Jorge Enrique Pava


Nuevamente nos enfrentamos a un proceso de paz con las Farc. ¡Qué miedo! La historia nos ha enseñado que los criminales no ceden gratuitamente ni tienen consideración con el país. Por el contrario, la crudeza de la guerra tiende a incrementarse en estos procesos por la necesidad de los terroristas de mostrarse fortalecidos y porque saben que tienen un interlocutor amedrentado, acobardado y débil que ha dejado ver su fragilidad.
Hay que decirlo con claridad: la desconfianza en unos resultados positivos en este proceso es total. Y aunque el país reclama paz, esta no puede ser a cualquier precio, y mucho menos vendiendo la dignidad de los ciudadanos, de las instituciones, de las Fuerzas Armadas, de la policía ni de sus miembros. Entra entonces en escena un tema que se ha eludido constantemente y que parece no importarle al Gobierno Nacional: la suerte de los soldados y policías víctimas de un sistema judicial perverso y permeado por la injerencia de los grandes grupos de izquierda. Estos vienen pidiendo que se amilanen y degraden las Fuerzas Armadas, y han conseguido que se persiga judicialmente a sus hombres en forma despiadada, dejándolos en el total abandono e indefensión, y sometiéndolos a las mayores injusticias.
Por eso es impresionante lo que se siente cuando Timochenko inicia su diatriba de esta semana advirtiendo que actuarán libres de rencores. ¿Libres de rencores ellos? ¿Acaso han sido las víctimas? ¡No! Los rencores los deberíamos sentir los colombianos de bien que nos mantenemos asediados, acorralados y amenazados por los actos criminales y terroristas de las Farc. Los rencores los deberíamos sentir quienes hemos visto truncado el progreso, el desarrollo y las libertades; los colombianos a quienes se nos han robado las esperanzas de pensar en un futuro, porque todo lo ensombrece la criminalidad, el secuestro, el terrorismo, la muerte y la desolación.
Es triste, pero la persecución que se ha entablado en contra de los miembros de la Fuerza Pública que combaten con estoicismo a los terroristas de las Farc, aparentemente data desde el inicio mismo de los diálogos secretos de este Gobierno. ¿Hará parte de las condiciones impuestas por nuestros enemigos? ¿Cuántos presos más, cuántos procesados más, cuántos condenados más, cuántos arruinados más necesitamos dentro de estas Fuerzas para complacer a los terroristas que hoy asumen la posición de benefactores y salvadores de la Patria?
No puede ser posible además que se piense en la suspensión de las órdenes de captura y de extradición a los verdugos, y al mismo tiempo se arrecie la persecución judicial en contra de los miembros de la Policía y el Ejército Nacional, cuyo pecado consiste en librar duras batallas en una guerra desigual y contra unos enemigos que violan todos los derechos humanos y las normas nacionales e internacionales. Como tampoco lo es que, mientras se busca ablandar las condenas de los criminales a quienes se les ha comprobado sus crímenes y sus atrocidades, los soldados y policías no tengan más remedio que declararse culpables de actos que no cometieron para acogerse a sentencias anticipadas y rebajas de penas.
Se está pensando en la aplicación de una justicia transicional para beneficiar a los criminales de las Farc. Está bien. Admitamos que en estos procesos tiene que haber laxitud en las posiciones y que hay que ceder para lograr fines precisos que beneficien a toda la sociedad. Pero ese mismo rasero y esas mismas consideraciones, por lo menos, se deberían tener con los miembros de la Fuerza Pública que hoy se encuentran investigados, procesados o condenados. Y se deberían rodear de los mecanismos suficientes para garantizarles que sus vidas y las de sus familias no se van a seguir viendo amenazadas o destruidas por las injusticias que el poder judicial comete a diario en su contra.
No aplicarles el mismo rasero desde ya, podría significar la exacerbación de los odios y la continuación del debilitamiento moral de quienes luchan por nosotros. Esas diferencias no se pueden permitir en un proceso que busca justicia, paz, reconciliación y verdad. ¿Cómo se sentiría Usted si su hijo, hermano, familiar o amigo que haga parte de la Fuerza Pública, termina en la cárcel por combatir a los enemigos de la Patria y éstos, en cambio, terminan gozando de libertad, derechos, privilegios, protección y seguridad? No podemos olvidar que esas mismas Fuerzas Armadas que hoy sufren las injusticias y los vejámenes serán las encargadas de proteger a quienes, en virtud de posibles acuerdos, se acojan a beneficios judiciales y a una reinserción a la vida civil y legal. Entonces hay que hacer algo desde ya para evitar que, producto de las injusticias, se genere el rencor (este sí justificado) en estos hombres, y el país termine reventándose por el lado que menos se espera.
Hoy más que nunca tenemos que pensar en el destino de los hombres que a diario exponen su vida para defender la nuestra. No podemos dejarlos en ese abandono en que se encuentran ni permitir que sigan sacrificando sus patrimonios personales para defenderse de su propio Estado. Si queremos justicia, paz y reconciliación, tenemos que empezar por otorgarles los beneficios a los amigos de la Patria; tenemos que empezar por reinsertar a nuestros hombres a sus propias familias; tenemos que empezar por garantizarles que en esta lucha no serán siempre ellos las víctimas. Y después podremos concluir con la cesión de beneficios a quienes decidan reinsertarse a la sociedad. Este sería el inicio perfecto y podría generar algo de optimismo, pues tendríamos nuevamente en las filas a miles de hombres capacitados y con voluntad absoluta para trabajar por Colombia y sus instituciones. ¡Primero, lo primero!
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