Jorge Enrique Pava


Está empeñado el Gobierno Nacional en buscar culpables por todas las aberraciones que cometió con la reforma a la justicia, y en endilgar responsabilidades por sus desafueros. Pensó, en un principio, que con defenestrar al Ministro de Justicia, los colombianos íbamos a aceptarlo como su única cuota de responsabilidad e iba a ser suficiente. Luego, pasó a convertirse en el peor enemigo de una reforma constitucional parida en las entrañas de su propio Palacio, pensando tal vez que le íbamos a comer cuento, pero todo fue inútil. Los colombianos hemos llegado a un extremo de saciedad y desespero tales, que por más maromas que se hagan para evitar que la imagen del Presidente, las Cortes y el Congreso sigan en picada, va a ser imposible lograrlo.
Pero hay algo más curioso: hoy para el Gobierno Nacional resulta que el responsable de toda esta debacle es Álvaro Uribe Vélez. Parece no acordarse de que el mismo Gobierno urdió toda la reforma conjuntamente con las Altas Cortes y, por supuesto, con el Congreso Nacional. Durante los ocho debates se analizaron todos los puntos del acto legislativo y cada quien metió basa hasta donde pudo y quiso, adicionándole o suprimiéndole lo que a bien tuviera, buscando siempre beneficios personales y exenciones aberrantes, con la aquiescencia de todos los participantes.
De ahí que resultara una reforma cosida a múltiples manos donde cada quien ponía su parche en el lugar que quisiera, sin importar la estética de su costura. Y de ahí también que, en últimas, se haya construido una reforma orientada a favorecer directamente a magistrados, congresistas y personalidades del ejecutivo que estaban involucrados hasta los tuétanos en procesos penales vergonzosos, y próximos a ser condenados.
Pero ya este tema está suficientemente trillado por el momento y sobre él se ha debatido hasta la saciedad; ya habrá tiempo para ahondar en el asunto. De lo que es tiempo hoy, es de analizar las responsabilices personales de algunos en quienes depositamos nuestros votos.
En Caldas se salva Jorge Enrique Robledo quien fue el único que votó negativo. Los demás actores caldenses, bien o mal, asumieron su cuota de responsabilidad, con excepción de Mauricio Lizcano. Este Senador, por más que quiera eludir su participación, viene a ser uno de los más culpables pues a pesar de ufanarse de no haber votado la reforma, participó en sus discusiones en diferentes etapas y contribuyó a la formación del peor engendro jurídico en la historia reciente del país. ¿Por qué, si su voto no aparece en la sesión donde se aprueba definitivamente este adefesio, podemos afirmar su responsabilidad? Pues porque, como mínimo, fue uno de los firmantes de la proposición mediante la cual se les otorgaba el fuero a los secretarios de Cámara y Senado. Un fuero que los elevaba al carácter jurídico del Presidente de la República y les otorgaba iguales beneficios de impunidad.
Otros se preguntarán: ¿Y qué tiene de malo que Lizcano haya propuesto este beneficio para los secretarios si en últimas fue apenas uno más de los desaciertos planteados? Pues, primero, demuestra la participación de este Senador en la construcción de la Reforma; y segundo, que el poder que ostentan dichos secretarios es tal, que pueden manejar en un momento dado el orden de sesiones decisivas, así como la asignación de privilegios, modificación de textos, prelación de la palabra y otros mecanismos que, bien manejados, redundan en el poder de manipulación o protagonismo en las sesiones de su respectiva cámara.
¿Y por qué menciono a Lizcano y no a los demás congresistas caldenses? Pues porque fue el único que salió al día siguiente de hundido el adefesio a tratar de evadir sus responsabilidades, de ocultar su participación y de posar de impoluto. Los demás, cada uno a su manera, repito, asumieron su cuota de responsabilidad y eso, en medio de tanta inmundicia, es por lo menos un respiro.
Que no nos crea tan tontos entonces Mauricio Lizcano. Él sí participó en la construcción del acto legislativo que tiene al país en la peor crisis de su historia reciente. Y su participación fue activa, dinámica y efectiva, lógicamente de acuerdo con sus intereses. No hay tal que hubiera sido sin su aquiescencia ni con su renuencia. El hecho de que se hubiera retirado de las sesiones al momento de la votación no significa que no le hubiera aportado al adefesio constitucional. Por el contrario, significa un acto de irresponsabilidad extrema, pues no podemos asumir que un violador que engendra una criatura y se complazca en su concepción, pierda toda responsabilidad por no estar presente en el momento del parto.
Él sabe del proceso que se surte en la Corte Suprema de Justicia y de los beneficios con que quedaría cobijado al aprobarse la reforma. Luego, si no la compartía y le parecía antiética, bien pudo haberla votado negativamente, máxime cuando su impedimento para votar le fue negado en el mismo Senado.
Aquí hay muchos culpables, es cierto. Lo que ofende es que nos crean estúpidos y se traten de lavar las manos públicamente, engañando a unos electores que estamos saturados de tantas mentiras y abusos. Por eso el bajón del presidente Santos y la lejanía de una reelección. Esas mismas consecuencias las deberían asumir quienes actuaron dentro del proceso y, con mayor razón, quienes han salido a posar de moralistas, cuando en ocho debates participaron activamente en la configuración de este engendro.
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Nada más perjudicial para Caldas que lo que nos ocurre hoy. Cuando al fin parecíamos haber logrado la paz en la administración departamental, se agitan y enturbian las aguas con el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y después de lo sucedido en el Congreso, ¿quién le cree a Lizcano que no tuvo participación en los líos jurídicos que vive hoy el gobernador Guido Echeverri? Si trata de ocultar su participación y protagonismo en una reforma tan lesiva para el país, aduciendo impedimentos éticos, ¿podremos creer que todo lo que nos ha pasado ha sido a sus espaldas? No hay peor soberbia que una nobleza fingida. Y no hay peor falta de ética que argumentarla como causa para proceder en beneficio propio, a costa del futuro del país.
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