agrupan a docentes con representación en Fecode, CUT y sindicatos regionales.

Alexánder Gómez, representante en Caldas de esa organización, indica que en el país consultaron a 15 mil personas, entre madres, padres y acudientes frente al retorno propuesto.

Preguntaron ¿Usted enviaría a sus hijos a la institución educativa, si así lo decide la Secretaría de Educación?. No: 82%. Sí: 18%. Otra fue ¿Confía en que la I.E. tiene medios para garantizar la seguridad ante covid-19? No: 80%. Sí: 20%. Y ¿Cuenta con los recursos para adquirir elementos de bioseguridad necesarios para proteger a sus hijos del covid?. No: 56,7%. Sí: 43,3%.

Gómez y sus colegas expresan: “Es justo en ese mes (agosto) en el que, según proyecciones del mismo gobierno, se prevé el pico más alto de contagio”.  Consideran que se genera  vulneración del derecho a la vida y la salud de alumnos y familiares.  

Añaden: “Además de no ofrecer las garantías para proteger la vida de la comunidad educativa, descargan toda la responsabilidad en gobiernos locales y estos a su vez en rectores y gobierno escolar”.

La carta

El sindicato Educal le pidió al gobernador, Luis Carlos Velásquez,  que fijará una posición sobre el regreso planteado por la Presidencia. Fabio Arias, quien es el secretario de Educación del departamento, responde que acatan medidas del Gobierno.

Sin embargo, considera que unas 600 sedes, de las 1.070 en los 26 municipios distintos de Manizales, no tendrían dificultad para volver a las aulas, sobre todo porque tienen 20 o menos alumnos.

Advierte que se daría prioridad a localidades con cero covid  (Belalcázar, Pácora, Salamina, La Merced, Palestina, Filadelfia, Pensilvania, Marulanda, San José y Victoria).  “Cada rector hace  encuestas con los padres. A hoy (martes) el 50% considera que sí los manda a las escuelas”.

Los que dicen sí, explica Arias, lo hacen con convencidos de que cada establecimiento que se abra tenga los protocolos de bioseguridad . “Cada sede debe pasar un filtro que incluye Secretaría de Educación, Juntas Municipales de Educación, consejos directivos de colegios y la Dirección Territorial de Salud”.  

Asegura que el 50% que dice que no lo hace por las dudas que generan los anuncios permanentes de los medios sobre la pandemia.  

Voz del exministro

Jaime Arias, rector de la Universidad Central y exministro de Educación y Salud, le envió una carta a la ministra de Educación, Maria Victoria Angulo. En un aparte indica:

Carta abierta de rectores de universidades al Presidente de la República y su Gabinete, al Congreso y a la opinión pública La crisis de la salud, social y económica causada por la pandemia Covid-19 genera enorme preocupación en nuestro país. Pero además de la muerte y el contagio de más de 8.613 ciudadanos, hay temas que están pasando desapercibidos, como el impacto en la educación. Y es que estamos ante el riesgo de una alta deserción o reducción sustancial de la matrícula universitaria, que podría llegar a ser superior al 50 %, la consecuente cesación de miles y miles de docentes y personal administrativo, e incluso la desventura de la inviabilidad de algunas universidades, lo que implicaría un retroceso de muchos años y la pérdida de logros mayúsculos en la construcción del capital social, científico e intelectual del país. Es en ese contexto que los aquí firmantes, representantes de universidades privadas, la mayoría con acreditación de alta calidad y otras en el proceso de lograrla, solicitamos al Gobierno Nacional y al Gabinete del Presidente Iván Duque medidas perentorias para aliviar y mitigar los lamentables efectos de la pandemia en la educación, particularmente en las universidades. Cabe recordar que Colombia logra una cifra destacada en América Latina en expansión de la cobertura educativa superior, con el concurso fundamental de las universidades privadas, al pasar de un 15 %, a comienzos de los años 90, al 53 % actual. No obstante, fenómenos como cambios en la pirámide de población, el desempleo, la incertidumbre y el desencanto de los jóvenes, aunado al auge de educación remota orientada a oficios específicos, han ocasionado una disminución de matriculados desde hace algunos años, lo que ha afectado el ingreso de las universidades. 2 El impacto de la pandemia del Covid-19 no solo pone en peligro los logros de las inversiones derivadas de las políticas de calidad y que incluyen ampliación de plantas profesorales, con doctores y magísteres, construcción de aulas, bibliotecas y laboratorios, dotación de tecnología y comunicaciones, participación y financiación de investigaciones, sino que arriesga la contribución de más de 150 instituciones de educación superior al patrimonio cultural del país. También, la recuperación urbanística y del entorno en virtud de sus importantes inversiones en infraestructura. Las instituciones de educación superior públicas, tan importantes para el país, afortunadamente cuentan con presupuestos fijos, aunque pueden seguir siendo insuficientes, a pesar del acuerdo alcanzado en 2018, que inyecta a esas IES cuatro billones de pesos en la actual administración. Algunas privadas, más grandes, tienen músculo financiero que les permitiría sobrevivir un tiempo. Pero la gran mayoría de instituciones necesita, en este momento, acceder a recursos financieros adicionales, toda vez que sus ingresos provienen casi exclusivamente de matrículas. Las universidades privadas no están solicitando auxilios, que además no son permitidos por la Constitución; solo piden, en igualdad de condiciones con el resto de los sectores económicos, acceso a créditos financieros, alivio en el plan de pagos de sus obligaciones y ampliación de créditos y becas con apoyo oficial a los estudiantes más necesitados por medio del ICETEX. Concretamente, solicitamos —como lo ha venido haciendo ASCÚN— que se extienda el plazo de los pagos de capital tramitados vía Findeter por dos o tres años más, que se abra una línea especial para créditos de capital, similares a los que se adjudican a empresas comerciales, que se amplíen los cupos de créditos en el ICETEX y que se acelere la entrega de recursos del programa Generación E. 3 Una crisis de las universidades es tan grave o más que la crisis de muchas empresas, ya que las primeras son organizaciones dedicadas a construir el capital social, cultural e intelectual del país. Esperamos del Gobierno Nacional y del Congreso de la República una respuesta favorable, que permita a las universidades y demás IES sobrevivir en esta difícil circunstancia.

“… quisiéramos tener mayor certeza sobre lo que viene en materia de regreso a la nueva presencialidad, pero entendemos que eso no es posible en las actuales circunstancias. No nos parece justo poner contra las cuerdas a los funcionarios, pues el asunto desborda la capacidad de juicio de los gobernantes en el mundo. Mientras que en algunos países europeos niños y jóvenes están retornando a sus escuelas, en varios asiáticos lo hacen en condiciones de extrema precaución, y en otros, se mantiene el aislamiento obligatorio. La OMS ha presentado unas recomendaciones sobre el manejo de la vida escolar en la dirección que anuncia el Gobierno. Considero que la línea adoptada por el Ministerio de Educación es correcta, dejando la decisión de cómo y cuándo regresar en manos de los mandatarios locales (la organización de la educación es un asunto principalmente municipal). Además, los padres de familia, según su criterio y circunstancias, constituyen el primer eslabón de la determinación sobre lo que ha de suceder con sus hijos, ellos tienen la patria potestad...”.