Los paros, las demostraciones extremas de indignación ciudadana, como la que se presentó en Yopal porque no funciona el acueducto, se deben a que no hay nadie prestándole atención a que los problemas no se resuelven o se resuelven mal a nivel local.

El caso de Yopal es especialmente indignante por tratarse de uno de los municipios más ricos del país. Pero no es el único caso. Hay muchos otros casos, quizás no tan extremos, en los que el municipio o la Gobernación les fallan a los ciudadanos y no hay mecanismos para prevenir o para sancionar a los funcionarios culpables de descuido y negligencia en el cargo.

La función principal de un alcalde es proveer los servicios básicos a su población. Si no hace por lo menos eso, no está cumpliendo con su deber y alguien debería tener la autoridad para suspenderlo o para removerlo. Cuando se instauró la descentralización, los que la propiciaron y defendieron, creían que con ello se empoderaría a la ciudadanía para que controlara más efectivamente a sus gobernantes para que cumplieran cabalmente con su deber.

En general ha sucedido lo contrario y, en vez de buen Gobierno, lo que se promovió fue el clientelismo de la peor clase y el despilfarro. Al principio surgieron casos alentadores como los de Bogotá durante las alcaldías de Peñalosa y Mockus, que nos llenaron de esperanza sobre el futuro de los gobiernos locales. Este efecto de demostración duró poco en la capital, donde la ciudadanía procedió a desechar a los que gobernaron bien y a elegir a los que han hecho lo contrario.

En Medellín, después de una alcaldía estelar de Sergio Fajardo se consiguió preservar el buen camino durante dos períodos más, y por eso es hoy la ciudad para mostrar en muchos frentes excepto el de seguridad. En Barranquilla con Alex Char y la actual alcaldesa se ha producido un cambio muy positivo, y en Cali se cuenta ahora, por fin, con un buen alcalde.

Estos éxitos, que son ejemplos de lo que se puede hacer con una buena mezcla de sentido común, administración y de responsabilidad, son lamentablemente las excepciones en un universo plagado de malas administraciones locales en manos de incapaces, de clientelistas, de irresponsables, guerrilleros o mafiosos. Son numerosos los municipios que carecen de servicios básicos y se destacan entre ellos los que han recibido cuantiosos recursos de las regalías, que muestran un desempeño muy inferior a los de municipios comparables que no han tenido acceso a ese beneficio.

No se puede continuar tolerando que los gobernantes locales no funcionen. Varias veces se ha propuesto crear una Superintendencia de Gobiernos Locales que ejerza la función de control y vigilancia de los alcaldes y gobernadores. Hace falta volver a pensar en ese instrumento y que el ministerio del interior y el DNP ejerzan presión sobre los alcaldes para que cumplan.