Cada primero de mayo es normal escuchar de lado y lado los datos sobre desempleo. Las centrales obreras saliendo a las calles para reclamar mejores salarios y los gobiernos justificando cifras y promoviendo políticas en favor de empleos formales, dignos y mejor pagos.

En todo caso hay hechos innegables. Es evidente el deterioro en la calidad del empleo en Latinoamérica, entre otras razones, ante la difícil situación económica mundial. El trabajo informal y el subempleo siguen siendo altos y la formalización laboral cada vez es más lejana por los altos costos asociados a la nómina. Según la central unitaria de trabajadores, el 68 % de la población económicamente activa (23 millones de ocupados), está en la informalidad, y la precariedad del empleo sigue en ascenso (los datos oficiales hablan de 40 % de informalidad).

Por otra parte, Fedesarrollo sostiene que el salario mínimo en Colombia es alto frente a México, Rusia y Estados Unidos. Que las altas cargas impositivas son culpables de la informalidad laboral y afectan de manera importante la competitividad del país. Así mismo, señala que en la última década el valor en dólares de contratar un trabajador incluyendo los sobrecostos a la nómina ha estado por encima del 250 %, pasando de 200 dólares en 2003, a 557 dólares en 2012.

Es evidente que en los últimos años ha disminuido el índice de desempleo, mostrando mejorías importantes -en el mes de marzo se situó en 10,2 %, frente a 10,4 % de marzo de 2012-. El buen momento de la economía colombiana debe traducirse en la reducción del desempleo a niveles inferiores a un dígito, tal y como ocurre en un número importante de países latinoamericanos donde el promedio alcanza el 6,5 %.

En todo caso, el Gobierno viene tomando decisiones estructurales como el desmonte de la parafiscalidad, que tendrá efectos positivos en la formalización laboral y contribuirá a generar un número importante de empleos de largo plazo. Del mismo modo, el plan de impulso para la productividad y el empleo, más conocido como Pipe, también redundara en la creación de nuevos puestos laborales.

Anuncios como la creación de la Agencia pública de empleo, que funcionará en 120 municipios y ciudades del país, permitirá concentrar la oferta laboral y contar con una nutrida base de datos donde los empresarios podrán acceder a los perfiles de un gran número de colombianos. Esperamos que tanto industriales como ciudadanos hagan uso de esta valiosa herramienta.

Es necesaria mayor agresividad en la política de empleo, pero sin sacrificar el poder adquisitivo de los trabajadores. Pensar en alzas sustancialmente bajas, so pretexto de afectación de la competitividad del país, no es otra cosa que repartir pobreza en detrimento de la parte débil de esta relación.

No es posible dejar de lado los municipios pequeños, donde la oferta es mínima, la demanda laboral es permanente y no existen datos precisos de desempleo. En estas localidades con alta concentración rural, urgen políticas tendientes a fortalecer las fuentes de empleo de dicho sector.

Establecer salarios diferenciales por regiones como lo propone Fedesarrollo, en nada ayuda a superar los índices de desempleo actuales y supone cierta discriminación laboral. Recordemos el principio según el cual, a trabajo igual, salario igual.