
JUAN CARLOS LAYTON
LA PATRIA | MANIZALES
La Empresa de Renovación Urbana (ERUM) suspendió por un mes el contrato con el Consorcio Internacional, encargado de la construcción de 264 viviendas en el barrio La Avanzada, dentro del proyecto de viviendas de interés prioritario del macroproyecto San José.
Según resaltó el gerente de la ERUM, Néstor Jaime Tabares Loaiza, la decisión se tomó, debido al incumplimiento en el cronograma de obras. El pasado 17 de marzo se venció el plazo de los 13 meses que les dieron.
A esto se suma el supuesto incumplimiento en el pago de salarios a sus cerca de 80 trabajadores, a quienes les adeudan unas dos quincenas.
Esto llevó a la ERUM a solicitarle a la Fiduprevisora imponer las multas del caso, debido al lento avance de estos trabajos, que hoy apenas tienen un avance cercano al 19%.
Ante la notificación de la multa, el Consorcio se acogió a la solución de conflictos, con el fin de llegar a un arreglo directo, motivo por el cual se le suspendió el contrato por 30 días. La notificación se efectuó el pasado 16, perola suspensión se inició desde ayer, e irá hasta el 17 de abril.
De acuerdo con Tabares Loaiza, se espera que esa mesa de concertación se realice durante la semana de pascua. Si se aceptan sus argumentos, se le darían seis meses más para el cumplimiento del ciento por ciento del contrato, pactadoen unos $9 mil 74 millones.
De lo contrario, se suspendería, y se le obligaría a pagar la multa. Aunque aún se define el porcentaje, se estima que sería del 0,5% del contrato, unos $45 millones.
Las razones
Por ahora las razones que ha expuesto el Consorcio tienen que ver con las dificultades para obtener las licencias de construcción y de urbanismo. También alega que el suelo no estaba subsanado, o que no se había logrado la titularización de los predios, razón que valida el gerente de la ERUM.
Además alega el impacto que tuvo en las obras el fenómeno de El Niño, ante la escasez de material de río, y los problemas con los trabajadores por la contratación de una comunidad de raza negra, oriunda de Medellín. El reclamo de los locales es que les estaban dando empleo a personas de otras regiones, y que los estaban desplazando.
El Consorcio también reclama que una resolución de Corpocaldas les cambió los diseños y que hubo problemas sobre una actualización catastral con el IGAC.
Lo claro, es que este es el segundo contratista que está al frente de estas obrassin terminar las obras. Por ahora solo se han vaciado en obra negra unos 50 apartamentos, de las 264.
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