A pesar de la negociación en medio de la confrontación, y de la consecuente dificultad de defender un proceso que continúa cobrando cientos de víctimas, de soldados y policías, el ambiente de los diálogos de La Habana permite ser optimistas.

"Esta es una negociación con perspectiva de éxito", decía el hábil diplomático peruano Álvaro de Soto, previo a la ronda de Querétaro, México, seis meses antes de la firma de los acuerdos de paz de El Salvador. Con probabilidad suscribiría la misma frase si se tratara de pronunciarse sobre las conversaciones en Colombia. Las razones abundan, entre otras por el profundo cambio de lenguaje tanto de las Farc, como del Gobierno Nacional, excepto por la natural, si se quiere, postura del ministro de Defensa.

A diferencia de los esfuerzos de paz de Belisario Betancurt y Andrés Pastrana, los que al término de sus respectivos mandatos estaban agotados, el proceso actual está tomando una dinámica determinante que puede conducirlo por primera vez en la historia del país a gestar una coalición para su validación en las urnas. Las próximas elecciones pueden ser entonces, simple y llanamente la contienda entre el reformismo versus el derechismo, entre quienes abogan por la reconciliación nacional y encuentran alguna validez a las reivindicaciones de la subversión versus quienes acusarán de ceder antes los terroristas.

Pero al igual a como de Soto propuso en el proceso de El Salvador, la agenda de negociación no tiene que ser discutida en un orden taxativo e inexorable. Se necesita creatividad.

La mesa de negociaciones debiera explorar la posibilidad de ‘congelar’ el tema del desarrollo rural, de lograr resultados en otros puntos de la agenda e incluso trabajar en comisiones paralelas. Ello contribuiría a dar aire a las negociaciones y a crear el clima de optimismo necesario para su éxito.

Ninguno de los puntos de la agenda tiene tantos intereses en juego, susceptibles de ser afectados y por ende posiciones tan contrapuestas como el desarrollo rural, el primer punto que se discute. Ello facilita la confluencia de gremios agrarios, sectores políticos, del Ejército y hasta de los medios de comunicación para reaccionar en contra, como recientemente lo hiciera Fedegán.

En cambio, las garantías de participación política, la dejación de las armas y la reintegración a la vida civil, el narcotráfico y los derechos de las víctimas tienen menor resistencia, pueden facilitar rápidas coincidencias y una mejor presentación de acuerdos.

Ni siquiera el marco jurídico nacional e internacional ofrece un verdadero obstáculo para una solución a los delitos cometidos durante la confrontación. Un respetado crítico del proceso como Fernando Londoño advierte que la amnistía y el indulto están vedados hasta por el derecho internacional público y por el principio del bloque de constitucionalidad.

Pero la verdad es que la justicia internacional ni sus instrumentos jurídicos apuntan a oponerse a una solución interna de justicia transicional. El mismo Estatuto de Roma, en su artículo 17, estima que resolverá la inadmisibilidad de un asunto teniendo en cuenta que "la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte".

La importancia de sacudir la agenda no solo obedece a la complejidad de los temas y a la necesidad de lograr avances sustanciales. También a los tiempos. La posibilidad de una reforma constitucional para la participación política de los desmovilizados se agota sino se presenta por tarde a mediados de abril.

Si las Farc no aprovechan el próximo proceso electoral para abogar por sus banderas desde la civilidad, será difícil pensar que tengan un incentivo para una pronta desmovilización y que el apoyo a las reformas no se diluya con facilidad. Y sin la zanahoria de la desmovilización será difícil que la opinión pública continúe apoyando el proceso o que este no sea vea alterado por sus opositores o, peor aún, por los "enemigos agazapados de la paz en Colombia".