Proceso de la Erum habría prescrito

JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

Un nuevo round se inició en el proceso de responsabilidad fiscal que inició hace cinco años la Contraloría de Manizales contra la Empresa de Renovación Urbana (ERUM), por supuesto detrimento patrimonial.

Después de que la Contraloría municipal volvió el caso a primera instancia el pasado lunes, debido a posibles errores procedimentales en el área de coordinación de responsabilidad fiscal, ahora los abogados defensores de los exfuncionarios vinculados en este caso, Fabio Alberto Aristizábal Gómez y Fernando Montoya Salazar, piden que se ordene la prescripción.

La petición la elevaron el pasado jueves. Técnicamente se conoce como la solicitud de cesación de la acción fiscal por prescripción, debido a que ya pasaron cinco años, desde el inicio de la investigación.

De acuerdo con el abogado de los vinculados, Carlos Tadeo Giraldo, la petición se hace no solo porque persiste la posición de que no hubo ningún daño patrimonial, sino porque ya se vencieron los términos, factor que hace que la Contraloría haya perdido todas sus competencias.

El Artículo 16 de la Ley 610 del 2000 establece que "se puede proceder al archivo del expediente cuando se establezca que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción".

Un falso positivo

Para Tadeo Giraldo, aunque hubiera sido importante que el proceso siguiera, teniendo en cuenta los argumentos, su queja es que la Contraloría tampoco revisó las pruebas que se le anexaron a los expedientes y los soportes que, según él, confirman que no se desviaron los $5 mil 400 millones.

Insiste que en el más alto de los gastos, por $960 millones, se trató de un contrato entre Infimanizales y Aguas de Manizales para hacer los estudios y diseños de la segunda fase de la Avenida Colón, por lo que alega que no hubo algún daño.

"Lo considero como un falso positivo, porque demostramos que todos los gastos que se hicieron tuvieron que ver con el fin de llevar adelante el macroproyecto, pero desafortunadamente la primera instancia solo se pegó de un documento y se desatendieron las demás pruebas", resaltó.

En su concepto, el mismo hecho de que se haya generado un reversazo y se vuelva el proceso a primera instancia, reconoce su continua queja de que no se respetó el debido proceso, y que hubo irregularidades, pues nunca se decretaron ni estudiaron las pruebas que les presentaron.

A revisar el caso

El subcontralor general, Sebastián Giraldo Rojas, aseguró que le resulta difícil pronunciarse sobre estas denuncias, teniendo en cuenta que ya hay un recurso que anuló lo actuado desde la primera instancia.

Pese a ello, consideró que aunque el juez tiene autonomía para valorar las pruebas, en su concepto se trató de un proceso que ha gozado de todas las garantías.

Explicó que el proceso tiene más de 20 tomos y cada uno cuenta con cerca de 300 hojas, lo que evidencia que pudieron aportar todas las pruebas que a bien tuvieron.

La Contraloría deberá estudiar esta nueva solicitud en primera instancia. Esto podría tardar por lo menos unos 15 días, teniendo en cuenta que tendrá que definirse si está ajustado a la Ley.

Desvío de recursos

El caso, que cumple cinco años, se inició por un supuesto desvío de recursos. Según el proceso, se gastaron $5 mil 400 millones en el Patrimonio Autónomo del Macroproyecto San José durante el 2010 en viajes y nómina, por lo que la Contraloría de Manizales abrió una investigación.