Jorge Enrique Pava


Alfredo, hombre trabajador y dedicado, devenga poco más de un salario mínimo en su relación laboral y es un hombre juicioso y entregado a su hogar. Los ingresos familiares le alcanzan apenas para la subsistencia básica y el pago de las cuotas de un crédito obtenido para la adquisición de su nueva vivienda, pues la anterior -conseguida con el fruto de su trabajo y de jornadas extras sacrificando noches y fines de semana- logró acabarla de pagar hace unos seis años.
Por el monto de su patrimonio, y por su estricta organización, se ha visto obligado a presentar las últimas declaraciones de renta, en las cuales ha denunciado sus ingresos laborales, además de unos escasos arrendamientos que recibe por el alquiler de su antigua propiedad, con los cuales se ayuda para vivir dignamente.
Pero una grave amenaza se cierne sobre él: la alcaldía, en una medida arbitraria, abusiva y extravagante, se dio a la tarea de oficiarlo a través de la Secretaría de Hacienda, para que denunciara el concepto de sus ingresos recibidos desde al año 2007 y así tener elementos para exprimirle unos dineros extras por el supuesto impuesto de Industria y Comercio. ¿Es justo? ¡Claro que no! A este hombre, cuyos ingresos apenas le alcanzan para subsistir, le van a esquilmar el equivalente a más de un salario mensual, en virtud de un procedimiento sorpresivo, alcabalero y represivo. Veamos:
Como Alfredo respondió que desde hace unos años, parte de sus ingresos provienen del arrendamiento de su antigua vivienda, le van a exigir que presente sus declaraciones de Industria y Comercio desde el 2007 porque supuestamente estaba obligado a ello; es decir, tendrá que presentar cinco declaraciones (desde el 2007 hasta el 2011) en las cuales se deberá autoliquidar unos impuestos (4 por mil) sobre los arrendamientos recibidos, además de la sanción de, como mínimo, $130.000 por cada declaración por haberla presentado extemporánea. A esto hay que sumarle el valor de los impuestos y los intereses de mora. En resumen, a Alfredo le tocará pagar como mínimo $650.000 por sanciones, más los impuestos de cada año, y más la contribución bomberil. El pobre Alfredo no podrá salirse de este lío con menos de $700.000, adicionales a los pagos que le ha efectuado al municipio por impuesto predial y otros cargos.
Y vuelvo a preguntar: ¿es esto justo? Ya hemos mencionado la ineptitud administrativa del Alcalde para gestionar nuevos recursos, y la gran mayoría de manizaleños ha permanecido muda, en un silencio cómplice e incalculablemente perjudicial. Pero de ahí (de la ineptitud) a la arbitrariedad, tiene que haber una gran diferencia. Los manizaleños no podemos permanecer callados cuando vemos cómo se van a venir en contra de sus propios habitantes las medidas alcabaleras de Rojas. Ni podemos permanecer genuflexos y atemorizados cuando miles de manizaleños serán despojados de cuantiosos recursos que son vitales para la estabilidad familiar. ¡No señores!
Pero eso no es todo. Si el fruto de los ahorros de Alfredo estuviera invertido en alguna empresa con domicilio en la ciudad, y esa empresa generara utilidades, él tendría que pagar impuestos sobre las utilidades de la empresa, no obstante que ella hubiera pagado sus propios impuestos sobre la totalidad de los ingresos. ¿Qué inversionista se verá incentivado entonces a establecerse en Manizales cuando sabe de antemano que va a ser objeto de doble tributación, y que será exprimido por el municipio? ¿No será mejor propiciar mayores condiciones para la inversión? ¿Podrá aguantar una clase trabajadora, honesta y cumplidora de su deber, que en cualquier momento se le dé a la administración municipal por llenar sus arcas con improvisados gravámenes sacados de una leguleyada?
Realmente aquí debería primar el sentido común que, por lo visto, es el menos común de los sentidos del Alcalde. ¿Cuáles serán las consecuencias de conseguir hoy unos cuantos pesos? ¿Desterrar a los inversionistas? ¿Cultivar la evasión? ¿Sacrificar gran parte de los ingresos familiares de trabajadores honestos, formales y que son contribuyentes de otros impuestos que le gravan los mismos bienes o inversiones?
Para Alfredo (personaje ficticio) el repudio que puede sentir por una ciudad que lo exprime descaradamente y que lo obliga a pagar unos dineros que bien podrían estar cubriendo sus necesidades básicas, no puede ser mayor. Estas son medidas que desgarran el sentido de amor por la ciudad; que llevan a que los dineros que hoy rotan en su economía salgan despavoridos para otras latitudes menos ambiciosas y menos descaradas; que ocasionan desánimo, desilusión y desmotivación.
Y no se trata de que estemos en contra de las contribuciones legales, lógicas, adecuadas y justas. ¡No! Se trata es de reclamar porque el municipio pretende apropiarse de los dineros de los habitantes que, sin ejercer el comercio ni la industria, invierten en la ciudad y creen en ella, mientras otros, como el comercio informal, pasa de agache en el pago de este tipo de tributos.
Los manizaleños tenemos que reaccionar, ¡y ya! Juntemos voluntades y tratemos de hallar soluciones a estos descaros de la alcaldía. Si nos unimos los ciudadanos de bien que sentimos violentados nuestros derechos y abusados por la alcabala municipal, seguramente lograremos evitar que se instauren estos atropellos y estos abusos. En la cuenta de facebook "Manizales digna" se está gestando un movimiento para unir las voces de protesta y las alternativas de solución. ¡Los esperamos, para hacernos respetar y defendernos de los abusos del municipio! Recuerden: facebook, me gusta, "Manizales digna".
Comentarios e insultos vía twitter: @titepava
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