El pasado 13 de marzo, se cumplieron 25 años desde la fecha en que se llevó a cabo la primera elección popular de alcaldes en el país. Gran conquista democrática que permitió mayores posibilidades locales y sin lugar a dudas la expresión más contundente del sentir popular. Los diálogos adelantados entre el gobierno de Betancur y las Farc fueron fundamentales para la aprobación de la correspondiente enmienda constitucional, que mediante Acto Legislativo 01 de 1986 diseñó la arquitectura de tan importante reforma.

De tal trascendencia política fue la decisión, que años más tarde a raíz de la Asamblea Constituyente, la Carta definió al municipio colombiano como la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado. Descripción de talla mayor que suponía una verdadera autonomía territorial y las bases de los principios de la descentralización.

En el pasado, los alcaldes eran designados por los gobernadores quienes a su vez eran nombrados por el presidente de la República sin consideración diferente a los intereses políticos locales. Los que lograban tal designación, generalmente actuaban de manera mediática, con decisiones ausentes de planeación y políticas de largo plazo. El carácter temporal de sus cargos y el desconocimiento del territorio gobernado, se constituyó en la constante de los alcaldes del pasado.

Si bien la elección popular significó el reconocimiento del carácter regional y heterogéneo del país, no puede decirse lo mismo respecto de las competencias que a lo largo de estos 25 años se han atribuido al municipio Colombiano. En efecto, pareciera que cada vez se busca re-centralizar las políticas públicas en detrimento de la autonomía territorial. Es simplemente evidenciar los recortes que a través de los años vienen sufriendo los municipios, por cuenta del hoy llamado Sistema General de Participaciones. En un foro sobre la materia se recordaba: "La participación ciudadana sin promover la descentralización lleva a la frustración, de la misma manera que incrementar las responsabilidades de las entidades territoriales sin adecuar el modelo fiscal solo permite un desarrollo formal y no real de la autonomía territorial".

La seguridad ciudadana se constituye en uno de los cotidianos dolores de cabeza de los mandatarios. Ser la primera autoridad de policía municipal sin herramientas para asumir ese rol, genera frustración y desconfianza de la ciudadanía. El recaudo y manejo de las rentas propias también se constituye en un elemento preocupante. Los pequeños municipios, es decir aquellos de quinta y sexta categoría, no cuentan con recursos suficientes para la prestación del servicio de la función pública, por lo que se hace nugatoria la atención eficiente a la comunidad. Los estímulos para aquellos municipios que cuentan con mejor desempeño fiscal, contradicen el principio de equidad y aumenta más la brecha entre las entidades territoriales poderosas y las localidades de presupuestos mínimos.

El ordenamiento del territorio también impide mayor desarrollo local. Perdimos la oportunidad de dar más alcance a la regionalización, aprobando una Ley de Ordenamiento Territorial que en nada resuelve los problemas de planificación del territorio. Las nuevas instituciones creadas no son más que entidades burocráticas cuyo futuro no será diferente al de las pasadas asociaciones públicas, de recordación negativa para el País.

Es de suyo reconocer que la elección popular de alcaldes, en especial por el manejo autónomo del presupuesto, ha sido permeada en algunas regiones por los grupos al margen de la ley y el narcotráfico, generando altos niveles de corrupción y pérdida de legitimidad. No obstante, es imperativo defender esta institución como puntal de la descentralización y base sólida de la fortaleza democrática de la nación.

Urgen cambios normativos que promuevan mayor fortaleza local. En un sistema exageradamente presidencialista como el nuestro, sería nefasto volver a la odiosa centralización radical del pasado. En momentos en que soñamos con la anhelada paz, el municipio colombiano y sus señores alcaldes, se constituyen en protagonistas de primer orden para ganar legitimidad institucional, enfrentar el postconflicto y erradicar la pobreza.