Hace muy pocos meses, cuando en una decisión histórica la Corte Suprema de Justicia eligió a la Doctora Vivian Morales como Fiscala General de la Nación, expresamos nuestra alegría por saber que una mujer llegaba por primera vez a ese cargo cuya responsabilidad consiste, nada menos, que en combatir la delincuencia que azota nuestro país, incluida la de cuello blanco que campea en todos los órganos del Estado. Hicimos entonces pública nuestra esperanza de que una mujer con una trayectoria como la que registraba la Doctora Morales fuera capaz de cumplir a cabalidad con sus tareas, al igual que de conectar sus emociones con su razón para dar la batalla en contra de la discriminación de que hemos sido objeto ancestralmente las mujeres.
Hoy cuando una decisión del Consejo de Estado, discutible y discutida pero obligatoria como lo son todas las sentencias pronunciadas por los Jueces, puso fin al ejercicio de la Fiscala Morales, debemos registrar con complacencia que no nos equivocamos en nuestra apreciación de sus calidades personales y profesionales. Con excepción de algunos críticos interesados y vociferantes, la inmensa mayoría de los expertos, analistas y formadores de opinión coinciden en señalar que bajo el liderazgo de Vivian Morales la Fiscalía supo responder a las expectativa que tenía la ciudadanía de que siguieran avanzando las investigaciones en relación con graves casos de corrupción que sucedieron tanto en el Gobierno Distrital como en el Nacional.
Algunas decisiones tomadas en el ámbito de su vida privada hicieron mella en la credibilidad de la Fiscala. Y pesaron, a no dudarlo, en una decisión que si bien tuvo fundamento jurídico – recordemos que la decisión del Consejo de Estado fue bastante dividida – no deja de tener claras implicaciones políticas a las cuales no pueden ser ajenos los operadores judiciales. Me queda el mal sabor de boca al constatar que el mismo rasero para evaluar el impacto de decisiones en el ámbito íntimo , no se aplica en relación con los hombres que ejercen responsabilidades públicas. El punto es claro: No se recuerda el caso de un funcionario público de cuya idoneidad, imparcialidad y transparencia se haya dudado por el simple hecho de tener una relación sentimental, abierta o velada, con una mujer sobre cuya conducta existan cuestionamientos éticos o legales. Y la historia política reciente registra algunos casos que por respeto a la intimidad de las personas no se deben ventilar.
El patriarcado subsiste con fuerza entre nosotros, y la lucha para desterrarlo de nuestras vidas será larga y difícil. Por eso resulta igualmente importante el hecho que la Doctora Morales haya decidido adoptar, durante su breve paso por la Fiscalía General de la Nación, una política de igualdad y no discriminación en la entidad, y tuvo particular interés en impulsar las investigaciones relativas a actos de violencia sexual en contra de las mujeres, entre otras las correspondientes a los 183 casos que la Corte Constitucional le remitiera en cumplimiento del Auto 092 de 2008, dictado dentro del proceso de seguimiento a la Sentencia 025 de 2004, verdadero hito en materia de reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto interno armado, y especialmente de la población desplazada como consecuencia del mismo.
A Vivian Morales la reemplazó en el cargo, de manera interina, otra brillante jurista: Martha Lucía Zamora, a quien hemos visto actuando en casos difíciles y quien ha demostrado sus capacidades profesionales tanto en la Rama Judicial como en el Ministerio Público. No entiendo porque el Presidente Santos no la incluyo en la terna recién conformada para la provisión de un Fiscal en propiedad. ¿Eco a la censura de Alvaro Uribe Vélez?
La terna conformada contempla dos nombres de mujer. Los de las Doctoras Mónica de Greiff y María Luisa Mesa. La trayectoria académica de ambas resulta prenda de garantía sobre su idoneidad profesional. Resta saber si sus cuerpos de mujer están habitados por un alma femenina, una que sea capaz de seguir adelante con la tarea emprendida por Vivian Morales; capaz de devolver a los colombian@s la confianza en la investigación en materia penal, y de luchar denodadamente en contra de este patriarcalismo que tanto daño hace a nuestra sociedad y a la justicia.