RICHARD AGUIRRE
LA PATRIA | MANIZALES
La Sala Séptima de la Corte Constitucional ordenó suspender los trabajos de explotación minera en la mina La Villonza, en Marmato, que se encuentra en la parte alta del municipio.
El alto tribunal consideró que las empresas Gran Colombia Gold y Minerales Andinos de Occidente vulneraron el derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad indígena Cartama y la comunidad afrodescendiente Asojamar. De acuerdo con el alto tribunal, la Alcaldía de Marmato y la Defensoría del Pueblo de Caldas deberán ser garantes y vigilar que la suspensión de los trabajos se cumpla.
Para Orlando de Jesús Ramírez, uno de los cuatro accionantes, la decisión de la Corte es un triunfo en la lucha de la comunidad minera, pues garantiza el derecho al trabajo de entre 100 y 150 mineros que laboran en La Villonza a diario y generar un espacio de discusión o de consulta con las comunidades.
"La Corte entendió que lo único que nosotros hacemos es trabajar y ahí lo hemos hecho durante muchos años", señaló. Además indicó que la multinacional compró los títulos mineros, chatarrizó los molinos y abandonó la zona. "Gran Colombia nos estaba tratando muy feo y después de acabar con lo que teníamos abandonaron las minas", reiteró.
La Corte también ordenó al Ministro del Interior impartir instrucciones para que se garantice el derecho a la consulta previa, en la que participarán los accionantes Orlando de Jesús Ramírez, Jaime Arturo Ramos, José Dumar Vélez y Carlos Arturo Botero, además del consejo Comunitario indígena Cartama y los miembros de las comunidades afrodescendientes que dependan de la actividad minera artesanal. "Dichas comunidades serán plenamente informadas y escuchadas, por conducto de sus representantes autorizados, desde la preconsulta hasta la finalización del proceso", señaló la sentencia.
Además, le da un plazo de tres meses al alcalde Héctor Fabio Osorio, para que inscriba a los mineros de la zona en programas de formación en seguridad industrial, salud ocupacional y desarrollo ambiental. "...con el fin de que se les instruya en el desempeño responsable de esta actividad".
Frente a esto, Osorio destacó que revisarán el presupuesto del municipio y analizarán el tema jurídico, porque en la actualidad está vigente la Ley de Garantías. "No tendríamos la posibilidad de realizar convenios con otras entidades. Quedaríamos con los brazos cruzados", indicó.
Yamil Amar, vicepresidente del Comité Prodefensa de los Mineros de Marmato y también dueño de tres predios y generador de unos 22 empleos, resaltó la decisión de la Corte, al indicar que desde hace años han denunciado la forma como se han violado los derechos y todo el proceso de consulta previa y de información a la comunidad.
Su queja se centra en que las compañías compraron y cerraron las minas, aunque la parte alta del cerro El Burro es una zona de reserva especial para la pequeña minería."Ellos hicieron lo que querían en ese sector, cuando el derecho que les correspondía era la zona baja, para la gran explotación".
Aunque los mineros reconocen que muchas minas que hoy explotan pertenecen a la empresa Gran Colombia Gold, su defensa es que las compañías las abandonaron hace algo más de 10 años.
"La Ley dice que cuando una mina se abandona por más de seis meses, cualquier minero las puede explotar, pues su función es social, y por eso nuestro derecho es legal", insistió.
Al cierre de esta edición la multinacional canadiense no había emitido un concepto oficial, pero sí se supo que no habían sido notificados del fallo, por lo que esperarán el concepto para determinar si se apela o no.
La compañía tiene en Marmato 106 títulos mineros, pero no habían entrado a explotarlos, pues aún no tienen licencia ambiental. La solicitud se hizo hace dos años. También se conoció que la compañía había solicitado amparos administrativos, por la explotación que consideran ilegal en sus minas y por el riesgo que esto representa.
El fallo también le ordena al Ministerio de Minas suspender la entrega de títulos mineros en la zona. Frente a esto, la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, señaló ayer en Manizales que conocía preliminarmente la sentencia, y que por esto no podía dar declaraciones precisas. "Entendemos que hay una suspensión, por cuenta de que no se hizo consulta previa, pero estamos estudiando el fallo para dar un pronunciamiento concreto y oficial", explicó.
El Ministerio de Minas junto a la Gobernación de Caldas avanza en el proceso de caracterización y legalización minera en cinco municipio de Caldas que son: Marmato, Riosucio, Supía, Neira y Filadelfia. De acuerdo con la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, el espacio sirvió para que las entidades relacionadas con la actividad minera planeen y coordinen el proceso de legalización de los mineros del departamento. "La mejor forma es que los mineros se formalicen para hacer una mejor minería", indicó. Aunque la viceministra desconoce la propuesta de que Marmato tenga un trato especial del Gobierno Nacional, señaló que en su despacho está claro el trato que se le tiene que dar al municipio. "Es un caso complejo", indicó.
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