Aplicando la lógica -que debería privar en toda actividad y especialmente en el ejercicio de las funciones públicas-, se pensaría que los temas de mayor trascendencia deberían ser objeto de detenido examen por parte de gobiernos y congresos, y que cuando se trata de expedir la legislación atinente a unos de esos temas, máxime si se quiere reestructurar un sector de primera importancia para la sociedad, la improvisación no es el mejor camino. Por el contrario, en la medida del mayor interés y complejidad de la materia sobre la cual recaerá la función legislativa, tendrían que ser mucho mayores la dedicación, el análisis de las distintas variables, la discusión, la controversia, la preparación y el cotejo de los elementos normativos de cuya aprobación se trata.

No es acertado, ni siquiera sobre la base de la especial urgencia de un nuevo régimen legal, pretender que éste se debata y apruebe a las carreras, contra el tiempo, con el solo propósito de entregar al país unos "resultados" legislativos, en particular cuando se trata de una materia especialmente sensible para la población, y tan delicada y compleja como la salud. No se olvide que la función estatal de su protección es prioritaria en el Estado de Derecho, a la luz de la Constitución, y que si hoy, con arreglo a la jurisprudencia, se entiende que estamos ante un verdadero derecho fundamental directamente ligado al derecho a la vida, la formulación de las políticas públicas y la expedición de las reglas aplicables para atender con eficiencia esa ineludible obligación del Estado no pueden depender de un afanado trámite burocrático o legislativo orientado a mejorar la imagen de un gobierno.

Estas reflexiones obedecen a lo que ha venido aconteciendo en los últimos días en ese campo, cuando el Ejecutivo aspira a que en escasos cincuenta días hábiles -contabilizando los lunes y los viernes, cuando los congresistas no trabajan-, y con otros proyectos de ley y de acto legislativo en curso -algunos también con mensaje de urgencia, como es el caso de la normatividad sobre fuero militar-, salga adelante una reforma que reestructure por completo el sistema de salud vigente en Colombia a partir de la infortunada Ley 100 de 1993.

En particular, propuestas tan controvertibles como la asunción por parte del Estado de las multimillonarias deudas de las EPS mediante un Fondo de salvamento, la creación de un ente nacional único compatible con unas EPS que solo cambiarán de nombre, o la sustitución de la acción de tutela por un mecanismo administrativo de muy dudosa eficiencia respecto a los derechos fundamentales -para mencionar apenas algunos puntos-, no pueden pasar en el Congreso gracias a la simple solidaridad de los partidos de la Unidad Nacional con el Gobierno, ni festinarse con el único propósito de causar un impacto mediático.

De allí que merezca crítica la actitud voluble del presidente Santos, quien antes de Semana Santa había dicho que -para dar lugar al debate público- no enviaría mensaje de urgencia al Congreso en relación con ese tema, y ahora, después de Semana Santa -se ve que no reflexionó durante ella- resuelve acudir a ese instrumento para que la reforma -sea la que sea- pase en esta legislatura, sin mayor controversia. Mandato de improvisación.