Todo el mundo hacía sus apuestas y especulaba sobre la decisión que tomaría el procurador Ordóñez en el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Pero incluso aquellos que presentían la destitución y la inhabilidad no previeron lo que sucedería luego, bien que estuvieran a favor o en contra del alcalde. Ni siquiera el mismo Petro, sus cercanos colaboradores y socios políticos, a pesar de tener lista una estrategia de reacción ante un fallo adverso, se imaginaron lo que sucedería. Por el lado del procurador se puede decir lo mismo; él, que calcula todas sus actuaciones, tampoco se imaginó la profundidad de las consecuencias de su medida. La destitución de Petro traerá nuevos escenarios a la vida política y a lo que ahora llaman la institucionalidad, es decir, la estructura jurídica del Estado, porque lo que acaba de pasar y lo que viene mezcla en proporciones iguales política y derecho.

Ordóñez hizo una apuesta muy alta, y con la destitución de Petro llegó al cenit de su poder. Lo que no calculó es que de ahí en adelante empezaría a languidecer ese mismo poder, y con seguridad lo que sigue para él es una pérdida paulatina de lo que hasta ahora ha sido su omnipresencia en la vida pública nacional. La primera consecuencia es que no podrá aspirar a un tercer período, lo cual, por un vacío que quedó en la Constitución del 91 no le está prohibido a quien ejerza su cargo. Al día siguiente de dejar su oficina será un abogado más entre los 184 mil que hay en el país. Si tenía aspiraciones presidenciales se puede ir despidiendo de ellas, aunque lo cierto es que de haberlas podido concretar, a duras penas habría sido candidato y su votación habría sido muy pequeña, pues su agenda política y su cosmovisión solo convocan a unos pocos. Tal vez pueda en un futuro llegar al Congreso, pero sería uno más, con una influencia ínfima. Ordóñez conquistó la ‘gloria’ como procurador, y de ahí en adelante no le sigue nada.

Petro iba en camino de terminar su alcaldía entre luces y sombras, tal vez más sombras que luces. En algunos aspectos ha tenido iniciativas valiosas, que si se concretan y ejecutan correctamente traerán grandes beneficios para Bogotá en un mediano plazo. Pero ha sido errático en un buen número de materias y ha planteado un tipo de relaciones y de comunicación que no han sido bien recibidas por otros actores políticos y por un amplio sector de la ciudadanía. De no haberse dado este fallo, incluso afrontando exitosamente una revocatoria de mandato, Petro parecía destinado a perder fuerza para las elecciones presidenciales del 2018. Sin embargo ahora todo cambia, y en esta perspectiva hasta le conviene más su salida del cargo en este momento que la posibilidad de continuar en él. Si sale, lo que queda en la mente de mucha gente es su imagen heroica y su estatura política acrecentada. Claro está que para que este escenario se concrete se requiere que más adelante una autoridad competente revoque la inhabilidad impuesta a Petro para ejercer cargos públicos por quince años; y esto es probable que se llegue a dar. Si este escenario se hace realidad podría competirle a Sergio Fajardo por esa cada vez más grande franja de ciudadanos y electores que quieren darle un golpe de gracia a la vieja política. Hasta un día antes de la destitución todos esos votos eran de Fajardo. En cuatro años es muy probable que el presidente salga de este sector.

En lo que sí se han equivocado Petro y sus aliados es en vaticinar que del resultado final que tenga este episodio depende el proceso de paz. Nada más lejano de la realidad. Es obvio que el tema sea seguido con atención en La Habana, pero teniendo en cuenta la envergadura de la negociación, pues ésta plantea un viraje gigantesco en la vida del país, la destitución del alcalde de Bogotá, tal y como se ha dado, se convierte en algo marginal. Lo que sí beneficiará al proceso es la pérdida de poder del procurador Ordóñez, pues éste aborrecía la posibilidad de un acuerdo en la mesa para terminar la guerra en Colombia.

Por último, lo sucedido implicará un remezón en cuanto a interpretaciones jurídicas de competencias y facultades se refiere, además de las reformas legales y constitucionales que con seguridad llegarán. También obligará a reflexionar seriamente y buscar reformas a un perverso y creciente clientelismo judicial en el cual está inmersa la Procuraduría.