Las protestas sociales van incrementándose. Las de la marcha patriótica, las expresiones de los cafeteros, las huelgas de los agricultores de papa, la indignación de los campesinos del Catatumbo, las mingas de los indígenas del Cauca, son solo algunas de las manifestaciones populares de descontento que buscan poner en medio de la opinión pública la lucha política y ciudadana por sus intereses.

Qué bueno que en el país los distintos sectores puedan presentar sus peticiones, aspiraciones, sueños de manera pacífica, sin recurrir a las armas. Lamentablemente se presentan, no pocas veces, hechos que ensombrecen la protesta, pero no por ello la protesta pierde legitimidad. Por tanto, sería muy beneficioso para todos, que tanto Gobierno, Policía, Ejército, los organizadores y participantes de la protesta, tuvieran como un "no negociable" el derecho a la vida. Que en ninguna protesta social en el país alguien pierda la vida. Ello implica necesariamente que haya un cuidado especial de parte de todos, una sensibilidad muy fina, para evitar los riesgos y las situaciones peligrosas. Así, sin lugar a dudas, la protesta ganaría mucho en ascendencia y fuerza ante la opinión, y con ello nuestra democracia se fortalecería como expresión ciudadana pacífica.

La protesta popular, como manifestación legítima, está consagrada en la Constitución como forma de participación. Estudiosos como Fernando Cepeda sostienen que nuestra Constitución del 91 es una de las más sólidas y completas al consagrar canales de participación ciudadana; es más, sostiene que es una de las más fuertes en el tema en el mundo entero.

La protesta social fortalece nuestra vida en sociedad. Por ello, no hay que tenerle miedo a que se presenten con claridad y decisión las necesidades, intereses y gritos de los colombianos y colombianas. Pero también, debe haber un respeto grande por la población en general. Los bloqueos, los atentados, las acciones criminales, no pueden aceptarse. Ello deteriora las relaciones y los lazos sociales. De allí que debamos mejorar sustancialmente en la reducción y mitigación de cualquier impacto negativo en las comunidades donde se presentan las protestas. Hay unos costos naturales asociados que hay que aceptar, normalmente son asumidos por toda la comunidad de una manera u otra. Pero también hay que reconocer que hay una libertad fundamental de expresión que está a la base y que aún ciertos excesos hay que asumirlos como costo social de la libertad y la democracia.

En un país con tanta desigualdad social, es necesario que el inconformismo se manifieste. Y hay que promover en todo el aparato escolar, tanto privado como público, una formación seria y muy existencial de los alumnos y alumnas. En el fondo, la protesta social busca acelerar los cambios sociales. Para aprender a protestar, hay que protestar.