Esta semana se está celebrando el cumpleaños 30 de la Corporación Cívica de Caldas. En el pasado, cuando las leyes de este país se limitaban a aplicárseles a los desprotegidos, y los poderosos quedaban ominosamente impunes, la CCC cumplió una función excelente como actora de la sociedad y como su veedora, pues fueron muchas las acciones que se emprendieron ante organismos judiciales, que no hubieran tenido éxito sin la presión y el concurso de esta entidad. Se manejaban entonces objetividad, espíritu de justicia y se era implacable con la corrupción independientemente de sus actores. Hoy, lastimosamente, no pasa de ser un Comité de absoluciones para sus protegidos y un órgano de persecución para sus enemigos personales.

Se ufana la presidenta de la CCC, Cristina López de Saffón, de acompañar las investigaciones que cursan en la Fiscalía y la Procuraduría en contra de "funcionarios públicos de las administraciones departamentales y municipales anteriores.", pero no especifica que esos funcionarios son política y sesgadamente seleccionados. Y entonces me pregunto: ¿No fueron, por ejemplo, Emilio Echeverri y María del Pilar Joves funcionarios de "administraciones anteriores"? ¿Qué procesos han impulsado, promovido o acompañado en su contra, a pesar de las denuncias públicas que se han hecho? ¿El pertenecer, aportar o apoyar económicamente la CCC, o el tener vínculos familiares, comerciales o amistosos con sus directivos, eximen de responsabilidad, culpa o castigo a quienes infringen la ley o los cánones de la decencia?

Dice la presidenta: "Interpusimos acciones ante los organismos de control por presuntas irregularidades en diferentes procesos de contratación tales como el contrato de distribución de Licores para el Atlántico…". ¿Y qué acciones han emprendido por el contrato actual de la distribución de licores en Antioquia, suficientemente denunciado?

Dice además la presidenta que adelantaron acciones relacionadas con otras contrataciones (sobre las cuales, sin excepción, la justicia ha resultado absolviendo a los implicados). ¿Y qué han dicho sobre el convenio entre el Departamento de Caldas y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, firmado el 29 de diciembre de 2007 (contrato 28 122007-1658), al final del mandato de Emilio Echeverri, por un valor cercano a $ 3.663 millones? ¿O sobre los contratos millonarios del plan 2.500 que, después de dos años de haberse pagado el 50% de anticipo -y finalizando también la administración Echeverri- no se habían empezado a ejecutar y son premiados con su prórroga? ¿O sobre el contrato interinstitucional por valor de $110 millones firmado entre María del Pilar Joves y el Fondo Mixto de Caldas, con el objeto de "Formación artística y cultural en los 27 municipios del departamento de Caldas a través de las casas de la cultura", (contrato 05 102007-1187, de fecha agosto 1 de 2007), en plena ley de garantías? ¡Nada!

Para la CCC nada de lo que se hizo en el mandato de Emilio Echeverri tiene importancia. ¿Acaso por ser uno de sus fundadores? ¿Acaso por tener aún vínculos con la CCC? Pero no vayamos muy lejos: también hemos denunciado las contrataciones perpetuas en la Chec y esto no ha merecido siquiera un pronunciamiento de su parte. ¿Acaso porque Gilberto Saffón Arango es el esposo de su presidenta y a la vez compartió, como miembro de junta de la Chec, las decisiones en este tipo de contrataciones? ¿Acaso por el mismo motivo que omiten referirse al Aeropuerto del Café entre los años 1985 y 2003, en los que el mismo doctor Saffón fungió como presidente de la junta directiva del Aeropuerto, y justo en el período en que se aprueban estudios y diseños y se compran los predios donde se construye esta magna obra?

De allí que insistamos en que es triste que una Corporación que debería poderse mostrar como el paradigma de la transparencia se haya venido a menos de una forma tan patética. Porque gracias a esa persecución delirante que emprendieron contra algunos personajes de la región, acabaron con personas, familias y empresas que hoy, cuando son absueltas, no cuentan con el despliegue que les hicieron en el momento de recibir las acusaciones. ¿Qué pasó con EDSA, Susuerte y los ingresos destinados para la salud? Pues que supieron acomodar la verdad para ocultar que en la administración de Emilio Echeverri los ingresos por la explotación de Chance fueron de 25 mil millones (cuando su mandato era recaudar $ 37.000 millones); que en la de Mario Aristizábal los ingresos ascendieron a $41.266 millones; y que en la de Francisco Prieto se redujeron otra vez a $35.633, todos producto de contratación con Susuerte. Pero como existía el empeño en derrocar al Gobernador, satanizaron el período más productivo e indujeron su destitución, de lo que hoy se ufanan cínicamente.

Y para rematar, pretenden darse ínfulas por haber pedido la renuncia del alcalde cuando se presentó el fenómeno natural que dejó a Manizales sin agua durante varios días. Y yo me pregunto: ¿acaso no fue este un instrumento politiquero utilizado por el nefasto candidato Pinilla, en medio de la tragedia humana que vivíamos? ¿Y acaso la presidenta de la CCC, Cristina López, no era la gerente de campaña del mismo Pinilla? ¿No fue esto entonces más un oportunismo politiquero que una denuncia sana, coherente o valerosa?

Por eso, coincidiendo con las afirmaciones de Alejandro Santos en este diario, me identifico con que "Una organización cívica que no represente de manera genuina el interés de la comunidad está condena a morir. O si todo el mundo sabe que hay una organización que está cooptada por un sector político, pierde legitimidad". Este es nuestro caso. Por eso me duele no poder celebrar este cumpleaños, pues lo que yo veo es a un enfermo terminal dando sus estertores mortales. ¡Y eso no se celebra!