Las comitivas que entran y salen de La Habana son vox populi. La romería no es solo de políticos, también de académicos, periodistas y activistas de derechos humanos. Aunque se dice que la bitácora incluye otras visitas "non sanctas" de ONG farianas y hasta de militantes de grupos narcoterroristas internacionales. El itinerario es tan exigente que parece operar una oficina de relaciones públicas, sin que ninguna voz –a no ser la del procurador– advirtiera el descaro. Habría que constatar los avales del presidente para saber quién más viajó sin autorización y que sea la justicia y el Ministerio Público el que entre a resolver. Dejar pasar el episodio impunemente es admitir que existe una clasificación arbitraria: unos voceros de "primera" a quienes se otorga pergaminos y otros de "segunda" que reciben autos de detención.

Sorprenden las declaraciones del fiscal, quien sostuvo que "no es delito acudir a La Habana sin permiso del presidente". Entre otras razones porque no ha sido el común denominador en este tipo de casos. En el proceso del precandidato presidencial Luis Alfredo Ramos es evidente el doble rasero de los tribunales. ¿Por qué si este reconoció su encuentro en 2004 con Ernesto Báez –cabecilla de las Autodefensas– la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento para oírlo en indagatoria, a sabiendas de su solicitud –durante 3 años– para que lo escuchara en versión libre?

El contexto de los hechos que se le imputan prácticamente lo absuelve, pues ni siquiera mediaba una justa electoral en la que estuviera inscrito, por tanto, no se puede argumentar un posible concierto para delinquir. Su postulación a la Gobernación de Antioquia se produjo en 2007, cuando la desmovilización de las AUC ya era un hecho y parte de sus líderes estaban extraditados. Antecedentes que debieron considerarse para que se le respetara la presunción de inocencia.

Las circunstancias fueron claras. No fue un encuentro clandestino. Desde 2004 el Gobierno legitimó el proceso con las AUC –Resolución 091– y reconoció como representantes de esa organización a tres de sus miembros, incluido Iván Roberto Duque –Resolución 233–. Por tanto, no había órdenes de captura en su contra, podían movilizarse por el país y ofrecer audiencias bajo el amparo de un expreso salvo conducto que en el caso de Ramos fue público y con testigos.

Podemos tener la legislación más dura o, incluso, la más laxa que se pueda diseñar, lo que no es admisible son las interpretaciones amañadas y no exentas de sesgos políticos para el denominado concierto para delinquir. La reunionitis en La Habana, cuya intensidad e intenciones desconoce el Gobierno, es una oportunidad para evaluar la asimetría que reina en la administración de justicia. De un lado: benevolencia para quienes se congraciaron con los farianos en el Caguán o ahora en La Habana. Y del otro: condenas para quienes obraron con ingenuidad en muchos otros casos.

¿Cuántos de los que han desfilado por La Habana pueden demostrar que acudieron con la intención de promover la reconciliación y el logro de la paz? ¿Por qué un caso como el de Ramos, en el que sus contertulios de ocasión eran autorizados por el Gobierno, se acusa un concierto para delinquir cuando no mediaban elecciones a la vista?

El efecto negativo de esta sin razón ha sido protuberante, en especial sobre el sistema de partidos. Lo grave es que la cacería se profundiza con base en testimonios vindicativos o falsos testigos que enlodan el buen nombre de personalidades que, curiosamente, están del otro lado de las posiciones ideológicas y políticas de los nuevos mejores amigos del Gobierno. La injusticia que cae sobre Ramos tiene un tinte político. Su caso, como el de otros de la denominada parapolítica, no se conduele con el ocultamiento de la farcpolítica que se pavonea por La Habana. La Corte tiene una oportunidad para corregir y fallar en derecho. Está de por medio el proceso político que apenas arranca de cara a las elecciones 2014.