El Informe sobre Desarrollo Humano 2011 del Pnud destaca el papel de las élites regionales que en alianza con los grupos armados, paramilitares o guerrilla se han beneficiado del uso de la coerción armada para distorsionar los resultados electorales con el fin de influir en el desempeño de las instituciones, para capturar rentas y para ejercer el poder a su acomodo con plena impunidad.

En las poblaciones y regiones en las que está más consolidado el poder de estas élites son mayores las necesidades insatisfechas de la población, menor el bienestar y también menor la efectividad del Estado.

Esta criminalización regional de la política tiene severas consecuencias a nivel nacional, porque es uno de los pilares sobre los que se monta la corrupción y el clientelismo, y ha debilitado a los partidos y las instituciones del Estado que han perdido legitimidad y capacidad de actuar.

Las élites beneficiarias de esta evolución perversa de la política están sobre representadas en el Congreso, desde donde establecen vínculos estrechos con otras ramas del poder e interfieren con cualquier iniciativa de reforma.

Para asegurar el progreso rural es necesario desmontar esta estructura de corrupción y exceso, pero ella es parte del andamiaje del sistema político vigente.

Como sucedió en el pasado, cuando Carlos Lleras soñó con crear una clase media rural, los gamonales se le van a atravesar a quienes lo intenten. Si vuelven a tener éxito, la pérdida no será solamente del campo y de sus habitantes, sino de todo el país, de su sistema productivo y de la democracia.

Se trata de un gran cambio político para el que no se cuenta con todas las herramientas, pero que seguramente va a ser central en las discusiones que se lleven a cabo sobre el problema de tierras y el programa agrario, pues las élites regionales son el nudo gordiano que se tiene que romper.

Pero otro tipo de élites no tienen por qué excluirse de un proceso de transformación política y social. La FAO dice que hay varios millones de colombianos con hambre.

Ese es un problema político de los alcaldes, en primer lugar, y del Gobierno central. Pero la economía y el sector rural colombiano se beneficiarían enormemente si se organizara la producción agrícola para proveer o financiar con exportaciones buena parte de los alimentos que se necesitan.

El Pnud espera implícitamente que esto suceda como resultado de una reforma de la estructura de propiedad y producción agraria y una transformación democrática del poder local.

Distribuir la tierra en lotes medianos es una opción para desarrollar una pequeña burguesía rural, pero no es viable en varias regiones o para todos los cultivos.

Algunos de ellos, por ejemplo el de palma africana, requieren grandes extensiones, pero pueden funcionar con alianzas productivas entre un capitalista promotor que provee asistencia y compra el producto para su industria y familias de campesinos productores que son propietarios de los cultivos.

Ese agente capitalista necesariamente debe establecer relaciones equilibradas con sus proveedores. Probablemente proviene de una élite de naturaleza diferente a las tradicionales porque cuando ellas conciben esas alianzas las formulan como modelos de explotación y sumisión de los campesinos.

El proyecto de Carimagua, de la anterior administración, fue objeto de vehemente oposición porque se sospechaba que se había concebido con ese criterio, pero hay otros que funcionan porque se respetan los derechos de los productores campesinos y se tienen en cuenta su organización y sus aspiraciones.

No doy el nombre de los que conozco porque se le escaparon a ‘Iván Márquez’ de su lista de boleteados.