El pasado 30 de septiembre conmemoramos el ‘Día del Ganadero’. Una vez más recabamos en la memoria para honrar a nuestras víctimas. Desde el asesinato en cautiverio del primer ganadero, Oliverio Lara -en 1965-, pasando por el magnicidio de Raimundo Sojo, el atentado a Jorge Visbal y el genocidio de miles de ganaderos más, victimizados en medio siglo de conflicto.

Una tragedia que aumenta con la indiferencia y el silencio institucional y, ahora más, con el discurso negacionista de las Farc en torno a los crímenes que perpetraron. Suficientes agravios para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que nuestros NN recobren el rostro que aquí se pretende ignorar.

Desde que instituimos el ‘Día del Ganadero’ para reclamar justicia, han pasado siete años sin respuestas, sin registros, sin memoria, sin duelo. Siete años en los que hemos percibido impunidad, relegados a ‘víctimas de segunda’ y rotulados infamemente de ‘paramilitares’ o ‘terratenientes’.

Siete años en los que, inclusive, tuvimos que levantar nuestro propio obituario. Uno a uno recogimos los nombres en una publicación que intitulamos ‘Acabar con el olvido’, cuya segunda versión entregaremos en el Congreso Nacional de Ganaderos. Compendio que servirá para visibilizar los crímenes de lesa humanidad contra ganaderos y para acudir a los estrados internacionales.

La Fundación Colombia Ganadera, Fundagán, instancia que sirve en el recaudo de información y acompañamiento a las víctimas, lidera ese proceso. Su labor no terminará hasta que no quede un solo ganadero sin haber narrado su historia de violencia y cuyos derechos hayan sido restablecidos.

Fundagán y Fedegán tienen la obligación de luchar por la reivindicación de la condición de estos colombianos y reclamar para ellos el mismo trato consagrado en la Ley 1448 de 2011, exigiendo los mismos estándares internacionales en términos de verdad, justicia, igualdad, garantía de no repetición, restitución de tierras, atención, asistencia y reparación integral.

Es nuestra forma de decir "nunca más" a los crímenes de lesa humanidad contra quienes trabajan el campo, por cuenta de guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, delincuencia común y bandas criminales.

Han sido miles los secuestrados, asesinados y desaparecidos. Hasta ahora, son 5.780 los que han solicitado la asesoría de Fundagán para reclamar sus derechos, cifra sin precedentes, no comparable con ningún grupo victimado en la sociedad colombiana -aunque similar al exterminio de los militantes de la Unión Patriótica-.

No obstante, la expoliación a los nuestros incluyó, además, extorsión, abigeato, destrucción de fincas, desplazamiento forzoso, secuestro y un enorme atraso social y económico.

Razones para no detener nuestros cuestionamientos ante la indolencia general de las autoridades judiciales con el genocidio ganadero y repudiar, tanto el discurso de los jefes negociadores de las Farc -cuando aseguran que "nunca" expropiaron tierras, ni extorsionaron, que jamás hicieron "sufrir a nadie", que no tienen secuestrados y que las Farc es una "víctima" más de esta guerra-; como también el de los jefes paramilitares, que años después de acogerse a la Ley de Justicia y Paz, distraen a jueces y fiscales, sin decir la verdad, sin reparar a sus víctimas y manteniendo sus fortunas en manos de testaferros.

En un escenario de diálogos de paz, estas palabras no rebotan en el inconsciente colectivo. Más aún, con un preacuerdo tan deleznable en el tema víctimas como el que se pactó en Cuba, el discurso de las Farc es una nueva afrenta, un motivo más de desconfianza en el proceso y una alerta ante el peligroso y ambiguo escenario de Justicia Transicional.

Por ello, nos sumamos a las voces que piden un puesto en las negociaciones, para exigir toda la verdad, la reparación y la restitución para las víctimas y el máximo posible de justicia, para que los crímenes no sigan quedando en el limbo de amnistías e indultos. Son mínimos para habilitar la reconciliación.