Hacía muchos años que no se percibían las tensiones y las controversias que hoy separan a la derecha del resto del espectro ideológico. Las diferencias no son sobre economía, como lo evidencia, por ejemplo, el artículo de Salomón Kalmanovitz de la semana pasada en El Espectador sobre la política económica de Santos. El abismo en la concepción del mundo tampoco es sobre seguridad. A pesar de que la derecha insiste en que ese es el tema, la mayoría anhela paz con seguridad y autoridad. Los problemas y las grandes diferencias que dividen hoy a la sociedad colombiana son sobre temas que ya deberían haber quedado resueltos y que pensábamos que fueron superados en la segunda mitad del siglo pasado.

La controversia es sobre la alternación en el poder, los límites al ejercicio del mismo, la restitución de tierras, los derechos de los pobres y de las minorías, entre ellas los de los homosexuales, de las mujeres y de las etnias; la igualdad entre los géneros, la prelación de los derechos humanos y civiles sobre los de la propiedad, el respeto a la diversidad de opiniones y de preferencias, la responsabilidad social frente a los débiles; y un cierto sentido de solidaridad y empatía con quienes se apartan del promedio por sus estilos de vida, o han sido menos afortunados. Es lo que los cristianos llamaban caridad que se ha perdido entre ellos porque se han radicalizado. Cuando eso sucede dejan las personas de sentir empatía por los que no son como ellos o de actuar civilizadamente con los que los confrontan con ideas o su manera de vivir.

Este radicalismo es más notorio que antes en la derecha y en el catolicismo, que ha abandonado el ecumenismo y desandado los pasos que lo habían acercado a sus raíces, y entre las sectas protestantes que han logrado cautivar a un público cada vez mayor, particularmente en las clases populares. Es novedoso el activismo público de la extrema derecha que ha pasado de actuar a la sombra a tratar de ser un partido popular, aunque sin abandonar el extremismo ni la combinación de las formas de lucha a imitación del PC, recientemente expulsado del Polo por eso mismo.
 

La derecha y en el catolicismo radical han percibido que el poder judicial tiene la capacidad de transformar las leyes e inducir reformas y cambios legales radicales sin pasar por el Congreso. Están trabajando muy astutamente para infiltrar las altas cortes e imponerle por ese camino su punto de vista al resto de la sociedad, acudiendo si es necesario a los mismos métodos que han utilizado las mafias y las maquinarias clientelistas para ubicar un grupo de magistrados derechistas en posición de echar para atrás las reformas liberales más notorias que se han logrado por acción judicial, en particular por decisiones de la Corte Constitucional. Ese es un primer paso. Detrás vienen los que aspiran a establecer períodos presidenciales múltiples, a conservar tierras arrebatadas a sus propietarios, a inhibir el respeto a los derechos civiles y humanos y a restringir las garantías que provienen de ellos.
 

Lo inaudito es que después de que las abogadas que promovieron las decisiones de la Corte Constitucional sobre el aborto abrieron este camino, ni ellas ni los reformistas de otras tendencias hayan aprovechado para inducir otras reformas de índole social, pero sí estemos abocados a que se ponga en marcha una contrarreforma. Utilizando vacantes en la burocracia, posiblemente en la Procuraduría, y otras prebendas como medio de intercambio, la extrema derecha está que se toma las altas cortes, aprovechando el descuido o la indiferencia de los demás.