En Quibdó se celebra el primer Congreso Nacional del pueblo negro, con motivo de los 20 años de la ley de negritudes, una ley que adoptó un régimen especial de propiedad colectiva de la tierra para las comunidades negras y un modelo de patrimonio que convirtió a los negros en guardabosques.

Una ley que en lugar de ser un instrumento eficaz para reducir la pobreza e impulsar el desarrollo económico de los negros, se ha constituido en uno de sus peores obstáculos para su progreso. Un tipo de propiedad que consagra un "apartheid" que ha generado un impacto económico negativo en el desarrollo de las comunidades negras.

Una legislación que como se concibió está generando más atraso que desarrollo, porque en lugar de atraer inversión económica a los territorios colectivos las ahuyenta. Y además por la engorrosa tramitología de las consultas previas se han frenado la inversión pública y las construcciones de obras de infraestructura, y de paso el crecimiento económico. De manera que el impacto de esta legislación en el desarrollo, en la generación de riqueza, y puestos de trabajos en los territorios colectivos ha sido desastroso.

El panorama económico y social en los territorios colectivos es cada vez más crítico por el aumento de los índices de pobreza, desplazamiento, violencia, desempleo y de descomposición social. Lo polémico de este asunto es que mientras la mayoría de los negros se debaten entre el hambre, la pobreza y la violencia, una minoría de sus líderes, que controlan los negocios de las consultas previas, los permisos mineros, madereros y de canteras, al igual que las representatividades ante los organismos estatales y los cobros por los cultivos de droga en los territorios, son los que gozan de los usufructos de la ley.

Las consecuencias de esos negocios oscuros de esas minorías de empresarios y mafiosos con el Estado han sido la destrucción de los territorios y sus ecosistemas por la minería indiscriminada y la tala de bosques, que han generado masivas contaminaciones de las cuencas hídricas y acabado con las fuentes de trabajo de millares de campesinos.

Ahora, resulta increíble que en 20 años no se haya reglamentado una norma que como está concedida está cerrando oportunidades de progreso a miles de negros. Pero eso explica la falta de voluntad política del Estado y de liderazgo de los negros, que se han quedado en debates intrascendentes y no han sido capaces de innovar y liderar con eficacia un cambio radical en las políticas afro.

Por eso, dos décadas después, no se han formalizado los capítulos cuarto, que trata de los usos de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, quinto que se refiere a los asuntos mineros, y séptimo referentes a la planeación y el fomento del desarrollo económico y social. Sin esas regulaciones la Ley 70 sigue siendo una norma que genera más pobreza que desarrollo y un instrumento ineficaz para resolver los problemas estructurales de pobreza que afectan a millones de negros.

Otro aspecto que se debe reformar es el de los inembargables, imprescriptibles e inajenables, porque si bien estos aspectos sirvieron para evitar una expoliación masiva, desde ese punto de vista cumplieron su propósito y es hora de reformarlos, porque como están ideados, un campesino sin dinero, sin acceso a la tecnología ni a créditos, no tiene los mecanismos económicos idóneos para poner a producir la tierra en términos de competitividad que le permita salir de la pobreza.

Los líderes negros tienen que pensar más en iniciativas privadas que en el paternalismo estatal, dado a que el Estado no ha tenido, ni tiene, ni va a tener voluntad política de ofrecer un programa de crédito y de asistencia de largo aliento para que los beneficiarios del régimen colectivo desarrollen empresas agrícolas, o pecuarias, o de otra índole y que permita dinamizar el crecimiento económico y sacar a millones de negros de la pobreza. No pueden seguir pensando en utopías y esperando una redención económica estatal que no va a llegar a la luz de los cambios que van adoptando en sus estructuras los Estados modernos.