MARTHA LUCÍA GÓMEZ
LA PATRIA | MANIZALES
El deseo del alcalde Jorge Eduardo Rojas de empezar a liquidar la empresa Transporte Integrado de Manizales (TIM), sigue truncado.
Anoche, la Comisión Tercera del Concejo, que se ocupa de Asuntos Administrativos de entidades descentralizadas, no llegó a un acuerdo para continuar con el trámite de un proyecto que radicó la Administración y que buscaba autorización para que el alcalde liquide TIM.
El empate entre cuatro de los cinco miembros de esta Comisión llevó a negar el proyecto en el primero de dos debates, con lo que la Administración respondió con una solicitud de apelación. El concejal de Cambio Radical, José Orlando Quiceno, presentó impedimento para estar en la sesión por ser miembro de junta directiva de Tax La Feria, por ello quedó faltando un voto.
Con lo que sucedió, el presidente del Concejo y miembro de la Comisión, John Heberth Zamora López, debe poner la apelación a consideración de una comisión accidental, que valorará esta petición y presentará un concepto a la plenaria para que se defina si la iniciativa la debe resolver otra comisión distinta y se discute de nuevo o se archiva.
Por qué la liquidación
El ponente de este proyecto fue el concejal del MIRA, Manuel González Hurtado, que aclaró ayer que está de acuerdo en que el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) es una necesidad para Manizales, pero argumentó que TIM se debe liquidar porque está ad portas de una muerte anunciada, debido a sus pérdidas económicas. Lo acompañaron los concejales conservadores sierristas Mónica Giraldo Mejía y el presidente Zamora López; además Juan Sebastián Gómez González, de la U, dio su concepto a favor más no su voto porque no es parte de la Comisión.
En la exposición de motivos el ponente mostró que según informes de la revisoría fiscal que realizó Nexia International, al cierre de las vigencias 2010, 2011 y 2012, "no se tiene certeza en cuanto a la fecha en que podría volver a operar el SETP, esta situación afecta el presupuesto, las proyecciones financieras, flujos de caja y la viabilidad financiera de la entidad -TIM-".
En ese informe, Nexia menciona que por la decisión de suspender el SETP, que tomó un juez administrativo municipal el 3 de marzo de 2010, TIM reportó pérdidas, solo en 2011, por 3 mil 487 millones 935 mil pesos, al no generar los ingresos estimados por la operación del Sistema.
El ponente explicó además que según la Ley 617 de 2000: "Cuando una empresa industrial y comercial del Estado o sociedad de economía mixta genere pérdidas durante tres años seguidos, se presume que es inviable y deberá liquidarse o enajenarse la participación estatal en ella".
Dijo que como los socios de TIM son entes públicos (Infimanizales, Municipio de Manizales, Municipio de Villamaría, Invama y Caja de la Vivienda Popular) la liquidación es la salida, pues no hay cómo inyectarle más recursos. Se basa en el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas, de diciembre de 2011, y que la Alcaldía actual no apeló para segunda instancia.
Este fallo fue sobre una acción de nulidad que instauró Wilmar Alonso Montoya contra el Municipio de Manizales por cobrar dentro de la tarifa del transporte público a los usuarios un valor relacionado con el costo de la plataforma tecnológica (equipos, programas y procedimientos para que el SETP funcione), y con lo que la Alcaldía tampoco está de acuerdo.
Agregó además que el Concejo es competente para autorizar al alcalde a liquidar y no incurrirían en extralimitación de funciones, pues la Constitución de 1991 les confiere a los alcaldes la función de suprimir, disolver o liquidar entidades y dependencias municipales de acuerdo con lo que ordenen los acuerdos que profieran los concejos municipales.
Sobre la discusión si TIM es una sociedad o una empresa industrial y comercial, que fue otra crítica de los que no estaban de acuerdo, explicó que el Concejo autorizó la creación de una sociedad en 2006 y que ahora lo que solicitaba era la facultad para disolver y liquidar, "así tenga naturaleza en una escritura pública que dice empresa industrial y comercial, ambas figuras se tienen que someter a lo que estipula la Ley 489 para procesos de liquidación",
El ponente manifestó que se debía crear una nueva figura que permitiera a Manizales acceder a recursos nacionales y solucionar problemas viales.
Por qué no autorizar
Los que votaron ayer en contra de la ponencia para liquidar TIM fueron los concejales Víctor Hugo Cortés Carrillo, del Partido Liberal, y Gladys Galeano Martínez, del MIO; acompañados por el concejal Francisco Javier González Sánchez, del Partido Verde, que tampoco integra la Comisión.
Curiosamente el concejal del Partido Verde fue quien interpuso la acción popular con la que se suspendió el SETP hace hace tres años, y la concejal del MIO fue parte de la comisión accidental del Concejo para establecer la viabilidad jurídica de TIM.
A mediados de noviembre del año pasado Galeano Martínez dijo: "recapitalizar implica al menos 5 mil millones de pesos del Municipio, por eso no estoy de acuerdo con esta opción. Soy partidaria de la liquidación". Sin embargo, ayer reconoció que hay causales para liquidar, pero que antes deben tener claridad si el Concejo es competente para aprobar este proyecto, cuando persisten las dudas en cuanto a la constitución de TIM, si es sociedad de economía mixta o empresa industrial y comercial del Estado, cambios que se notan en las escrituras públicas.
También estuvo de acuerdo Cortés Carrillo, quien manifestó que el proyecto deben corregirlo, pero expuso que si se liquida ¿quién asumirá las deudas de TIM y quién quedará cumpliendo con el objeto social?, esto por las acreencias, solo con Findeter es de $13 mil millones, y por las demandas que se vendrán de los actores del Sistema, que no recibieron lo que les propusieron ganar con el SETP.
Este concejal liberal propuso elevar una consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio para que definan si les compete aprobar la liquidación de una sociedad de economía mixta, como es TIM, pues la secretaria Jurídica del Municipio, Amparo Lotero Zuluaga, reconoció que en la escritura pública se cometió un error y se escribió empresa industrial y comercial del estado.
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