Ha dicho con toda razón la doctora María Claudia Rojas, presidenta del Consejo de Estado, que hay una crisis en la administración de justicia y que, por tanto, es urgente que el Estado colombiano se ponga en la tarea de recuperar su prestigio y credibilidad.

Las dos cosas son ciertas. Hoy, como nunca antes –sin desconocer la indudable existencia de jueces y magistrados bien formados y probos como la doctora María Claudia, y de empleados judiciales honestos que trabajan duro pese a los bajos salarios -, el ciudadano del común está desconcertado: en muchos despachos de juzgados y tribunales no solamente hay congestión, morosidad, excesivo formalismo, falta de atención, dificultades inmensas para un efectivo acceso a la justicia, sino prácticas corruptas, providencias sin sustento jurídico, violaciones al debido proceso, dilaciones injustificadas, impunidad por vencimiento de términos, irresponsabilidad, pérdida de expedientes, para no mencionar sino algunos de los muchos males que hacen inalcanzable el objetivo de una pronta y cumplida justicia, señalado en la Constitución.

Un Estado que no es capaz de administrar justicia es un Estado fallido, porque falla en lo fundamental. Deja el paso libre a las vías de hecho. Provoca que las personas prefieran hacer justicia por mano propia. Convierte en palabrería inútil las declaraciones del Constituyente sobre los valores y principios que deberían regir a la sociedad y orientar a las autoridades. Hace mofa del Estado de Derecho. Elimina la seguridad jurídica. Entroniza el caos.

Resulta aterrador oír –ojalá se trate de situaciones excepcionales- que hay zonas del territorio colombiano en las que son los grupos armados al margen de la ley los que posan de administradores de justicia: que mediante amenazas y violencia hacen pagar las deudas y cumplir los contratos. Algo inaudito pero al parecer cierto, generado por la falta de confianza de los ciudadanos en sus jueces y por la consabida larga duración de los procesos.

Entendemos que el Ministerio de Justicia, cuyo titular –el doctor Alfonso Gómez Méndez- es un jurista respetable y experto, también está tratando de elaborar –tras el monumental fracaso del anterior intento- un proyecto de reforma a la administración de justicia. Hacemos votos porque su contenido vaya más allá de aumentar el período o la edad de retiro forzoso de los actuales magistrados, y que, en vez de contemplar beneficios para congresistas y altos jueces, se ocupe de verdad en los temas que realmente interesan a la ciudadanía, para que el acceso de todos a una administración de justicia -seria, oportuna, imparcial y con fallos en Derecho- sea una realidad y no un espejismo.

También hacemos votos porque esta vez los magistrados de las altas corporaciones recobren su dignidad y se abstengan de estar mendigando prebendas o aferrándose a sus cargos mediante argucias pese a haber llegado el tiempo de su obligatoria salida.