El Gobierno ha sacado adelante en el Congreso la reforma tributaria de 2012 que, si se promulga antes del 31 de diciembre en el Diario Oficial, comenzará a surtir sus efectos desde el 1 de enero próximo.

Con total desconocimiento de los principios constitucionales de progresividad de las cargas fiscales y de equidad tributaria, el sentido básico de lo presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso sin mayor estudio radica en que se reducen los impuestos a las empresas (del 33% al 25%) y se aumentan los impuestos para las rentas de trabajo, lo cual afectará primordialmente a la clase media. El Gobierno considera erróneamente que la clase media es rica, y en consecuencia es ella la que, en virtud de un inequitativo reparto de las cargas públicas, lleva sobre sus hombros el mayor peso en impuestos, lo cual repercutirá obviamente en perjuicio de todo el sistema de la economía nacional.

De todas maneras, por paradoja, todo indica que, desde el punto de vista de las finanzas estatales, los ingresos serán inferiores respecto a lo inicialmente proyectado.

Desde el punto de vista constitucional, el trámite no ha sido propiamente afortunado porque se ha reabierto el debate sobre artículos ya votados y en muchos más se ha procedido a la votación sin dar oportunidad de verdadero debate.

La tardía presentación del proyecto en octubre, así como los permanentes añadidos que se le han venido haciendo, han significado que los congresistas hayan votado, como suele ocurrir en Colombia, con angustia y sin deliberación efectiva sobre lo sustancial del proyecto.

El principio de legalidad tributaria implica necesariamente que los representantes del pueblo -que eso son fundamentalmente los miembros del Congreso, según su origen histórico y de acuerdo con las normas constitucionales, que además los obliga a votar consultando la justicia y el bien común- conozcan a fondo y puedan escudriñar y discutir el contenido de todo proyecto mediante el cual se establezcan exacciones fiscales.

En este caso han votado a ciegas y con increíble docilidad cuanto se les ha presentado en el curso de unas sesiones extras de pocas horas, totalmente insuficientes para que exista una verdadera controversia legislativa.

Más todavía: no es únicamente el Congreso sino todo el país el que se encuentra a ciegas en esta materia, e ignora cuál es el esquema tributario que se le pretende aplicar, y que infortunadamente, ya es una realidad.

En cuanto a la Rama Legislativa, como lo decíamos en reciente columna, "se supone que justamente el papel de los legisladores consiste en examinar a conciencia el contenido y sobre todo el impacto y los efectos de los proyectos que se les presentan, y que un tema tan delicado como las reglas de juego en materia fiscal, con todas las consecuencias que comportan en el orden económico y en el social, merece estudio y ponderación".

En suma: para que el Congreso cumpla su función adecuadamente, se requiere tiempo y cuidado. Precisamente dos elementos que brillan ahora por su ausencia.