Desde el pasado 7 de octubre, cuando el Gobierno de Colombia incluyó a Panamá en la lista de paraísos fiscales, empresarios e inversionistas colombianos sienten que pasaron del paraíso comercial y financiero al infierno de la amenaza arancelaria.
Dirigentes gremiales ven que lo que habían remado en estos años tratando de consolidar mercados e inversiones en el vecino país, se puso en riesgo de naufragar por un ‘decretazo’ a Panamá, que amenaza con cerrar el canal de beneficios para la inversión y el comercio.
Y no son cifras menores. La inversión colombiana en Panamá desde el año 2000 a agosto de 2014 suma US$6560 millones, de acuerdo con Eduardo Cristo Suárez, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Colombo Panameña, Cicolpa. La millonaria cifra está en diversos sectores, especialmente en el financiero y el de la construcción.
De 95 bancos que hay en Panamá, avaluados en US$125.000 millones, el 25 % (unos US$31.000 millones) le pertenecen a colombianos. (Ver tabla). Además, Davivienda y Colpatria tienen oficinas en el hermano país.
Importantes firmas constructoras de Colombia, como Conalvías, Conconcreto, Amarilo, Cusezar y Provivienda también tienen grandes inversiones en el Itsmo, y algunas ya están instaladas en ese país, una especie de ombligo del planeta por cuyo canal pasa buena parte del comercio mundial.
Las exportaciones colombianas a ese país en 2009 fueron de US$760 millones y de US$899 millones en 2010, crecieron a US$1200 millones en 2011, según Cicolpa. En 2012 se dispararon a US$2700 y superaron los US$3000 millones en 2013.
Cifras que tienen cavilando a los empresarios nacionales. Si Panamá decide aplicar La Ley de Retorsión y le cierra las esclusas a los productos criollos, se afectarían las exportaciones como las de los derivados del petróleo (lubricantes), pero también los productos no tradicionales.
Estos son las flores, alimentos y bebidas, incluidos los licores y las gaseosas (Postobón), cosméticos, medicamentos, dulces, productos veterinarios (alimentos y medicamentos para animales), materiales de construcción, confecciones, marroquinería y productos del sector editorial, entre otros, que suman unos US$600 millones.
Además, hay negocios de gran envergadura de por medio, como los de las las inversiones energéticas que pueden ascender a los US$1000 millones.
El más importante es la sociedad mixta Interconexión Eléctrica Colombia Panamá S.A, proyecto para vender energía al resto de Centroamérica. “Esperamos que este impase no afecte esta posibilidad de interconexión eléctrica”, dijo Cristo Suárez desde Panamá a El País.
Están en juego inversiones como la de Empresas Públicas de Medellín, EPM, que adquirió la electrificadora Elektra Noreste S.A, Ensa, en 2011. Y firmas colombianas que ganaron licitaciones para construir hidroeléctricas como la de Changuinola, en el Darién panameño.
También las de los proveedores en la ampliación del Canal de Panamá. Conconcreto, Cementos Argos y Centelsa, de Cali, que ganaron las respectivas licitaciones de construcción, cemento y eléctrica de las esclusas del canal.
Tulio Zuloaga, director nacional de la Asociación Nacional del Sector Automotriz, Asopartes, dijo que hasta agosto pasado, el gremio había exportado a Panamá US$200 millones y había importado unos US$180 millones. “Es una balanza muy buena y la afectación puede ser fuerte para el sector nuestro que durante muchos años ha tratado de penetrar ese mercado, tan influenciado por EE. UU., y lo hemos logrado”, afirmó.
“Esto hay que solucionarlo lo más pronto posible, porque además de perder el mercado, varios inversionistas de autopartes viven en Panamá, importan repuestos de Corea, China, Taiwán, Indonesia, Malasia y los reexportan a otros países con mucho éxito, pero verían truncadas y perdidas sus posibilidades de crecer más”, reclamó Zuloaga.
El dirigente gremial señaló que solo en el sector de autopartes se afectarían más de 5000 empleos directos y unos 20.000 indirectos. “Eso impacta cualquier economía porque cuando toda esa gente va a la calle, afecta a cualquier país”, añadió.
A nivel general, la inversión en mano de obra es grande porque hay obreros, técnicos e ingenieros en el desarrollo de esas obras, que envían sus remesas a sus familias en Colombia. Según datos de inmigración, se calcula que de 500.000 a 550.000 colombianos trabajan en este y en otros sectores de la economía. “En hoteles, restaurantes, salones de belleza el personal de servicio al cliente es colombiano, en especial paisas y vallunos”, indicó Cristo Suárez.
Sin embargo, Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, se mostró de acuerdo con la decisión tomada por Colombia.
“Apoyamos la decisión que tomó el Gobierno Nacional, el tema no es nuevo, Colombia viene desde tiempo atrás buscando que Panamá no solamente suscriba un acuerdo de información tributaria, sino también en materia aduanera”, argumentó.
Díaz señaló que parte del comercio sale en forma legal de Panamá, pero ingresa en forma ilegal a Colombia. “Allí hay problemas de lavado de activos que Colombia está atacando, pero necesita la colaboración de Panamá para hacerle frente al problema y sistemáticamente se ha negado. Llevamos muchos años pidiendo esto y a Colombia no le quedó otro camino diferente (que declararlo paraíso fiscal)”, argumentó.
El representante gremial recordó que igual pasó con México y con España, incluso con Estados Unidos: solo cuando declararon paraíso fiscal a Panamá, este accedió a firmar el acuerdo. “No estamos pidiendo nada diferente a lo que ya le otorgó a otros países”, puntualizó.
Sobre las posibles consecuencias, Díaz dijo que habría que ver cuáles son esas retaliaciones. “No veo todavía cuáles pueden ser. Se debería esperar a que se concrete qué quiere hacer Panamá. Lo que veo es que, más allá de las amenazas, van a tener que sentarse a la mesa a negociar un acuerdo”, sentenció.
El dirigente gremial afirmó, igualmente, que Panamá no podría cambiar de mercados y comprarle a otros países lo que hasta ahora adquiere en Colombia. “No lo puede hacer por decreto, lo tendría que hacer por una norma. Colombia le puso un sobrearancel a la importación de confecciones y calzado de Panamá que vinieran por debajo de precio, y ellos nos demandaron ante la OMC”, declara.
Cristo Suárez alega que es claro que en Panamá las empresas sí tributan: pagan impuestos de municipalidad, de operación, de sociedades, por utilidades. “Lo que pasa es que la tasa impositiva en Panamá es solo del 23 % para empresas jurídicas y del 27 % para las personas naturales. Esa es la diferencia”, dice.
Y concluye que muchos empresarios vienen a Panamá por ese motivo: “Los mismos colombianos dicen que están ahogados con los impuestos y buscan no solo a Panamá, sino otros países como Costa Rica, Perú, para invertir y salir de esa presión que tienen en Colombia”.
Colombia sería la gran perdedora en inversión para llevar nueva oferta hacia panamá como para recibir inversión extranjera directa (ied).
Colombia es una economía muy importante para el país centroamericano (es el tercer destino de las inversiones colombianas) la IED en el vecino país en el primer semestre de 2014 llegó a US$276,1 millones, son más los flujos de capital que llegan desde Panamá a Colombia.
Cifras del Banco de la República dicen que la IED desde Panamá en el primer semestre del año suman US$1.362,9 millones. Desde 1999, la inversión panameña en Colombia supera la colombiana en Panamá, pues el país vecino ha invertido en el nuestro US$17.500 millones en los sectores mineros, franquicias y en el de seguros.
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