Jorge Enrique Pava


Los últimos acontecimientos de que tenemos noticias desde La Habana dejan ver a unas Farc más envalentonadas que nunca y a un gobierno más sumiso y más doblegado que siempre. Y no era para menos, pues la turbiedad que se vislumbra traspasando el velo que encubren esas negociaciones es impresionante; y el hedor que se siente ante cada descubrimiento de lo que hay bajo tanto misterio y tanto secreto no puede ser más pestilente.
Ahora resulta que el Gobierno Nacional, los negociadores y los políticos en ejercicio son súbditos de las Farc y tienen que atender sus órdenes so pena de que los terroristas le revelen al país la realidad que se esconde tras unos supuestos diálogos perversos. Y por consiguiente resulta entonces también que, por conducto de la debilidad del Gobierno y sus intereses ocultos, el país entero tiene que sufrir el chantaje y la extorsión de las Farc -vía Timochenko- y tenemos que aguantar que se impongan sobre la propia Constitución, las leyes y los intereses primarios de la Patria.
Por eso causa escozor, rabia y desazón ver que el propio Congreso Nacional se prepara para enviar sus delegados de Cámara y Senado a La Habana, engrosando la lista de personajes e instituciones que les rinden pleitesía a estos desalmados terroristas. ¿A qué van? ¿A recibir órdenes directas para amoldar la agenda legislativa al gusto de las Farc? ¿A negociar principios (¡ja!), políticas y espacios en el Congreso? ¿A garantizarles impunidad? ¿A doblegarse también y a ceder a sus absurdas pretensiones? ¡Qué horror!
El Congreso Nacional no puede perder la escasa dignidad que le queda poniéndose al servicio de los enemigos de la patria, ni puede desviarse de su razón de ser constitucional, máxime cuando se trata de ir donde aquellos delincuentes que, en medio de la sumisión del Gobierno, siguen desolando territorios y secuestrando, mutilando y asesinando colombianos. No son los congresistas quienes deben ir a La Habana. Son esos delincuentes quienes tienen que venir a Colombia a pagar las condenas que se merecen por haber destruido nuestra patria, por haber asesinado miles de colombianos y por ensombrecer la belleza de un país que, en otras condiciones, sería un paraíso.
Por otro lado, ¿qué será lo que se esconde tras la farsa de La Habana, que con la sola amenaza de las Farc de revelar los secretos, el Gobierno se arredra e inclina aún más su cerviz? ¿Los colombianos no tendremos derecho a saber lo que allí se cocina, estando en vilo nuestro futuro? Está bien que en cualquier proceso de paz se requiere de sigilo, reserva, prudencia, secreto y discreción. Pero cuando los apátridas de las Farc amenazan con violar estas condiciones como método de extorsión y de chantaje, el Gobierno Nacional debería, él mismo, develar los secretos y acabar con la prenda extorsiva. Porque, de lo contrario, seguirá preso en sus propias debilidades y le tocará ceder en adelante a todos los requerimientos de estos criminales.
Quienes nos hemos manifestado en contra de las negociaciones secretas que se adelantan en La Habana entre el Gobierno Nacional y los criminales de las Farc, hemos sido catalogados como enemigos de la paz o, en mejores circunstancias, como miembros de una derecha radical. Ante los últimos acontecimientos; ante la prepotencia extrema de quienes hoy descansan plácidamente en La Habana; ante el asesinato cruel de miembros de la Fuerza Pública; y ante la exigencia de que las leyes tengan que contar con el visto bueno de las Farc, ¿se podrá decir lo mismo? La paz es una aspiración de todos los colombianos, pero no puede ser concebida a cualquier precio ni recubierta de la impunidad que hoy exigen los terroristas de las Farc. Y vuelvo a preguntar: ¿qué será eso tan grave que se esconde en esta farsa de La Habana, que el Gobierno Nacional lo trata de ocultar aún a costa de los intereses de la Patria?
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Transcribo a continuación un párrafo del último artículo de Ricardo Puentes Melo en Periodismo Sin Fronteras, intitulado "Asesinar a Uribe es la prioridad: Farc": "Por los documentos conocidos, se pudo establecer que atentar contra la vida del Dr. Uribe Vélez es la prioridad UNO-A para las Farc, aún por encima de los diálogos de paz con el gobierno Santos. Matarlo a como dé lugar es una obsesión para la banda terrorista y sus aliados en ciertos sectores del Estado, debido a que ven en él un peligro por su poder de opinión y porque seguramente llegará al Congreso de la República para frenar cualquier arreglo que se haya adelantado con el presidente Juan Manuel Santos y el actual Congreso. La complicidad y el apoyo de los presidentes Nicolás Maduro y Daniel Ortega es evidente en la información estudiada". ¿Seremos nosotros los enemigos de la paz? ¡Con estos criminales es imposible tener algún acuerdo racional! Y así exigen llegar por derecho propio al Congreso de la República, institución democrática por excelencia.
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