"Habrá esquema tributario más equitativo y aumentará el recaudo": viceministra de Hacienda

Arcadio González Ardila

COLPRENSA|LA PATRIA

Después de 25 años, por fin el Congreso de la República le metió mano a la expedición de un nuevo régimen propio para la industria de los licores en Colombia.

Se trata de un conjunto de normas que no solo fortalece el recaudo de los departamentos a través del impuesto al consumo y establece mayores controles para luchar contra el contrabando, sino que además crea un esquema tributario más equitativo con los productores nacionales.

En el caso de Caldas, según los cáculos, con la reforma el departamento tendría 12,2% más de recuado, al pasar de $47 mil 121 millones a $52 mil 866 millones en el 2017, es decir, que logrará tener $5 mil 745 millones más (ver infografía).

Sobre los alcances de esta nueva normatividad aprobada por la Cámara de Representantes, que le restan dos debates en el Senado para comenzar a regir a partir del primero de enero del año entrante, Colprensa dialogó con la viceministra de Hacienda, María Ximena Cadena.

¿Cuál es el alcance de esta ley?

Por un lado modifica las tarifas de impuestos que hoy tienen los licores y reglamenta el monopolio rentístico del licor. Esa ley estaba prevista desde 1991, pero solo hasta ahora se expiden reglas claras para fortalecer el monopolio rentístico, luchar contra el contrabando y para modificar las tarifas al consumo.

Con esta ley se crea un nuevo esquema de tributación, porque el actual es muy inequitativo y además aumenta el recaudo para los departamentos.

¿Cuál es el problema con las tarifas actuales?

Hoy la tarifa es por grado de alcohol. Le explico: todos los licores que tengan menos de 35 grados de alcohol pagan $306 por grado, y los de más de 35 grados, $502 por cada grado de alcohol. Eso significa que cualquier licor con el mismo grado de alcohol paga el mismo impuesto sin importar su precio comercial.

Un ejemplo: un vino nacional de uva de consumo popular que vale $12 mil, un vino chileno importado que vale $50 mil y una champaña Don Perignon que vale más de $600 mil. Cada uno paga por igual $3.600 de impuesto en promedio por los grados de alcohol.

Es un esquema tremendamente inequitativo y eso es lo que revisa esta norma: establece un impuesto de $220 por cada grado de alcohol, y un impuesto ad valorem que es del 25% del precio de venta al público. Así, la champaña Don Perignon pasa de pagar $3.600 a $183 mil en el nuevo régimen. A eso se agrega el impuesto del IVA, que es del 5 %, que se descuenta de toda la cadena de producción, eso permitirá a los productores nacionales reducir los costos de producción y ser más competitivos.

¿Cuánto se aspira a recaudar de más?

Estimamos que en el 2017 con el sistema actual se recaudaría por impuestos al consumo $1,4 billones, y con esta nueva ley, el recaudo será de $1,76 billones, un incremento del 20 %. Nosotros miramos cada departamento, según el licor que produce, el que consume y la preferencia de los consumidores, y nos aseguramos de que ninguno vaya a disminuir su recaudo, todos aumentan mínimo el 10% y en algunos casos hasta en el 23 %.

¿Este recaudo es de destinación específica?

La Constitución establece que de estos ingresos el 51% debe destinarse a salud y educación, hay una parte para el deporte y otra que es de libre destinación.

¿En algún momento estuvo en riesgo el monopolio rentístico de los departamentos?

No, para nada. De hecho, aspiramos que con esta ley el recaudo fiscal aumente en el 20%. Algo a destacar es que los departamentos que tienen licoreras deben estar muy contentos porque van a aumentar sus rentas, van a tener más libertad para definir cómo se comercializa el licor en sus departamentos.

Y mejor todavía para los que producen aguardiente, un producto emblemático nacional. En el proyecto se ha diseñado una salvaguarda para que cuando los departamentos vean afectada su licorera puedan establecer salvaguardas para proteger su producto.

O sea que esta norma es un salvavidas para las licoreras que tenían problemas financieros…

No, son herramientas que les permitirá ser más competitivas. Los productos importados son más caros y esos son los que van a verse más afectados que el productor nacional.

¿Qué prevé esta ley frente al consumo de licor adulterado y de contrabando?

Esta ley ataca directamente el contrabando en dos aspectos: reduce los costos de introducir alcohol legal a los territorios nacionales, mediante reglas más claras y ágiles, y aumenta los costos de la ilegalidad a través de tres tipos de controles: la DIAN y la Fiscalía van a ser más drásticos, y además obliga a los comercializadores a revelar toda la información sobre la cadena de su producto, para rastrear la trazabilidad desde su origen hasta su consumo final.

¿Por qué estaba en mora la revisión de esta norma?

Se intentó tramitar en varias ocasiones pero ha sido muy difícil, porque hay distintos regímenes en diferentes departamentos. Hay muchas resistencias por ser un monopolio de los departamentos. Es que el esquema actual permite mucha discrecionalidad y hay temores de perderla.

"Esta nueva ley establece normas para que los departamentos definan cómo quieren mantener el monopolio, si es por producción directa, abriendo sus mercados o permitiendo la producción a terceros".