Después de 10 años de haber entrado en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en el Eje Cafetero, en donde primero se puso a rodar en el país, llega el momento de hacer un corte de cuentas. Está claro que Colombia tiene unas particularidades como sociedad y por cuenta de su criminalidad que desbordan cualquier sistema penal que se use. Por eso, el oral tiene que aportar mucho a la diligencia en la administración de justicia y el penal acusatorio a la protección de las víctimas y garantizar los derechos de los procesados.
En visita la semana pasada a Manizales, el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, advirtió de la necesidad de ajustar algunas cosas del sistema y reconoció que de todas maneras es mucho mejor que el inquisitivo que tantos excesos permitió en el pasado. Esto es cierto, se requiere que se ajuste el sistema y que se le saque el mayor provecho posible a la oralidad, en lo que debe jugar papel importante la experiencia acumulada por los fiscales durante estos años para saber qué cosas funcionan y cuáles definitivamente requieren de modificación.
Por ejemplo, se está planteando la posibilidad de que la audiencia de formulación de imputación de cargos se remplace por una notificación, pues se está convirtiendo en una fase dilatoria. Se cuentan audiencias de cinco y más días en procesos complejos con multiplicidad de sindicados o tipos penales, con lo cual se genera de entrada una saturación del tiempo, cuando este podría aprovecharse en otras diligencias. No obstante, esta etapa es para notificar que se tiene un caso en contra de alguien y no es para controvertir o para presentar oponibilidad, razón por la cual se hace necesario pensar en esta posibilidad. Para ejercer la defensa y presentar pruebas vienen otras etapas que lo garantizan.
Desde que arrancó el sistema penal acusatorio hemos hablado de la necesidad de sacarle el mayor provecho en la búsqueda de la verdad material y no solo la procesal, y esto no se conseguirá si no se avanza de manera continua y profesional en el fortalecimiento de las pruebas, pues los solos testimonios en los que se basan la mayoría de las decisiones judiciales tienen una vulnerabilidad tan alta, que ya se ha mostrado con el cartel de testigos que es posible inclinar la balanza con la contratación de unos testimonios, así sean falsos. Estos tienen que sumarse a otras pruebas técnicas.
Por este motivo se necesita que el resto del sistema penal funcione como es debido. ¿Para qué más fiscales, una política de prevalecía de delitos de alto impacto en la parte acusatorio, si en el juzgamiento no se tiene en cuenta este criterio? Es importante que haya un diálogo permanente entre Fiscalía y Consejo de la Judicatura, asunto que también debería abordar el Consejo Nacional de Política Criminal, que tan poco ha hecho por lograr un resultado de mediano y largo plazo para una mejora profunda y dejar de una vez los paños de agua tibia.
A esto se suma que muchos resultados trazados en los papeles, en materia judicial no se concretan porque los presupuestos prometidos no llegan o lo hacen a destiempo, con lo cual no se logran los objetivos, y luego el Gobierno tiene cómo decir que no hay ejecución oportuna y castiga el resultado. Se hace necesario que todo el Estado funcione como un reloj en materia judicial, pues de lo contrario será casi imposible concretar en hechos la anhelada paz, más allá de que las partes lleguen a un acuerdo en La Habana. Mientras sobreviva la impunidad no habrá garantías para los ciudadanos de que el poder persuasivo que debe tener la sanción penal frente a otros se concrete.
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