JUAN CARLOS LAYTON
LA PATRIA | MANIZALES
La Industria Licorera de Caldas, y en general las destilerías del país comenzaron a celebrar la decisión del Gobierno Nacional de no hacer cambios sustanciales en el proyecto de Ley de Licores.
Salvo por la unificación en el cobro de algunos impuestos, tanto para las bebidas nacionales como importadas, al parecer las reglas se mantendrían iguales, principalmente en la protección del monopolio rentístico, lo que significa que las regiones seguirán manejando de forma directa el recaudo de los impuestos y podrán destinarlos a la salud y la educación del departamento.
La confirmación la hizo el gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta, luego de una reunión el pasado lunes con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.
Aunque ayer el proyecto surtió segundo debate en la Cámara de Representantes y aún le falta un largo recorrido en el Senado, de acuerdo con el mandatario departamental, todo apunta a que se protegerán las rentas y la independencia de los departamentos.
El secretario de Hacienda, Luis Alexánder Pineda y el gerente de la ILC, Luis Roberto Rivas, destacaron la aceptación del Gobierno de varias recomendaciones hechas por la Federación de Departamentos y la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (ACIL). A continuación, algunos avances en la Ley de Licores.
1. Monopolio rentístico:
La decisión es mantener el monopolio rentístico, pues se considera como una orden constitucional, como función pública social del Estado. Esto permite proteger las rentas de los departamentos y mantener su independencia sobre el recaudo de estos impuestos, protegiendo la Licorera de Caldas.
2. Liquidación del impuesto:
Bajo el nuevo proyecto, se plantea hacer un cobro similar tanto para rones y aguardientes como para los licores importados, con un precio fijo de $220 por grado alcoholimétrico. Eso unido a un impuesto adicional del 25% que se cobraría sobre el precio de venta de cada producto (ad valorem). Adicionalmente se incluiría el cobro de un 5% del IVA, pero sería descontable. Eso significa que el pago de ese IVA será descontado, debido a que el impuesto ya se ha cubierto o pagado en otros procesos, lo que permitirá reducir la carga impositiva. Para Rivas Montoya, eso generaría un trato igualitario, pues actualmente se benefician con una carga impositiva muy baja los licores importados, contra una carga muy alta para los nacionales. Con ello, se daría cumplimiento a los tratados de libre comercio que pide la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea.
3. Apertura de fronteras:
De acuerdo con el secretario de Hacienda, habría apertura de fronteras para la introducción y comercialización de licores, si las regiones interesadas cumplen con varios requisitos para llegar a otro departamento. Actualmente se están analizando en el articulado del proyecto. Se podrán producir licores de otras regiones, a través de contratos o permisos.
4. Protección al aguardiente:
El proyecto contempla blindar al aguardiente y que no haya apertura de fronteras para este licor, al considerarlo como autóctono. Incluso se plantea a mediano plazo obtener una certificación de origen para poder exportarlo. En esta norma se quitaría la palabra incolora, al definir el aguardiente, con el fin de incluir en estos productos el aguardiente amarillo de Manzanares, en el caso de Caldas.
5. Alcoholes no potables:
Desde que ingrese al país un alcohol o se produzca en Colombia, se deberá desnaturalizar desde su origen si es para usos industriales o farmacéuticos. Eso significa controlar su uso, para que no se destine a la adulteración de licor.
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