
LA PATRIA | MANIZALES
El deporte caldense tendrá el presupuesto completo. De recursos propios, la Gobernación le girará los $2.200 millones que necesita la Secretaría del Deporte para cuadrar la caja.
El 19 de diciembre pasado se firmó la Ley 1816 o la ley de licores, dejando sin piso la Ordenanza 660 por medio de la cual la Industria Licorera de Caldas (ILC) le giraba al deporte $2.200 millones.
Ayer, Claudia Chica, secretaria del Deporte en Caldas, dijo que tuvo reunión con Luis Alexánder Pineda, secretario de Hacienda, quien le anunció que el faltante saldrá de los recursos propios de la Gobernación.
"Es el parte de tranquilidad que me han dado y podremos efectuar los programas como queremos", indicó la funcionaria, quien agregó que también le darán $500 millones que le faltaban para completar los $5.572 millones que necesita para operar la temporada.
La Ley 1816 y la caída de la Ordenanza 660 serán analizados por la Asamblea Departamental esta semana que tendrá sesiones extraordinarias.
De esta manera, la Gobernación le pone punto final a la crisis que se suscitó las últimas semanas por el anuncio que se hizo respecto al descuadre que tenía la entidad para operar el año.
Los técnicos adscritos a la Secretaría del Deporte se mostraron preocupados el lunes pasado por lo que ocurre con el deporte local.
En términos generales expresaron su inquietud por la falta de presupuesto para este año y, según ellos, por el recorte económico en algunos programas. Argumentan que 500 deportistas, todo el año, no se atienden, como lo dice la Secretaria del Deporte, con $170 millones. Y no se explican cómo el programa de deportistas apoyados pasó de $220 millones a $130 millones para esta temporada.
También se quejaron porque en la renovación de contrato varios se quedaron sin salario.
Claudia Chica, secretaria del Deporte, respondió. Dijo que deportistas apoyados lo empezará con $130 millones, pero que lo irá ampliando con el paso de los meses.
Explicó que los técnicos que no recibieron salarios a tiempo fue porque sus ligas no legalizaron a tiempo sus contratos. Agregó que no puede pagar porque le aplicarían hechos cumplidos.
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