Abruma el incremento exponencial del robo de ganado en el país. Pero lo más grave es que a nadie parece importar las dinámicas que este delito está generando en región. Más allá de las estadísticas -que acusan un elevado sub-registro- cobran vida esquemas de macro-criminalidad, fuera de todo control. Son redes que involucran un número creciente de individuos, cuyos delitos inician en el abigeo y pasan por el transporte y sacrificio clandestino y el comercio ilegal de carne y ganado en pie. Un negocio redondo que mal contado asciende a $1 billón al año. Con un atenuante: la desarticulación de las bandas, contrasta con las decisiones de los jueces para liberar a los detenidos, en un círculo perverso que deja a los denunciantes expuestos a la extorsión, el secuestro o el asesinato.

El flagelo ha sido subestimado, despreciado por el Gobierno y las entidades oficiales, responsables de corregir el rumbo equivocado de las políticas públicas para hacerle frente. Los paños de agua tibia muy coyunturales, siempre recaen en la Policía Nacional, cuyos esfuerzos chocan con la lectura amañada del Código Penal. Una norma que pese haber sido modificada -por mediación de Fedegán- para endurecer las condenas y eliminar los beneficios de excarcelación o la suspensión de penas, no ha servido de mucho. Siento que las fallas institucionales son tan protuberantes, que han hecho inoperante el régimen punitivo y la acción policiva a lo largo de la cadena delictiva que, incluso, involucra a quienes ocultan o encubren a los malhechores.

El lastre de este flagelo golpea la rentabilidad de los productores con pérdidas millonarias e irrecuperables en la mayoría de los casos. En otras palabras, las menguadas ganancias de los ganaderos de Santander, Cesar, Sucre, Atlántico, Huila, Córdoba, Casanare o Caquetá -en donde el abigeo es cotidiano- se están quedando en los bolsillos del hampa organizada. Pero, de contera, sus efectos están generando un problema de salud pública, ante la ausencia de un sistema de vigilancia epidemiológico eficiente. No es un secreto que en muchos municipios se consume carne de animales robados y sacrificados en "potreros" o planchones, prácticas que no necesariamente ocurren en la manigua, sino a pocos minutos de cabeceras y carreteras principales del país.

Pregunto ¿A quién acudimos para que nuestras demandas legítimas sean escuchadas por los canales democráticos y legales? No es posible que un sistema como las Guías de movilización de ganado -que Fedegán operó hasta hace poco de manera sistematizada y en tiempo real- haya dado un salto al pasado bajo la responsabilidad del ICA. Ahora rige un trámite manual, que habilita irregularidades incluido el fraude, como Fedegán pudo comprobarlo. Más aún ¿Cuándo tendremos una política de control a la informalidad, definida en el Decreto 1500 cuya vigencia ha sido aplazada por este Gobierno? Son transacciones fraudulentas de cerca de $4 billones, de los cuales al menos ¼ está asociado al crimen organizado del abigeato que nadie controla. ¿Cuándo tendremos un esquema de trazabilidad para identificar el ganado o un sistema zoosanitario que ponga fin al sacrificio clandestino de bovinos y la compra-venta ilegal de animales?

La dramática magnitud del abigeo, sumado a la connivencia entre la delincuencia común y el crimen organizado, el reciente interés de las guerrillas como alternativa de financiación y los delitos asociados a este flagelo, claman respuestas. Es un asunto de seguridad pública y ciudadana y de salud, que requiere medidas urgentes más allá de corregir fallas en la prestación del servicio público de la protección a la vida, honra y bienes de los habitantes rurales. En su resolución deben converger Fiscalía, autoridades territoriales, la institucionalidad sanitaria y los Ministerios de Agricultura, Defensa y Salud, entre otros. No es un problema de ganaderos y claramente sobrepasó la responsabilidad policiva.