Con estas exactas palabras Salud Hernández Mora escribió en su columna dominical de El Tiempo la radiografía de un organismo transformado en piedra de escándalo.

El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, es un ente podrido que debe desaparecer. Se ha convertido en centro de perversión judicial y varios de sus componentes debieran estar en las mazmorras. ¿Por qué lo digo?

El señor Manuel Antonio Rincón Guevara, esposo de la parlamentaria Lucero Cortés, presentó queja disciplinaria contra el abogado Juan Carlos Salazar. La investigación le correspondió al magistrado Rafael Vélez Fernández del Tribunal Seccional de Cundinamarca.

Para obtener rápidos resultados acordes con el interés del accionante, éste, Rincón Guevara, utilizó a su consorte para que, haciendo valer sus influencias como parlamentaria, consiguiera que el denunciado recibiera una pronta sanción.

¿Qué hizo la señora Cortés? Buscó a Jorge Alonso Flechas Díaz, Angelino Lizcano Rivera y Julia Emma Garzón de Gómez, altos jueces del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, para que hicieran valer su jerarquía ante el magistrado de la seccional Vélez Fernández, presionándolo a fin de que profiriera sentencia sancionatoria contra el abogado Salazar. Sometido a indignante coacción, colocado contra la pared, Vélez puso en conocimiento de las autoridades penales el delito que buscaba convertirlo en sumiso prevaricador.

Se indagó a fondo la conducta de la señora Cortés. Perfilado con exactitud el hecho criminoso, la H. Corte Suprema de Justicia, el día 23 de mayo de 2012, la condenó por el delito de tráfico de influencias en servidor público.

La Sentencia de la H. Corte, como era su deber, fijó, con precisión, la responsabilidad de los "administradores" de justicia: "La realización de este caso, el tráfico indebido de influencias debe analizarse como acto complejo, compuesto de diversas acciones, las de los magistrados Jorge Alonso Flechas Díaz, Angelino Lizcano Rivera y Julia Emma Garzón de Gómez, quienes en forma contraria a derecho le exigieron a un inferior que sancionara al abogado Juan Carlos Salazar Torres". Y concluye la H. Corte: "…es obvio que en este asunto hubo una participación plural de personas para la comisión del delito". En conclusión, los magistrados son coautores del ilícito.

Lo ocurrido es decepcionante. Nos encontramos frente a tres funcionarios corruptos que prevalidos de su jerarquía coaccionaron a un dependiente de ellos para que tomara una indebida decisión. Es de advertir que el abogado Salazar fue absuelto de la acusación disciplinaria. La Corte ordenó a la Comisión de Acusaciones que avocara la investigación contra los izquierdosos manipuladores de sentencias por coautoría en el delito que cometió la parlamentaria. (¡Pobre justicia! Pensar que esos magistrados siguen campantes en sus cargos. Peor aún: ¡qué desengaño! ¡Los investigará la inútil Comisión de Absoluciones! ¡Todo esto es una porquería!).

Falta espacio para escribir sobre los enredos penales de los magistrados María Mercedes López Mora y Temístocles Ortega, hoy gobernador del Cauca, las trapisondas que abochornan de Henry Villarraga, obligado a renunciar por una opinión que lo repudia, el carrusel de las pensiones, otro boquete criminal de la Sala Disciplinaria. Por último, en manos de jueces y fiscales está la conducta de Yira Lucía Olarte, la secretaria de ese organismo putrefacto, quien colaboró en las trapisondas urdidas por sus superiores.