A medida que pasan los días el flujo de información que nos llega se vuelve más voluminoso, más contundente y más preocupante; y a la vez más peligroso. Porque infortunadamente en esta sociedad se suele sacrificar al portador de las malas noticias, en vez de proceder en contra de los poderosos. Y eso lo hemos advertido de sobra.

En este mismo espacio denuncié la existencia de unas transacciones secretas orquestadas entre el entonces gobernador Guido Echeverri y Marcelo Mejía, gerente de Inficaldas, en todos los temas relacionados con los proyectos hidroeléctricos caldenses, que son los de mayor relevancia, importancia y trascendencia para nuestro departamento. Pero como se trataba de ese gobernador que querían hacer aparecer como el más inmaculado, impoluto y decente hombre sin cuya presencia Caldas sería un desastre, todo quedó en silencio y se hicieron oídos sordos.

Pues bien, en reunión del Consejo Directivo de Inficaldas realizada el 22 de agosto de 2013, se trataron estos y otros temas con alguna profundidad y, de acuerdo con el acta de dicha reunión, podemos concluir con certeza lo siguiente:

Miel II: los detalles del proceso eran un secreto para los miembros del Consejo Directivo de Inficaldas. Las negociaciones se efectuaron a espaldas de ellos y se procedió a ofrecer el proyecto a EPM Medellín entregándole toda la información en forma privilegiada y secreta amparada incluso en un acuerdo de confidencialidad firmado en octubre de 2012. En la práctica, íbamos a hacerle entrega a este grupo antioqueño de otro de nuestros grandes proyectos, tal como pasó con Miel I, Chec, ISA, Encimadas-Cañaveral, etc. No obstante, cuando los ojos de la comunidad se posaron sobre este proyecto, se anunció que cualquier negociación se haría por licitación pública, a sabiendas de que ya había un ofrecimiento privado y secreto y una gran empresa como EPM era conocedora de los pormenores del proyecto, a título gratuito para ellos, pero demasiado oneroso para nosotros. ¿Esto es transparencia?

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH): el 21 de noviembre de 2012 se firma un memorando de Entendimiento entre Inficaldas y la Unión Temporal Centrales Hidroeléctricas del Oriente de Caldas (UT CHOC), mediante el cual Inficaldas se obliga a "hacer las gestiones ante las autoridades administrativas del orden nacional o departamental que se requieran para el trámite de las licencias ambientales" y se compromete a "hacer el acompañamiento en el trámite de licenciamiento" además de "gestionar el acompañamiento permanente del Ejército nacional en la zona de construcción y operación de cada uno de los proyectos".

De once proyectos que se tienen en mira, solo tres cuentan con licencia ambiental. En el mencionado memorando se le "otorga" a Inficaldas la posibilidad de invertir hasta en el 30% de los proyectos, con la condición leonina y perversa de que en los tres proyectos licenciados, el plazo máximo para invertir sería hasta el 30 de marzo de 2013. Y en el mismo memorando se establece que la inversión de Inficaldas se haría de acuerdo con lo permitido en la disponibilidad presupuestal, la cual era cero, y de ello tenían conocimiento tanto el gerente como el gobernador. Es decir, entregaron la propiedad absoluta de los proyectos en ejecución a cambio de obligarse a seguir gestionando las licencias de los demás proyectos. Otra vez nos quedamos sin los proyectos, sin las empresas, sin la posibilidad de inversión y sin la rentabilidad que estamos acostumbrados a ceder de nuestros recursos naturales. Además, si somos tan expertos en la consecución de las licencias de los proyectos, ¿por qué no las conseguimos para nosotros, en lugar de hacer el trabajo para beneficio ajeno?

¿Y dónde está entonces el Consejo Directivo de Inficaldas cuya responsabilidad es solidaria? Pues curiosamente tampoco de este memorando ni de las negociaciones que se adelantaban, ni del estado de los proyectos se tenía conocimiento en el Consejo Directivo, ya que nunca se contó con su aquiescencia, ni su concepto, ni su consideración para hacer estas transacciones que, a la postre, terminan entregando en forma definitiva recursos naturales nuestros para que se beneficien empresarios privados de otras latitudes. ¡Y esto, en el gobierno decente de Guido Echeverri! Vuelvo a preguntar: ¿esto es transparencia?

A la tragedia por la que atraviesan nuestros más importantes proyectos hidroeléctricos hay que ponerle el máximo cuidado, ya que podemos estar a tiempo para recuperar algo de lo que desvergonzadamente se entregó. Y que no se diga que son denuncias oportunistas ni politiqueras, pues ya la contienda electoral pasó; aquí lo que hay es una situación de extrema gravedad que puede llevar al traste la estabilidad de Inficaldas empresa a la que, producto de la Ley 550, se le quedaron además encerrados más de 39 mil millones de pesos en la masa de acreedores del departamento, y hoy se encuentra en un estado de iliquidez que en nada se compadece con el volumen de contrataciones denunciadas en días pasados.

Aquí, por lo menos, Marcelo Mejía está poniendo la cara y atendiendo las inquietudes y asumiendo su responsabilidad. Pero la verdadera responsabilidad le atañe directamente a Guido Echeverri. ¿Qué tendrá para decir?