Por considerarlos regresivos, y para dictar sentencia favorable en una demanda de congresistas del Polo, la Corte Constitucional declaró inexequibles tres artículos del Plan de Desarrollo con los que Santos y Restrepo intentaron fortalecer su modelo agrario a la medida de los monopolios nacionales y extranjeros, a partir de concentrar todavía más la propiedad y usufructo de las tierras rurales y de despojar al campesinado de sus derechos sobre el suelo del país. Debe saberse que estas propuestas intentaron concretarlas Álvaro Uribe y Andrés Felipe Arias.

La Ley 160 de 1994 establecía -y aún lo hace gracias a la demanda y a la sentencia- que las tierras baldías del Estado colombiano solo pueden entregárseles a los trabajadores agrarios y en áreas pequeñas, equivalentes a una UAF, medida equivalente a la cantidad de tierra con la que una familia campesina puede ganarse dos salarios mínimos. Esa norma también consagra que las parcelas originadas en la adjudicación de baldíos y en la reforma agraria no pueden enajenarse para conformar propiedades mayores. Es evidente, y así se aprobó a conciencia, que la norma promueve la propiedad campesina y apunta a que esta no termine, por su compraventa, convertida en haciendas.

La reforma que se hundió consagraba que los baldíos del Estado -millones y millones de hectáreas en la Orinoquia y en el resto del país- podían entregarse en áreas de cualquier tamaño -20, 50 mil o más hectáreas- y a cualquier magnate, nacional o extranjero. Y por la famosísima "sensibilidad social" de Santos, el campesinado sería "socio" de quienes le quitaban su derecho y sus tierras, garlito en el que no cayó la Corte. La ley establecía, además, la manera de cuadrar una realidad de la que se habla poco: en Colombia hay millones de hectáreas de baldíos con propietario pero carentes de títulos legales, porque violan la medida de la UAF. En ese lío están las tierras de Efromovich en el Cesar, de Las Pavas en Bolívar, de Argos en los Montes de María, del Fondo Ganadero de Córdoba en Urabá y, en los Llanos, las de Carranza y las de trasnacionales como PoliGraw y Mónica Semillas.

Esta intentona, entre las más regresivas de la historia del país, se montó sobre dos falsedades: los campesinos le estorban al progreso del país y mientras mayores sean las fincas -a escala de monopolio-, más se desarrolla el campo. Falacias, porque aquí y en el extranjero hay pruebas de sobra de la capacidad campesina para generar progreso -al igual que lo hacen los empresarios que no son magnates- y porque Colombia registra una de las más altas concentraciones de la tierra rural del mundo y, al mismo tiempo, mantiene casi ociosas 21 millones de hectáreas de tierras con vocación agrícola. Nadie puede negar que después de 23 años de libre comercio el atractivo del campo no reside en producir, porque el que cultive tiende a la ruina, sino en especular con el aumento del precio del suelo, que es en lo que andan banqueros, monopolistas y trasnacionales.

Luego de oponerse de plano a cualquier ley de control a la extranjerización del campo, el ministro de Agricultura presentó su propio proyecto, con tres características. 1. Que no le pone límite a la toma de las tierras por parte de los extranjeros, de la que es tan devoto que escandaliza. 2. Se dirige contra los campesinos propietarios de tierras que fueron baldíos o de reforma agraria, al insistir en volverlos "socios" de los magnates nativos o extranjeros, que los convertirán en siervos o en rentistas paupérrimos. 3. Mediante un articulito, legaliza medio siglo de apropiaciones ilegales de baldíos. Y esto ocurre con la misma forma de mico legislativo por la que reclamó la Corte Constitucional sobre la reforma de la Ley 160 en el Plan de Desarrollo y cuando el Superintendente de Notariado afirma que el Estado ignora quién se apropió de los baldíos y con qué títulos, pero que él ya detectó cerca de un millón de hectáreas de baldíos ilegalmente apropiados por organizaciones armadas y delincuentes de cuello blanco.

¿Será mucho pedirle a un gobierno tan afecto a los contratos de billones definidos con las normas de la contratación privada -como los de las cien mil viviendas que cacarean tanto-, que no insista en modificar las normas sobre baldíos, por lo menos hasta que la Superintendencia de Notariado devele lo que pasa con ellos? ¿Y será mucho pedirle que si quiere arrebatarle los derechos sobre tierras al campesinado, no lo haga con leyes sobre otros tópicos sino de cara al país, como lo exige la Corte Constitucional?