Luis F. Gómez


La historia de la relación del Estado y la Iglesia ha pasado a lo largo del tiempo por distintos paradigmas, muchos de ellos marcados por los excesos de lado y lado. En unos tiempos hubo la confusión entre ambos órdenes generando relaciones entre la Iglesia y el Estado propias de unas verdaderas teocracias; mientras que en otras oportunidades, la persecución y la limitación a la expresión religiosa generaron abismos infranqueables. Pues bien, en la reciente carta que el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Rubén Salazar Gómez, le dirigió a los congresistas sobre el proyecto del matrimonio igualitario, deja patentes unos criterios bien interesantes sobre esta relación, que implican una distancia respetuosa entre ambos. Veamos algunos de estos aspectos.
Dice el cardenal: "El respetuoso desacuerdo de la Iglesia frente al denominado ‘matrimonio homosexual’ no está fundado en posturas intolerantes y discriminatorias o en la voluntad de "imponer" a la sociedad un credo religioso al margen del sano pluralismo democrático". Hay un reconocimiento de que en el país no se pueden identificar orden legal y credo religioso, ello es fundamental en una sociedad plural y diversa; y es clave que la Iglesia lo afirme, pues en el pasado no siempre la Iglesia era consciente de ello, en efecto, en no pocos momentos la Iglesia ha querido sencillamente imponer a los demás sus creencias o las consecuencias éticas de sus creencias. Hoy toma una distancia prudente y respetuosa. Sabiendo que tiene una palabra importante sobre el devenir social, pero diciéndose que no puede aspirar a que se imponga a todo el mundo. Hay un gesto importante de humildad en la afirmación del presidente de la Conferencia Episcopal. Y que seguramente le hará mucho bien a la Iglesia y a su credibilidad.
De otra parte, el reconocimiento de una sociedad plural y democrática y donde se califica este pluralismo como sano, da un sentido mucho más amplio de lo que pueden ser esas relaciones entre la Iglesia y el Estado y la misma sociedad, dentro de una dinámica de respeto, mutua fecundación y reconocimiento de los otros distintos. Cuando se habla de no tener la pretensión de imponer, es una aceptación seria del valor de la pluralidad y de los distintos niveles y vías del desarrollo moral, que hay que respetar históricamente, para no atentar contra la autonomía y libertad personales.
Se trata, pues, de una relación mucho más respetuosa del rol del Estado y de la Iglesia en sociedad. Que implicará seguramente nuevos imaginarios colectivos sobre el rol de cada quien, que tendremos que ir construyendo y que seguramente brindarán relaciones mucho más creativas, más generosas y más fecundas.
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Finalmente, sobre la óptica de relación de la Iglesia con las personas homosexuales, quisiera resaltar dos apartes del comunicado del cardenal: "El Episcopado colombiano consciente de que, más allá de la orientación o del comportamiento sexual de cada individuo, toda persona tiene la misma dignidad fundamental ante Dios y ante el Estado". Y el otro: "El Estado tiene, ciertamente, la obligación de eliminar toda forma de discriminación injusta que pueda ser ejercida contra los homosexuales o contra cualquier otro ciudadano". Ambas declaraciones seguramente ayudarán decididamente a que, ahondando en ellas y sus consecuencias, se puedan encontrar soluciones para asegurar que todos los miembros de una sociedad se consideren incluidos, respetados, valorados y protegidos.
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