JUAN CARLOS LAYTON
LA PATRIA | MANIZALES
Después de 86 años de vida, la Caja de la Vivienda Popular está al borde de su liquidación.
Aunque tanto el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, como en el Concejo proponen un último esfuerzo para sacar adelante esta entidad, que ha tenido como misión generar proyectos de vivienda y reubicar familias de escasos recursos, sus estados financieros ratifican su difícil situación.
De acuerdo con el último informe entregado en el Concejo, al cierre del 2015 la Caja terminó con un déficit de $965 millones 332 mil, unos pasivos que alcanzan los $6 mil 103 millones y una nómina de unos $105 millones mensuales, hoy difícil de pagar.
Esto le permitió deducir al propio gerente, Juan Carlos Jaramillo Ochoa, que aunque se tratará de hacer todo lo posible por salvarla, hoy enfrenta un problema estructural.
La razón principal que plantean los concejales es la fuerte competencia nacional y regional que le han puesto a la entidad, incluyendo la propia Empresa de Renovación Urbana (ERUM).
Por el lado nacional se incluyen los planes y proyectos de vivienda de interés social, de interés prioritario, y de ahorro programado, entre otros, dirigidos desde la Vicepresidencia.
A esto se suma el hecho de que hoy la entidad no tiene un solo banco de tierra para impulsar proyectos de vivienda, excepto algunos lotes considerados como remanentes o sobrantes de viejas construcciones, y otros más del tamaño de San Sebastián, destinandos a vivienda gratuita.
"De pronto allí se podrían promover viviendas de Interés prioritario, pero usted no puede poner en el mismo lugar a quienes no pagaron, con quienes tendrán que pagar con un crédito", resaltó.
Falta de recursos
Eso ha llevado a que hoy gran parte de su tarea apunte a vender aquellos remanentes en sectores como San Cayetano, El Caribe, Paraíso, Bosques del Norte, San Sebastián y Solferino entre otros, con el fin de obtener algunos recursos.
Aunque la mayoría de corporados insiste en buscar los mecanismos para sacarla adelante y transformarla, también reconocen que le ha faltado músculo financiero y una voluntad política que, según varios concejales, no se vio durante la administración pasada.
"Es una situación complicada, y ni siquiera tiene para hacer un avalúo, pues hoy tiene hasta que vender sus lotes para equilibrar su presupuesto. La materia prima, su labor misional la vende porque no tiene cómo funcionar", explicó el gerente.
El informe financiero destaca que los gastos de funcionamiento representan el 80% de sus ingresos corrientes, lo que complica su situación. Se suman los gastos anuales de hasta $1.500 millones de sus 19 empleados y los 23 pensionados.
Las demandas que arrastra ante el Consejo de Estado también son delicadas. Estas ascienden a los $7 mil millones, por un presunto desequilibrio económico. El proceso lleva cerca de 10 años.
Salidas
De acuerdo con varios concejales consultados por LA PATRIA, se le deben inyectar recursos y ampliar sus servicios, pero le pidieron al alcalde llevar propuestas concretas.
Sin embargo, el gerente de la Caja asegura que aunque no se trata de ser un ave de mal agüero, la empresa se debería liquidar. "Para mí la Caja debería liquidarse y crear una nueva sociedad de economía mixta que pueda salir al mercado a ser competitiva, pues hoy solo presta un servicio como establecimiento público y unas labores administrativas, no más", resaltó.
La frase
"La empresa tocó fondo, lastiomsamente me tocó a mí y a esta administración. Buscamos las alternativas, pero la situación no es fácil"
Juan Carlos Jaramillo Ochoa, gerente de la Caja de la Vivienda Popular.
¿Debería liquidarse o no la Caja de la Vivienda Popular?
* Jhon Hemayr Yepes, Alianza Verde: Sí, porque el actual presupuesto se está destinando a pagar nómina, pasivo pensional y s está quedando sin dinero para su objetivo principal.
* Orlando Quiceno, Cambio Radical: Su situación es lamentable, pero insistimos en la necesidad de salvarla y darle la mano para que pueda hacer proyectos de vivienda para los más afectados.
* Julián Fonseca, Conservador sierrista: La administración pasada hizo caso omiso a todas las alertas sobre su situación. Es preocupante, pero hay que salvarla y cambiar sus estatutos.
* Manuel Orlando Correa Bedoya, La U: No se trata de liquidarla, su situación depende de una voluntad política para convertirla en una empresa industrial y comercial del Estado.
* César Augusto Díaz, Liberal: El futuro es incierto, pero creemos que no se debe liquidar. Hay que buscarle la forma jurídica para cambiarle su objeto social y darle músculo financiero.
* Eduard Orozco, Opción Ciudadana: Deberíamos darle la oportunidad para sacarla adelante y que genere nuevos proyectos de vivienda.
* Luis Gonzalo Valencia, Conservador yepista: Es una entidad con más de 86 años de servicio y por eso hay que transformarla, de acuerdo con la Ley, y enfocarla a nuevos proyectos.
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