Como lo aseguró el ministro Gaviria en alguna de sus intervenciones en medios, la ley estatutaria de salud, en la versión que aprobaron las comisiones primeras de senado y cámara, aparentemente no va a "caprecomizar" el sistema de salud. Muchos de los artículos que introdujo el Congreso en esta etapa son bastante inocuos, excepto por consagrar el derecho a la salud como un derecho fundamental autónomo y sepultar al POS de una vez por todas. Se fortalecen los profesionales de la salud y los hospitales, y se debilitan o se condenan a desaparecer las instituciones creadas por la ley 100. No hay claridad sobre las EPS, excepto que no se sabe que funciones van a tener. Se establece que no se les puede negar la provisión integral del servicio de salud por no ser rentable a las zonas marginadas y fronterizas han padecido una provisión muy deficiente de servicios de salud por su aislamiento.

Pero siguen sin resolver los temas más importantes: el derecho de acceso a los servicios de salud que consagraría la ley estatutaria no estaría limitado sino para servicios de tipo suntuario, o cosmético, para nuevas tecnologías o medicamentos cuya efectividad no ha sido comprobada, o para servicios que se prestan en el exterior cuando están disponibles en Colombia. La cuenta de cobro va a ser enorme y aparentemente se ha hecho caso omiso de ella para facilitar la expedición de la ley. También siguen vivas las ideas de unificar el recaudo y centralizar la captación de recursos y crear una red de sub fondos departamentales o regionales. La restricción de que no habrá intermediación financiera para el manejo de esos recursos es difícil de entender. La posibilidad de que caigan en manos de los políticos clientelistas es enorme. Y si la red de recaudo no se apoya en el sistema financiero daría lugar a una gigantesca burocracia, Si estas funciones no quedan en el ámbito del Ministerio de Hacienda es muy probable que sean mal utilizadas.

En la discusión de la ley han aparecido varios textos alternativos de diverso origen. Le pone a uno los pelos de punta verificar lo que están pensando los que han redactado estas iniciativas que afortunadamente no han hecho carrera entre los legisladores pero que pueden surgir en cualquier momento. En una de esas versiones se pretendía, por ejemplo, que el estado no pueda acudir al criterio de sostenibilidad fiscal para dejar de garantizar el derecho fundamental a la salud, que es precisamente lo contrario de lo que el gobierno desearía que se apruebe en otro proyecto de ley en curso.

Los médicos y los altos magistrados desean que se garantice que el bienestar y el acceso a la salud de todos nosotros no esté limitado por restricciones financieras y macroeconómicas. Es una linda aspiración, pero no es realista. Al sistema le hacen falta polo a tierra, simplicidad y claridad.