Este gobierno ha configurado complejos e inconvenientes escenarios de creciente inseguridad jurídica sobre la propiedad, que ya empiezan a advertir un malestar indeseable en el país. La andanada de políticas desbordó la capacidad institucional pero, además, los mecanismos legales para la resolución de los conflictos, lucen confusos. Tanto va el agua al cántaro hasta que por fin se rompe, pues este clima enrarecido es la antesala de grandes litigios por la tierra, que pueden salir costosos para la Nación. Sin mencionar, las nuevas dinámicas de violencia que, hábilmente capitaliza el discurso demagógico y vindicativo de la izquierda.

Basta analizar el bulto de anzuelos que tiene el gobierno, para recuperar los baldíos de la Nación. Un asunto en el que más de uno se llevó una sorpresa, pues en ese río revuelto no encontraron el inexistente latifundio ganadero -que buscaban llevar de nuevo a la picota- sino al gran capital urbano. Y en esa cacería, fue doble el tiro por la culata. Se frenó la inversión de US$1.000 millones que estaban listos a inyectar empresarios extranjeros y, unos US$$2.000 millones más podrían caer al despeñadero. Es el estimativo de la inversión en la Altillanura de los 14 grupos empresariales, satanizados en la reciente cruzada por la tierra.

Pero, como en pelea de tigre con burro amarrado, se prendió la primera luz de "stop" al gobierno, en su búsqueda para nutrir el fondo de tierras de La Habana. Pisarle la manguera a sectores que, en buena medida, han hecho posible el desarrollo industrial, que ponderan el PIB al alza y financian campañas, pudo producir carcajadas en la izquierda recalcitrante, pero no en el seno del gobierno. La inseguridad jurídica sobre la propiedad y la inversión, sumada a los calificativos de "mala fe" e ilicitud de las adquisiciones, exaltó la furia y reclamos de los "cacaos".

Para tener idea de lo que pueden significar esos entuertos, baste con la primera perla: el caso Riopaila-Brigard & Urrutia. En el diseño jurídico de ese negocio, medió una interpretación tergiversada de la Ley, según la cual "los baldíos pasan a ser propiedad privada, una vez son adjudicados a un campesino". Con esa ligereza, crearon 27 sociedades para adquirir 40.000 hectáreas en el Vichada, cuidando no sobrepasar el máximo permitido por cada una. El asunto estaba tan premeditado, que comprometieron "socios estratégicos" de Luxemburgo y España, para blindarse de una "eventual" expropiación o "interpretación equivocada de normas", pues entraría a mediar un tribunal internacional. Bien dicen que hecha la Ley, puesta la trampa.

Pero no ha sido la única instancia desde donde se ha minado la recuperación de baldíos. MinAgricultura había resuelto el asunto en el proyecto de inversión extranjera, en el que aclaraba que la restricción -de 1 UAF por propietario- operaba para adjudicaciones posteriores a la Ley 160 de 1994, norma que estableció ese límite. Pero, cuando se borra con el codo lo que se hace con la mano, el ministro Restrepo -con Incoder y Supernotariado- enredó la madeja. Se elevó una consulta al Consejo de Estado, que conceptuó la aplicación de la medida a partir de la Ley 135 de 1961. Aunque el concepto no obligaba, el gobierno lo adoptó a sabiendas de que no procede la "ultractividad" de la Ley.

A la postre, el "tierrero" tiene al gobierno apagando incendios, para clarificar el tema y darle una salida a los empresarios. No será fácil, porque es imposible quitar la tierra a quien no la ha robado y tiene el propósito de generar riqueza en terrenos no aptos, que requieren ingentes recursos. Pero aquí estamos frente a una evidente violación de las normas, para apoderarse de tierras destinadas a los campesinos. Este panorama deja al gobierno entre 2 aguas: la del gran capital, con pretensiones de que se legalice su argucia por medio de otra Ley y, la de las armas, que busca imponer una reforma agraria de minifundios de subsistencia. Lo penoso es que este país se ha manejado a empellones de los poderosos, en contra vía de quienes siempre hemos sido respetuosos de la Ley.