Las amenazas que obligaron al Secretario de Tránsito de Cali a salir del país y las que ha recibido la directora de Cobertura de la Secretaría de Educación de Bogotá son una indicación de que hay elementos criminales involucrados en la provisión privada de servicios públicos de transporte y de educación.

Que haya criminales en servicios de transporte urbano es algo que lamentablemente que no es nuevo. Pero encontrarlos operando en el sector educativo es menos esperado y debería ser menos probable.

Sin embargo, como lo han venido denunciando en Bogotá y en otras ciudades las autoridades, y como lo destaca Yolanda Reyes en el diario El Tiempo el lunes pasado, la concesión a entidades privadas de servicios educativos y las enormes sumas que gastan las ciudades en estos servicios han provocado que el sector se contagie de algunas de las peores prácticas de otras ramas de prestación de servicios públicos y que intervengan políticos deshonestos y otros agentes del mal para promover corrupción contractual, y la adopción de métodos violentos para conservar los nichos lucrativos conquistados ilícitamente.

Reyes lamenta que causó mayor rechazo la amenaza recibida por el funcionario de movilidad que la que le hicieron a la educadora. Los dos son hechos repugnantes.

En Cali los propietarios de los vehículos de transporte urbano que no han sido chatarrizados han perdido noción de lo que valen la cosas y están pidiendo cientos de millones de pesos por unidad para chatarrizarlos, y en Bogotá, una sola familia recibe $17.000 millones por prestar servicios educativos sin control ni supervisión.

Con esas sumas en juego, en un país en donde se puede contratar un sicario por unas cuantas ‘lucas’, peligra la vida de los funcionarios que intentan valerosamente poner orden. El estado debe brindarles seguridad y la ciudadanía respaldo, pero no lo hacen y los dejan solos.

Hace más de 50 años en el caso del transporte público y cerca de 20 en el caso de la educación, que la ineficiencia del sector público, la acción nociva de los sindicatos y la corrupción estatal motivaron cederles a empresarios privados un espacio en la provisión de estos servicios, asignando rutas en el primer caso y otorgando concesiones o remunerando cupos en el segundo.

Como en todas las ciudades del mundo, la libre competencia o la libertad vigilada en el transporte urbano provocó el caos y la corrupción. Se tuvo que echar marcha atrás y se adoptó el sistema TransMilenio, que conservó la participación de los privados pero en forma muy reglamentada y racional, que puede ser superior en calidad y servicio a un sistema estatal operado eficientemente.

En el caso de la educación, aunque hay ejemplos de evidente corrupción y de falta de control por parte del Estado, también hay numerosos casos en los que las concesiones o la remuneración por cupos a colegios privados funciona en forma ejemplar. Posiblemente sería mejor un sistema público bien operado, que no obligara a los niños a perder horas en transporte a colegios distantes.

Pero ese sistema todavía no existe. En esas circunstancias, hay espacio para que se remunere a colegios privados por prestar el servicio, pero debe hacerse en forma regulada y con buenos sistemas de control.

Por otra parte, cuando se evalúan estas dos alternativas de proveer servicios públicos, directamente o involucrando particulares, no debe ignorarse que la corrupción emana en los dos casos del sistema político clientelista que nos gobierna y nos asfixia.