Será vano el esfuerzo para concretar el acuerdo en participación política, como lo fue en materia de desarrollo rural. Pero claro, embebido como está el Gobierno por mostrar resultados en La Habana, pronto saldrá otro texto plagado de salvedades y el presidente Santos soltará otra andanada para justificar el paso automático de las armas al Congreso. Ya lo hizo para explicar la entrega del campo a las Farc, como único punto del modelo económico. Y es que duelen sus desafortunados argumentos, que convierte a la tierra y al campo en principio y fin de la guerra y en moneda a cambio de la supuesta "desaparición del conflicto" y "una productividad más alta". ¿Habrá entonces que dar las gracias a los farianos por pasar de narco-terroristas a redentores y de victimarios a próceres con curules?

¿Desconoce el jefe de Estado el contexto del abandono estatal, responsable de la violencia y la pobreza rural? No creo. Más bien, subestima a los colombianos que no tragamos los sapos que saltan desde Cuba. Basta revisar el prontuario de las Farc, el ridículo avance de la Ley de restitución de tierras o el primer informe de La Habana, para advertir los engaños. El único que cree que la salida a la esfera política de los farianos pasa por la lavandería de la impunidad, es el Gobierno. Así como fantasea con la política anti-despojo o el acuerdo de desarrollo agrario.

La ligereza del presidente patina en conjeturas perversas. Por un lado, legitimar los métodos terroristas, bajo la demagogia de "la tierra" o el "fin del conflicto". De contera, declinar su obligación de usar las armas del Estado de Derecho y la Ley contra la guerrilla, porque según él, solo cediendo a sus exigencias se puede restituir el orden y el desarrollo. Y para cerrar, creer que la guerra está sobrediagnosticada y, por ende, abrir la democracia a los narcoterroristas sin fórmulas de justicia o arrebatar la tierra a unos para entregarla a otros, traerá paz y productividad.

Ahí están las amenazas del canciller de las Farc, el día del anuncio del acuerdo agrario: "si dependiera de nosotros, confiscaríamos la tierra de los latifundistas ya. Pero el Gobierno no puede hacernos la revolución por decreto (…) que el campesinado sepa que puede acorralar a este sector retardatario". Incluso el inacabado acuerdo agrario es más venenoso que su retórica. No oculta las pretensiones de su Ley 001 de reforma agraria revolucionaria, aunque pretendan hacernos creer que la han suavizado. Por supuesto, faltan las "salvedades", como llaman a las desavenencias con el Gobierno. Aunque las filtraron en las peticiones de la Mesa Nacional Agropecuaria del paro agrario.

Sabemos, entonces, que un hipotético pacto en La Habana no será sinónimo de paz ni productividad, como también del fracaso del Gobierno en muchos de sus políticas, en especial las de seguridad y desarrollo rural. Bien articuladas y sin la intervención de las Farc, nos habrían llevado a la "prosperidad democrática". Pero contrario a ello, el programa insigne de restitución de tierras, por ejemplo, apenas ha devuelto 20.000 hectáreas de un total 2,9 millones, la incidencia de la pobreza rural persiste en un 46% y el panorama de criminalidad es insostenible. Nada mejoró en estos años.

Así, mientras la ruralidad se desgrana entre el terror, la miseria y la frustración, el Gobierno desvía la atención reivindicando a los terroristas, aupando su retórica sobre la tierra -que el censo agropecuario podría desmentir- y unas negociaciones que nacieron sin el aval de los colombianos. Sí, hacer demagogia con la paz y la tierra, puede ser políticamente rentable. Pero es más ético sincerar el debate electoral y llamar las cosas por su nombre. Las Farc no quieren paz ni comprensión a su causa, quieren poder y el presidente la reelección. No es más.