Manizales, Neira, Villamaría, Chinchiná y Palestina llevan años buscando la forma de consolidarse como área metropolitana. Los alcaldes se reúnen, se habla con los transportadores, se hacen trabajos de infraestructura en vías, se hacen foros... pero siempre pasa algo que impide tal desarrollo. Por lo general, una leguleyada.

La más reciente ha sido la decisión de la juez María Estella Agudelo, que ordenó parar las obras del cable aéreo en Villamaría, y que conectaría a este municipio con la estación de Los Cámbulos, porque esta se construye cerca a su plaza principal, afectando su zona histórica. El proyecto de esa línea de cable tiene una inversión de $27 mil millones de los cuales ya se han ejecutado 9 mil 600 millones de pesos, y se esperaba que estuviese listo para comenzar pruebas el segundo semestre de este año. Ahora, ante las recientes eventualidades, no se sabe cuándo concluirá el trabajo, si habrá que cambiar la estación de lugar... Además, el fallo ordena al alcalde de Villamaría, Jairo Antonio Valencia, a reconstruir las casas ya intervenidas para el cable aéreo (compradas con recursos del departamento y ese municipio), en un término no mayor a 12 meses.

O sea, también ordena reconstruir la Casa Consistorial, un inmueble al que dejaron derrumbar por la desidia de pasadas administraciones y la indolencia de algunas personas. Una estructura de 132 años que hubo que terminar de demoler porque ante su mal estado representaba un peligro para la comunidad. ¿Dónde estaba la juez Agudelo para defender esta casa antes de que la dejaran caer? La decisión de esta señora es un balde de agua fría sobre los intereses de la comunidad (que según una encuesta contratada por Inficaldas, el 87% de los habitantes de Villamaría está de acuerdo con la construcción del cable y no cree que este atente contra su patrimonio histórico) y de los mandatarios regionales, incluyendo al gobernador Guido Echeverri, por querer integrar al municipio de Manizales con el de Villamaría.

La piedra en el zapato en todo esto del cable a ‘la Villa’ ha sido la casa del marco de la plaza donde queda una panadería, Pan Calientico. Predio que pertenece al magistrado Fernando Giraldo, con el que se ha intentado negociar en varias oportunidades, y a quien finalmente le iban a expropiar el terreno por orden del exalcalde Luis Fernando Marín, orden que se anuló tras la decisión de la juez. Esa casa, si la ven cuando vayan a este municipio, no es un patrimonio histórico. Puede que la zona sea histórica (o lo era hasta que se cayó la Casa Consistorial), pero esa panadería y sus vecinas -el supermercado Superofertas y la droguería- poco o nada tienen de patrimonio histórico. Son edificios anacrónicos, reformados sin respeto alguno por conservar la estética de la plaza.

Pero si nos vamos por la senda de lo que se debe o no respetar en cuanto a zonas históricas, en el purismo, en Manizales no se debió construir el moderno Palacio de Justicia al lado del republicano Edificio Sáenz, o de la catedral neogótica de cemento vaciado. Y hace rato se debió reconstruir el Teatro Olimpia en ese hueco que hoy es un parqueadero público. Nade de eso se hizo, pero para bien o para mal, ahí están. Creo, entonces, que la llegada del cable aéreo hasta la Plaza Principal de Villamaría es una posibilidad de recuperar ese sector. No es necesario que esta estación sea ultra moderna, puede -con una adecuada asesoría y curaduría- ser un foco arquitectónico para recuperar el sector y una puerta de entrada al ‘Jardín de Caldas’.

En Manizales se están haciendo intervenciones como estas en la Normal Superior y hay planes para el edificio en bahareque donde quedaba el colegio Alfonso López Pumarejo. La recuperación de los espacios sí es posible, con el apoyo de la comunidad y las entidades gubernamentales (que en el caso del cable aéreo lo tiene), con una buena gestión y sin la necesidad de reconstruir lo ya desaparecido, como sería el caso de la Casa Consistorial. Volverla a hacer sería como hacerle una rinoplastia a la Gran Esfinge de Guiza.

Lo de la zona histórica, en el caso del cable aéreo, es una disculpa. La arista principal en este tema es la plata, cuánto pagaron realmente por las casas y cuánto están dispuestos a pagar por la casa del magistrado Giraldo. Cuánta presión política se puede ejercer en este tema para que otras cosas revienten por otro lado. Cuánto hay en dineros públicos y cuánto se puede destinar en coimas por debajo de la mesa. Trabas y leguleyadas.

La juez Agudelo menciona movimientos "viciados" a la hora de comprar los predios adyacentes con dineros públicos (LA PATRIA, edición 32.173). La juez, que no sé de dónde es, parece desconocer cómo se manejan las cosas en Villamaría; allí todo lo que involucre lo público tiene ese tinte "viciado": ahí están las denuncias sobre irregularidades en la administración del hospital San Antonio que se han hecho a la Contraloría General de la República (Código de solicitud: 2010-10983-80172-D y Radicado de solicitud: 2012, y que no han prosperado). O la condena a 5 años y 4 meses de cárcel al exalcalde Alberto López Osorio por contratar verbalmente la elaboración de un pesebre por 4 millones de pesos. A los dineros públicos en Villamaría se los rapan como al pan calientico.