Semana tras semana somos testigos de la forma en la que funcionarios públicos de todos los niveles y regiones incumplen las normas, como si el acatamiento de la ley fuera solo una obligación ciudadana, como si este país no fuera un Estado de Derecho. Y así como nos acostumbramos a este estado de cosas inconstitucional, nos resulta normal que desde hace varios meses tengan lista la reelección del Procurador.

Parece un dato sin importancia que la Corte Constitucional lo haya obligado a rectificar su posición frente a los métodos anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo. Este hecho debió generar su renuncia, porque, solo para recordar, el Procurador es la autoridad de mayor rango con la obligación de vigilar el cumplimiento de la ley por parte de los funcionarios públicos. Pero en nuestra folclórica democracia, que más da que el garante de las norma tenga un fallo judicial en su contra por su incumplimiento. Nos parece tan normal que los funcionarios públicos no respeten sus obligaciones, que su postulación la realizó la Corte Suprema de Justicia.

Y es que las acusaciones en contra del Procurador no se limitan al ya sonado caso de su posición con relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El Procurador no solo incumple la ley cuando se trata de sus creencias religiosas, también lo hace como una estrategia política.

Un estudio realizado por José Rafael Espinosa, Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, demuestra que en materia de parapolítica la Procuraduría no se ha mostrado del todo eficiente. Hasta el 26 de mayo del año 2012, la Corte Suprema de Justicia tenía 112 procesos por nexos entre congresistas y paramilitares, para la misma fecha, la Procuraduría solo contaba con 49 investigaciones disciplinarias en curso. Asimismo, la Corte Suprema había condenado a 44 congresistas, la Procuraduría solo había sancionado a 11. (http://www.semana.com//opinion/procurador-parapolitica/186365-3.aspx).

Algo similar sucede con las investigaciones sobre "falsos positivos" mientras que hasta agosto de 2011, la Fiscalía tenía asignados 1.622 casos, para el período 2009-2012 la Procuraduría contaba con 612 expedientes.

Por su parte, el Procurador ha hecho un trabajo muy interesante para garantizar su reelección. Según el portal La Silla Vacía ha nombrado a 31 amigos o familiares de senadores, 9 de exsenadores, 22 de magistrados de las altas cortes, "incluyendo 7 de consejeros de Estado, 2 de magistrados de la Corte Constitucional, 7 de magistrados o exmagistrados de la Corte Suprema y 1 exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura". (http://www.lasillavacia.com/historia/las-fichas-para-la-reeleccion-del-procurador-36860). Como ya lo ha advertido el doctor Uprimny estos nombramientos constituirían una violación al artículo 126 de la Constitución Política.

La presión ciudadana no va a alcanzar para frenar esta reelección, no le importó a la Corte Suprema al momento de realizar su postulación, tampoco fue un tema sensible para el Gobierno al ternar a su candidato. Mucho menos le incomodó a los partidos políticos, incluido el Liberal, que comprometieron su voto aún antes de que estuviera completa la terna.

La anunciada reelección del Procurador es una muestra más de que en Colombia las normas se hacen para que las cumplan los ciudadanos del común, porque un buen número de funcionarios públicos, así como un selecto grupo de habitantes, parecen estar exentos de esta responsabilidad.