$70 mil millones más en sanciones registra este año la Superintendencia

LA PATRIA

A $190 mil millones ascienden este año las sanciones a empresas por mala atención a usuarios o engaños con sus productos. La cifra la entregó ayer Alejandro Giraldo, delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio para asuntos de Ley del Consumidor. El funcionario participó en la apertura del III Encuentro de Autoridades Regionales, que se realiza en Manizales hasta el viernes. El año pasado las sanciones representaron $120 mil millones de pesos.

Giraldo reveló que entre las sanciones más repetitivas están las impuestas a estaciones de gasolina, donde incumplen con los precios y las cantidades de combustible que venden. El delegado explicó que el 12% de las sanciones corresponden a estaciones que, por ejemplo, cobran el precio de un galón, pero solo suministran 800 mililitros.

La Superintendencia ha comprobado que esto ocurre porque de manera intencional algunos establecimientos alteran los medidores.

Giraldo recordó que las alcaldías tienen funciones similares a las de las superintendencias, por lo que también pueden emitir sanciones por publicidad engañosa o productos con menos contenido. "El mayor problema es que no hay conocimiento de estas competencias en las entidades y esto se da por la alta rotación de personal, y por el desinterés en la capacitación acerca del tema".

Aunque los productos preempacados, como aguas y aceites, son en los que más se han detectado engaños a los consumidores, el delegado de la Súper dijo que el mayor número de reclamaciones sigue siendo contra los servicios de telefonía móvil. "Los recursos de apelación de los usuarios por decisiones de las empresas ascienden a 30 mil en lo que va del año, contra 17 mil del 2012, y como van las cosas creo que van a terminar en unos 37 mil fallos. El llamado es para que las regiones tomen conciencia la responsabilidad con la protección de los consumidores", dijo Giraldo, quien destacó que en el país los usuarios son cada vez más juiciosos e informados y reclaman más.

El encuentro de la Superintendencia está dirigido a funcionarios públicos y estudiantes de consultorios jurídicos, encargados de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control en la protección al consumidor. El objetivo es fortalecer sus conocimientos sobre la normatividad establecida en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).