¿Cuál fue el propósito de circular por estos días, un folleto con los supuestos acuerdos suscritos en La Habana? Desinformar, sin duda. No son documentos definitivos. Son versiones inconclusas, con vacíos y omisiones en los temas más álgidos del "desarrollo agrario" y "participación en política". "Pendientes" que solo se resolverán al término del proceso, cuando por fin se conocerá el "paquete completo" del que habló el presidente en Europa, con todas las exigencias de las Farc. Pero la publicidad engañosa, tuvo otra misión: buscar adeptos reeleccionistas. Mostrar resultados, aunque ficticios, puede sumar conciencias entre la masa desinformada, que seducida por una hipotética proximidad a la paz, no calcula cuán cerca estamos de un pacto inviable.

En otras palabras, las llamadas "salvedades" sin digerir por la opinión, ni digitar en el cuadernillo que se divulgó, marcarán la desastrosa suerte de todo el "paquete… chileno", según el cual "nada está acordado, hasta que todo esté acordado". Entre esos delicados asuntos está el de las hectáreas que serán "cedidas" a las Farc, para consolidar Zonas de Reservas Campesinas (ZRC). Los narcoterroristas han hablado de 9,5 millones de hectáreas, el 30% de la tierra agropecuaria del país, pero nadie sabe en dónde está esa tierra. La incautación de bienes del narco para alimentar el fondo de tierras, ha sido inocua. En 17 años de extinción de dominio, se han distribuido 50 mil hectáreas de los extintos carteles y mediante la Ley de Justicia y Paz apenas se han afectado 22 predios de los paramilitares.

Pero tampoco hay claridad sobre la formalización "masiva" de la propiedad. ¿Cuántas explotaciones son y cómo se resolverán los conflictos entre campesinos, comunidades tribales y "afros"? Otros mecanismos como la restitución, la recuperación de baldíos y el despojo de las Farc, tampoco están exentos de indefinición. De momento se han surtido 1.000 fallos judiciales, de 32.688 solicitudes de restitución que han ingresado al registro. El lío judicial de los baldíos -cuya complejidad no termina por precisarse- afectó la inversión en la Altillanura y puso en riesgo la propiedad privada. De las 800 mil hectáreas usurpadas por las Farc no se tiene noticia, pese a que están demarcadas en los computadores confiscados.

Aunque el jefe negociador, Humberto de la Calle, ha pretendido "desmitificar" la inseguridad jurídica de la propiedad legalmente adquirida, lo cierto es que se ignora el rumbo que tomarán la extinción administrativa y judicial y la expropiación, para darle gusto a las Farc. Los indicios desde el Proyecto de Desarrollo Rural, no son halagüeños. No menos relevantes son las conexiones entre la "integración de regiones" que propone el acuerdo agrario -léase ZRC- y las propuestas en participación política y drogas ilícitas. ¿Será en estas "republiquetas independientes" -fortines farianos- donde operarán las "democráticas" Circunscripciones Especiales de Paz? ¿O acaso serán las áreas privilegiadas de producción de hoja de coca, desmilitarizadas sin Dios ni Ley -y ahora con la bendición del Consejo de Estado- para el próspero negocio del narcotráfico?

No creo que las mayorías compartan la conclusión del señor Felipe González, según la cual estos dos "acuerdos", vacíos del contenido neurálgico, hacen irreversibles las negociaciones. Como tampoco el optimismo del presidente Santos, que espera que "cuando presentemos (a los colombianos) el paquete completo (del acuerdo) lo van a comprar, lo van a aceptar y lo van a apoyar". Un cuento que ni él cree. ¿Quién apuesta al respaldo popular para indultar magnicidios "relevantes" -de los que preocupan a Santos- y de los "irrelevantes" que siguen azotando a los colombianos de a pie -a todas luces fuera del cómputo reeleccionista-? ¿O quién avala la presencia de Timochenko y Márquez en el Congreso, que ya promociona el presidente en el extranjero? Baraje despacio. La diplomacia internacional es flor de un día y no pesa en el cálculo ciudadano para elegir las preferencias en las urnas.