La participación de dos sicarios colombianos en el intento de asesinato en Madrid del empresario guineo ecuatoriano, Germán Pedro Tomo Mangué, exiliado en España y uno de los principales testigos en los procesos que por lavados de dineros y sobornos le siguen la justicia norteamericana y francesa a Teodoro Nguema Obiang Mangue, "Teodorin", hijo del dictador de Guinea Ecuatorial.

Es un tema que cobra importancia en Colombia, no solo por la aparición del fenómeno del sicariato colombiano en España, sino por las conformaciones de grupos de pistoleros colombianos, dedicadas al narcotráfico y a ajustes de cuentas en aquel país. Un caso que llama la atención es el de un grupo de sicarios colombianos que al parecer están al servicio del régimen de Guinea Ecuatorial. Se sabe que los organismos de inteligencia español le siguen la pista a varios personajes ligados a los escuadrones de la muerte del régimen de Malabo, los cuales al parecer han acudido a los "servicios" de pistoleros colombianos para silenciar a varios de los críticos del régimen en el exilio en España, entre ellos a Tomo Mangué y algunos de sus familiares. Por eso, el gobierno francés le ha pedido a España protección especial para este testigo estelar.

¿Quién es este personaje, cuyo escándalo de corrupción ha ocupado las primeras planas de varios diarios en Estados Unidos, Francia y España? Teodorin, el delfín del régimen, un excéntrico playboy que lleva una vida bohemia de lujos y derroches. Un personaje que desde que regresó a su país en 1995, se ha convertido en el poder detrás del trono de la autocracia que ha instaurado su padre desde hace 33 años. Quien, además de ser el ministro de Agricultura y Bosques, es el embajador ante la Unesco, el vicepresidente del partido de gobierno y de la República y, desde luego, el virtual sucesor del trono.

Su padre, Teodoro Obiang Nguema, llegó al poder tras un golpe de Estado en 1979, y desde esa fecha controla todos los hilos del poder en esta excolonia española. Un sátrapa que, a través de una red de empresas fantasmas, también domina el poder económico y empresarial del país. Para tales fines puso en vigencia una ley que obliga a todas las empresas extranjeras que operan en Guinea a tener un socio guineano y mediante esta oscura maniobra ha configurado un poderoso holding empresarial que tiene participación en los principales sectores económicos.

Es tan escandalosa la cleptocracia que se ha estructurado que no existe una legislación que prohíba que las empresas de los Obiang y las de los funcionarios públicos tener negocios con las instituciones donde trabajan. Es tan inverosímil la administración pública en esta tiranía africana, que las empresas de Teodorin, entre ellas, La Somagui Forestal ha sido beneficiada con millonarias concesiones madereras en el ministerio que él dirige. Su hermano Gabriel controla los negocios petroleros y energéticos, un primo las grandes obras de infraestructura y otros el Departamento del Tesoro y las fuerzas militares.

Por una demanda que presentó hace cuatro años la ONG Transparencia Internacional en el Tribunal Supremo de Francia se abrió una investigación penal en contra del dictador Obiang y sus familiares por apropiación indebida de bienes públicos. En desarrollo de esta investigación la justicia francesa, decretó hace poco, el secuestro de varios bienes de Teodorin, entre ellos, un edificio, 11 carros de alta gama, millonarias joyas y obras de artes. Bienes evaluados en 716 millones de dólares.

En Estados Unidos se investigan las procedencias de los dineros con los cuales Teodorin adquirió una mansión de cinco hectáreas, valorada en 30 millones de dólares, un avión de 38 millones de dólares, carros, yates y millonarios depósitos bancarios. En España una jueza investiga las operaciones de blanqueo de capitales, propiedades y cuentas corrientes millonarias de Obiang, padre, de varios de sus ministros y exministros. Ellos se defienden con el argumento que los juicios son políticos y que buscan desacreditar "el buen gobierno", pero testimonios como los de Tomo Mangué los tiene en apuros judiciales.