Inexplicablemente el Censo Nacional Agropecuario salió de las prioridades de la agenda pública. Aunque su financiación estaba asegurada en un 80% -con adiciones por $56 mil millones del presupuesto de 2012 y $150 mil millones aforados para 2013- la asignación final hizo agua y hoy solo están disponibles $30 mil millones. Eso da la medida de la poca importancia que tiene el sector para los tomadores de decisiones en materia de política pública. Y lo es más, cuando el país debe obligarse a tener una mirada más profunda sobre las inmensas posibilidades de desarrollo para el campo, a propósito de la creciente demanda agroalimentaria mundial, la oferta de energía renovable -biocombustibles- o los graves impactos ambientales que golpean con mayor rigor y frecuencia al planeta.

Parece, desafortunadamente, que lo rural solo interesa para satisfacer exigencias de sectores armados. Ellos, por supuesto, sí saben para qué sirve y mucho más, cuando el control territorial que imponen les permite hacer de las suyas, para traficar drogas y victimizar productores. En el entre tanto, es un hecho que necesitamos cifras y las necesitamos ahora, porque se está decidiendo la transformación del mapa rural desde múltiples frentes, activados con la Ley de víctimas y restitución de tierras, la Ley de Extinción de Dominio, el proyecto de Desarrollo Rural, la firma de TLC y las negociaciones con la guerrilla, sin que dispongamos de una radiografía real sobre las dinámicas productivas del campo, sus estructuras socio-económicas, la oferta nacional agrícola y pecuaria o la ocupación y uso del territorio.

Está de moda hablar de reforma agraria, pero nadie sabe cuántas son las tierras de los narcos para extinción de dominio, las que podrían ser expropiadas por "improductivas" o dónde están y quién tiene los baldíos de la Nación. Más aún, por estos días el país no para de discutir sobre la concentración de la propiedad, cuando desde hace décadas asistimos a la consolidación del minifundio y la pequeña propiedad, cuya magnitud ignoramos. Pero, además, desde el discurso de Márquez, muchos decidieron abanderar las preocupaciones del desarrollo humano rural, la inseguridad alimentaria o la inversión extranjera en el campo, aunque poco se sabe del tamaño real de la oferta agroalimentaria o los déficits de bienes públicos que acosan al campo.

Postergar su ejecución para 2014, no es aconsejable. El "riesgo electoral" puede hacernos pagar un precio muy alto con un censo malogrado o dejarnos en la penumbra de las estadísticas caducas de hace 42 años. Necesitamos hablar de realidades y, ello pasa por reconocer que no es viable ejecutar un censo agropecuario en 2014, cuando en el país se están jugando las consultas previas, la primera y segunda vuelta presidencial y la elección de Senado, Cámara, ni menos, en 2015 cuando se eligen alcaldías y gobernaciones y se reconfiguran gobiernos territoriales.

En otras palabras, si nos va bien y contamos con la voluntad política del siguiente gobierno, tendríamos censo agropecuario en 2016 ó 2017. Vergonzoso, cuando nuestros principales competidores en la subregión -México, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay- actualizaron los suyos en la última década. En otras palabras, no tenemos parámetros comparativos internacionalmente pero, además, en el pulso por la paz, la carencia de este censo se puede convertir en "patente de corso", para que las Farc coronen en sus ambiciosas pretensiones, montadas sobre una Colombia rural muy diferente a la de hace 40 ó 50 años.

Me niego a creer que nuestros tecnócratas consideren inútil este gasto. Sé de los esfuerzos que hace el Ministro de Agricultura. Ahora la responsabilidad recae en Planeación y Hacienda, que incumplen el Plan Nacional de Desarrollo. Urge un mapa actual de "lo rural" para hablar el mismo idioma, para evitar que cada quien estire o encoja las cifras a su acomodo, porque hoy ni el más avezado se atreve a desmentirlas sin bases ciertas para controvertir. Así de complejo y lamentable ha sido el diseño y ejecución de las políticas públicas rurales en las últimas 4 décadas. Si todos partimos de la misma base, los consensos calificados fluirán naturalmente, en torno a los verdaderos proyectos que pueden cambiar, para bien, el paisaje productivo rural y la economía del país.