Aunque los ganaderos lamentamos, en nuestra calidad de víctimas, no haber podido interactuar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como sí lo hicieron otras organizaciones de víctimas, quedamos atentos al tutelaje supranacional sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. La misión llegó en un momento sensible, pues si bien hay evidencias de avances, también persisten lunares que opacan la observancia de los mandatos internacionales. El rebrote de la violencia, las dificultades para la restitución de los derechos de las víctimas y el mismo proceso de paz, revalorizaron el escrutinio in situ del organismo hemisférico más importante en la materia.

La "rendición de cuentas" sobre estas problemáticas y las conclusiones a las que llegará la CIDH en su "informe país" -pendiente desde 1999-, podrían significar la salida de Colombia de la "lista negra" de naciones que transgreden los derechos humanos, en la que hemos estado largo tiempo. No será fácil. En el pasado las sindicaciones de la Comisión han sido duras pero, además, nuestros nacionales son los que más acuden a ella, para que sus denuncias lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos -el brazo judicial de la Organización de los Estados Americanos- encargada de materializar las sentencias en los casos que la Comisión somete a su jurisdicción.

Solo en 2011 el organismo recibió 1.658 denuncias de 35 naciones del hemisferio, de las cuales 20%, es decir 342 fueron interpuestas por ciudadanos o entidades no gubernamentales colombianas, 69 más que México, segundo país en la lista. Pero, además, la comisión recibió 67 solicitudes desde Colombia para imponer medidas cautelares -5 más que México, 24 por encima de Guatemala y 62 arriba de El Salvador- para prevenir daños irreparables a los derechos humanos de personas o colectivos, en casos graves y urgentes de amenaza. Esto debe decirnos algo y despertar susceptibilidades en la Comisión.

Por lo anterior, entendemos la preocupación de la CIDH con respecto al Fuero Militar, único asunto al que se refirió públicamente -pese a que se trata de una prerrogativa común en los países del hemisferio para los hombres en armas-, pero no comprendemos por qué guardó silencio sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de las Farc. Nada dijo del pronunciamiento de la compañera de "Tirofijo", cuando se refirió a los secuestrados como "prisioneros de guerra", ni de la manera ladina como sus voceros en la mesa de negociación desmintieron esa práctica tenebrosa. Como tampoco de las denuncias del Defensor del Pueblo sobre el reclutamiento de menores en Vichada o las del Ministro de Defensa sobre los 80 uniformados desaparecidos por las Farc y el Eln. Cínicos y mentirosos los llamó como lo hacemos los ganaderos, a sabiendas de que mantienen también plagiados a 14 de los nuestros.

No obstante, para el sector la intervención de la CIDH es vital, considerando el elevado nivel de vulneración que han soportado los ganaderos. Desde la vigencia de la Ley 1448, conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras, 6.554 ganaderos han acudido a Fundagán -en su condición de víctimas- por extorsión, abigeato, desplazamiento, secuestro y homicidio. Nombres como los de Jaime Triana, Mary Acosta y Nayro Vargas, asesinados solo en noviembre, se sumaron a los 3.290 obituarios que publicamos en el libro "Acabar con el olvido", en 2006, la inmensa mayoría en la más lacerante impunidad. Un ataque sistemático a 9.844 compatriotas y muchos más, que el próximo año identificaremos, para que se conozca el genocidio al que fue sometido el gremio ganadero.

Nuestro llamado a la CIDH es para que intervenga sobre esa otra realidad que permanece impune y obligue a las autoridades a consagrar la igualdad de todas las víctimas, sin importar su origen ni las motivaciones del agresor. La CIDH tiene la delicada misión de mantener la imparcialidad en su inspección sobre el reconocimiento de los derechos humanos. Condiciones que abren espacios para que otras memorias de vejación sean escuchadas, sin color político o ideológico. De lo contrario, ni las Farc, ni el Eln ni el Epl jamás revelarán dónde están los secuestrados y los restos mortales de miles de desaparecidos, ni frenarán el reclutamiento de menores, el uso de minas y el castigo a comunidades indefensas. Son las señales para la CIDH, de una violencia de cincuenta años que no cesa.