El artículo 72 de la Ley 160 de 1994 determina que las tierras baldías del Estado solo se les pueden adjudicar a pobres del campo y en extensiones de una UAF -área que varía según la región- y que nadie podrá comprar esas fincas para sumarlas con otras del mismo origen y constituir una gran hacienda. A continuación se explica la manera como la conocida firma de abogados Brigard & Urrutia -de Carlos Urrutia, embajador de Colombia en Washington- le diseñó al Ingenio Río Paila Castilla la manera de violar dicha norma, para adquirir decenas de miles de hectáreas en el Vichada y montar una plantación de palma (proyecto Veracruz).

Lo primero que hicieron fue constituir 27 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que presentaron como si cada una tuviera un único propietario, el abogado Francisco José Uribe Noguera, socio de Brigard & Urrutia. Cada una de ellas apareció con un capital suscrito de 100 mil pesos y con uno pagado de cero pesos y dieron como su dirección la misma de Brigard & Urrutia. El número 27 sale de que así se crea la ficción de que no están montando una sola gran empresa sino varias pequeñas, que no superan la medida límite de la UAF, y que por tanto no se viola la ley. A continuación, Río Paila Castilla apareció prestándoles a las 27 SAS cuarenta mil millones de pesos, con las que estas compraron, ilegalmente, 41.300 hectáreas.

A paso seguido, les dieron a las SAS una muy llamativa vuelta por Europa. Uribe Noguera cedió, gratuitamente, la propiedad de esas sociedades a cinco firmas españolas, que pertenecen a otras cinco que fueron constituidas por la sociedad Asturias Holding S.A.R.L., con domicilio en Luxemburgo, paraíso fiscal de mala fama. Una telaraña difícil de desentrañar. Al final, Deloitte & Touche, revisor fiscal de Río Paila Castilla, certificó que Asturias Holding, las 27 SAS y las 41.300 hectáreas son de Río Paila Castilla, que además las registró como suyas en la Cámara de Comercio de Bogotá (http://db.tt/0eHE3vxw).

Además de la flagrante violación de la Ley 160, porque Río Paila Castilla compró lo que tenía prohibido comprar, las autoridades deberán desentrañar por qué intentaron ocultar en el exterior esas operaciones, determinación que podría explicarse por el objetivo de encubrir otras ilegalidades. Por denuncias ciudadanas, en abril de 2013, el Incoder informó sobre este caso a la Presidencia de la República (Juan Mesa), la Secretaría Anticorrupción, la DIAN, la UIAF y las superintendencias de Notariado, Sociedades y Financiera. A esta última le pidieron investigar desde 2011.

Una de las cosas más graves en torno a estos hechos escandalosos, y a otros iguales que involucran también a grandes empresas, fue el proyecto de ley presentado por el ministro Juan Camilo Restrepo tendiente a establecer que la parte de la Ley 160 que prohíbe concentrar las UAF solo rige después de 1994, y no desde 1961 (Ley 135), como hoy ocurre. Si lograran ese cambio, se legalizarían treinta años de ilegalidades, incluidas por lo menos once de las compras realizadas por las SAS de Río Paila Castilla.

Es evidente que la firma Brigard & Urrutia le diseñó a Río Paila Castilla una operación jurídica y económica -un producto- tendiente a violar el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y que esa maniobra incluyó ocultarla en el exterior. Y hay que rechazar la explicación de Carlos Urrutia de que él carece de toda responsabilidad en esas ejecutorias, porque -alega- vendió sus acciones en la empresa una vez Santos lo nombró embajador en Washington, en agosto de 2012. Porque las ilegalidades se desarrollaron durante 2009, 2010, 2011 y 2012, cuando Urrutia era el jefe y principal accionista de su empresa. ¿Acepta el presidente de la República tan peregrina explicación de su embajador ante Estados Unidos?

Es conocido el propósito de Santos y Restrepo de quitarle al campesinado millones de hectáreas que hoy por derecho legal y constitucional le pertenecen, para pasárselas a unos magnates nacionales y ojalá extranjeros. Incluso, han armado un discurso que reza que lo hacen por su incontenible amor por los pobres, a quienes llevarán a la felicidad, una vez logren despojarlos de sus fincas. Para ese objetivo se han diseñado productos jurídicos legales, pero también ilegales, que es diferente, como este de Carlos Urrutia, el embajador de Colombia en Washington. Santos tiene la palabra.